La Asociación de Pequeños Mineros Afectados por el Proyecto Hidroituango (ASOMITUANGO) paraliza desde hace 15 días las obras del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango en el municipio de Briceño (Antioquia). Los mineros asentados en las playas conocidas como Icura afirman que están cansados de los atropellos cometidos una y otra vez por las firmas contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y decidieron el 6 de noviembre no permitir la continuidad en la construcción de la vía que conducirá de Medellín a Ituango a la altura del kilómetro 4,9.
ASOMITUANGO señala que durante la construcción de esta vía han visto vulnerado el derecho al agua, a un medio ambiente sano y a la seguridad de las personas que trabajan en la parte baja de las obras viales. También informan que mediante actas el consorcio Pescadero I, empresa que construye la obra, se ha comprometido en diferentes ocasiones a proteger las aguas que atraviesan la zona además de establecer las medidas necesarias para que los deslizamientos producidos no afecten a las personas que se encuentran en la parte baja. ASOMITUANGO denuncia que esto no se ha cumplido: «La obra no sólo ha contaminado, convirtiendo en lodo el agua para consumo humano, sino que ha secado quebradas; y en otras los trabajadores arrojan basuras, orinan y se bañan en las quebradas sin importar que sea esta agua la que abastece a una comunidad».
ASOMITUANGO declara que a pesar del miedo por la agudeza del conflicto armado en la zona y las amenazas de miembros de la empresa VISE, encargada de la vigilancia del proyecto, la comunidad minera está decidida a permanecer en el área hasta que EPM directamente, no sus contratistas, den solución a las problemáticas.
Mesa de Articulación por la Defensa del Territorio
El 10 de noviembre de 2011 personas, colectivos y comunidades de la zona conformaron en Ituango la Mesa de Articulación Social por la Defensa del Territorio con la finalidad de visibilizar lo que está sucediendo en la región y de abrir las posibilidades de diálogo con diferentes actores estatales y privados. Este espacio asume la vocería de las comunidades impactadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico y denuncia que las afectaciones principales en la zona son la agudización del conflicto armado; la pérdida de la vocación agropecuaria y la tierra; la transformación del paisaje natural; la pérdida de caminos y puentes que mantenían las vías de comunicación y comercialización entre las comunidades nativas, el decrecimiento de las economías locales, la pérdida de empleos rurales y urbanos; aumento de la prostitución, drogadicción y alcoholismo; aumento de las madres solteras y los embarazos no deseados; aumento de enfermedades de transmisión sexual; aumento de la violencia y discriminación contra las mujeres.
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