miércoles, 27 de julio de 2011

El río Magdalena es de los extranjeros

Libardo Gomez Sánchez
Me imagino que cuando el maestro José A. Morales elaboró las bellas estrofas de su melodía: “Pescador, Lucero y río”, las hacía mirando al río Magdalena en su majestad, corriendo entre surcos y bordeado por la diversidad vegetal del trópico. Lejos estaría el ilustre compositor de imaginarse, que el afluente origen de su inspiración algún día terminaría vedado para los pescadores y para los colombianos. Erney y Pini, dos avezados pescadores del sector de Río Loro municipio de Gigante en el Huila, quienes heredaron el oficio de sus padres y han alimentado a sus familias con la pesca, angustiados relataban en la asamblea de afectados por la construcción de la represa del Quimbo, que la empresa constructora les impide el paso al río y cuando mediante rodeos y vericuetos logran llegar a él, sus esfuerzos resultan inútiles porque la pesca se ha afectado por las enormes cantidades de sedimento que las obras botan al río.
Al mismo tiempo, Víctor Julio y Guillermo Basto, restauranteros del sector de Puerto Seco, dan testimonio de sus dificultades a cuenta de la falta de pesca y el riesgo de que el sedimento cope la vía obligando a desviarla por un sector lejano a sus negocios. A Albeiro Fernández y Marina Escobar, moradores de toda la vida de la zona de Balseadero, los están desalojando de sus casas de bahareque y les ofrecen escasamente reconocerle las mejoras; a los jornaleros que han trabajado años enteros en la zona en las labores agrícolas no les reconocen compensación alguna y a los habitantes de las veredas como San José de Belén, únicamente aseguran indemnizar a quien posea títulos y como alternativa de vida les prometen trabajo como obreros en la construcción del Túnel, a quienes lo único que saben hacer es labrar la tierra.
Además a todos ellos EMGESA les afirma que tienen hasta el 2014 para iniciar las compensaciones, que de acuerdo a los términos de la Licencia del Ministerio de Ambiente y la Concesión, no están obligados a resarcir a quien afecten hoy; esta respuesta es explicable viniendo de quien se apropia de la región con el expreso propósito de hacer un gran negocio, pero lo que resulta intolerable es que el gobierno nacional sea cómplice de ese atropello.
Luego de innumerables denuncias de los habitantes de la región y de las organizaciones sociales que los acompañan, en relación con los nefastos efectos ambientales que generan las obras que realizan, el Ministerio y la CAM se vieron forzados a expedir resoluciones ordenando la suspensión de las mismas, sin embargo los trabajos prosiguen y las entidades miran a otro lado para no obligar a la multinacional a respetar sus propias decisiones, la alcahuetería al orden del día.
Santos se ha dedicado a publicitar los enormes focos de corrupción que existen por doquier, originados precisamente en un modelo que premia el delito, pero no es precisamente para acabar con ella, sino para camuflar la más abyecta y abominable corrupción que pueda afectar a una nación, la entrega de su soberanía a los filibusteros modernos: las multinacionales de la minería y de los megaproyectos, a los banqueros y especuladores y a inversionistas autorizados al aprovechamiento del trabajo y los recursos naturales de los colombianos.
Los compositores del futuro, ahora podrán contar que hubo un pescador barquero, que no podía pescar ni de noche ni de día y su Bohío se oscureció, no porque el río se robara el lucero, sino porque el gobierno lo entregó a los extranjeros.

Gobierno beneficia a multinacionales mineras en detrimento del medio ambiente y comunidades, señala primo de Santos y ejecutivo de multinacional canadiense Medoro


"En Colombia todo se arregla con plata" Dice familiar de Santos y director corporativo de la multinacional minera canadiense Medoro en Colombia.
“La gran minería únicamente va a poder ser hecha por multinacionales extranjeras: esas compañías se llevan el 96% y teóricamente Colombia se queda con el 4%; sin embargo ni siquiera es el 4% porque los impuestos que los colombianos pagan son usados para la exenciones tributarias: es decir, los colombianos en su totalidad financian a estas grandes empresas extranjeras para que se lleven el 99% de nuestros recursos.” Expresa un ecologista colombiano.
Oro en alza: saqueo y vulneración de la vida de los campesinos e indígenas colombianos.
El oro lleva una década en constante alza. Las multinacionales mineras codician el territorio riquísimo en oro de Colombia; inversores y bancos buscan el oro como valor seguro. La extracción de oro es una de las prácticas mineras más destructivas y contaminantes. Hay que saber que en la actualidad el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para la minería multinacional. El presidente colombiano Juan Manuel Santos insiste en consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala. La explotación de los recursos naturales no renovables constituye una de las denominadas “locomotoras de la economía”: la política de la“Prosperidad Democrática” de Santos, privilegia la mega minería con todo y su destrucción del medio ambiente y destrucción de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, bajo el pretexto que las multinacionales van a generar empleo y prosperidad. Pero nada más falso, dado que los impuestos a la extracción y apropiación de los minerales son irrisorios, mientras que lo que sí dejan las multinacionales es montañas destruidas, una contaminación del agua dramática, y masivos desplazamientos poblacionales. El saqueo del oro es viabilizado por el estado colombiano y su herramienta paramilitar. El ejército colombiano y las tropas de ocupación estadounidenses en Colombia resguardan los intereses de las multinacionales de EEUU, la UE, Canadá y demás, a la par que entrenan y coordinan la herramienta paramilitar que usan para practicar horrendas masacres que buscan generar parálisis de la reivindicación social, de la reivindicación laboral o ecológica mediante el miedo, y generar sobretodo desplazamiento poblacional de manera masiva. El miedo es inyectado en las poblaciones: es Terrorismo de Estado ejercido a través de la herramienta paramilitar en la ilegalidad que es articulada por la fuerza pública desde la legalidad.
Las masacres perpetradas por la herramienta paramilitar del estado colombiano y las multinacionales desplazan masivamente a la población colombiana que habita las codiciadas zonas ricas en oro.
Según expresa la investigadora Guadalupe Rodríguez: “El Ministerio de Minas colombiano considera que la minería es practicable en todo el país, y se han concesionado 43 mil kilómetros cuadrados en 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación. El Código Minero vigente, modificado en 2009, no es precisamente respetuoso ni con lo territorial (los proyectos mineros pueden ser declarados de utilidad pública no pudiendo, por ejemplo, un alcalde oponerse a la explotación minera), ni con lo étnico (hay siete resguardos indígenas titulados en su totalidad a la minería), ni con lo ambiental (Colombia es el país más contaminado con mercurio del mundo). Según la Asociación Colombiana de Mineros - ASOMINEROS, en 2008 la producción de oro fue de 34.300 kilogramos.” (1)
Multinacionales, desplazamiento masivo de poblaciones, connivencia estatal
Al Jazeera acaba de sacar a la luz un reportaje (2) que ha causado escándalo porque en él se evidencia la connivencia militar- paramilitar en el desplazamiento poblacional en beneficio de las multinacionales, pero sobretodo porque aparece el primo del presidente Santos, Juan Carlos Santos, declarando con plena soltura el mecanismo de corrupción que articula al estado colombiano con las multinacionales. "En Colombia todo se arregla con plata", dice el primo de Santos y director corporativo de comunicaciones de la multinacional minera canadiense Medoro en Colombia.
Cuando el periodista de Al Jazeera le pregunta a Juan Carlos Santos acerca de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que van a ser desplazadas por la mega minería multinacional, y concretamente acerca de la desaparición de la comunidad de Marmato, preguntándole qué pasaría si la comunidad dijera que se queda en su montaña, el primo del presidente contesta: “Eso sería un gran problema. En español hay un dicho que expresa ‘El bien Común prima sobre el bien privado’ lo que significa que los derechos comunes deben imponerse, lo que significa que si un país como Colombia necesita explotar áreas que están llenas de indígenas, y de campesinos… pues… a veces debemos pensar en la imagen completa.” Para Juan Carlos Santos el “bien común” es los intereses de las multinacionales, y el “bien privado” serían los intereses de las comunidades campesinas e indígenas.
Multinacionales se llevan el 99% del oro y dejan devastación ecológica y social
En el documental también se aprecia a un ecologista colombiano denuncia que la mega-minería multinacional es un saqueo financiado además por los colombianos:
“La gran minería únicamente va a poder ser hecha por multinacionales extranjeras: esas compañías se llevan el 96% y teóricamente Colombia se queda con el 4%; sin embargo ni siquiera es el 4% porque los impuestos que los colombianos pagan son usados para la exenciones tributarias: es decir, los colombianos en su totalidad financian a estas grandes empresas extranjeras para que se lleven el 99% de nuestros recursos.”
Un campesino afrodescendiente denuncia las masacres paramilitares como estrategia de desplazamiento de las multinacionales en Colombia : “Sabemos que el gobierno como tal para proteger este tipo de megaproyectos van a colocar ejército, pero no pueden atropellar a nadie (legalmente)…pero sabemos que donde hay riqueza , donde hay oro, siempre van a estar los paramilitares, que tienen interés que las multinacionales entren: generan terror y generando terror ellos se van a lucrar también.
Un campesino contemplando una represa Hidroeléctrica expresa la injusticia social que impera en Colombia:
“Aquí se produce la mejor energía pero es paradójico porque ni una sola casa del municipio de Suárez se alumbra con energía que produce esto: tenemos la peor energía y la más cara. Suárez esta rodeado de oro, dicen que hay mucho oro, pero si usted mira la cabecera municipal, usted no ve el desarrollo, porque la verdad es que a municipios como este nos tienen prácticamente olvidados.”
Y el campesino contesta acerca de las masacres y desplazamiento que inminentemente se abatirán sobre él, su familia y su comunidad: Contestarle con una frase que dice mi querida madre, ella trabaja la minería, tiene 75 años, ella dice: ‘nosotros somos de esta zona y de aquí no nos vamos. Aquí me crió mi abuela, mi abuela crió a mi mamá , mi mamá me crió a mi, crío a todos su hijos… nosotros de aquí nos vamos pero muertos”
Los pequeños mineros artesanales, colombianos que trabajan la extracción de oro de manera artesanal, hoy en día sufren la más cruenta persecución y asesinatos de la herramienta paramilitar, militar y judicial, porque las multinacionales codician sus territorios. Los pequeños mineros artesanales están sufriendo una criminalización por parte del gobierno y los medios masivos que buscan endilgarles la responsabilidad de la devastación medioambiental, cuando la mayor devastación la produce la mega minería, y de eso ni el gobierno, ni los medios masivos hablan. Los pequeños mineros artesanales recurren a la minería como sustento en un país en que las tierras han sido arrebatadas generación tras generación a sus abuelos, padres y a ellos mismos, por el gran latifundio y las multinacionales: son los desplazados y marginados de la tierra, que hoy en día sufren una nueva arremetida que ya ha causado varias judicializaciones bajo montajes judiciales de sus líderes comunitarios, así como asesinatos perpetrados por la herramienta paramilitar y la misma fuerza pública. Esta es la opinión de un minero artesanal: “Parece que el gobierno quiere meter una multimillonaria (multinacional) aquí donde ya nosotros descubrimos el trabajo, y nosotros lo que queremos es que el gobierno nos legalice las minas porque este es nuestro sustento. Como no hay empleo en otras actividades, este es el medio de sustento de los pobres, y si ya el gobierno decide que esto es ilegal, que no lo podemos trabajar, entonces que nos busque otra solución de trabajo, de manera inmediata porque tenemos necesidades económicas muy duras.”
Las declaraciones del primo del presidente Juan Manuel Santos, primo que es a la vez directivo de la multinacional canadiense Medoro, han suscitado la reacción de los sectores ambientalistas y de defensores de derechos humanos.
He aquí el texto de denuncia de la oficina de prensa del Senador Robledo (3):
Senador Robledo anuncia debate sobre graves afirmaciones de primo de Santos confesando que trasnacionales mineras se arreglan con el gobierno, en detrimento de las comunidades y el medio ambiente. Graves confesiones de pariente del Presidente de La República comprometen al gobierno de beneficiar abiertamente las transnacionales mineras en Colombia. Primo del presidente Juan Manuel Santos es un alto ejecutivo de una trasnacional minera que pretende destruir el municipio caldense de Marmato. Presiones del gobierno ayudan a multinacionales. Trasnacionales compran todo con sus chequeras. Senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo citará debate sobre el tema.
Juan Carlos Santos, primo del presidente Juan Manuel Santos y director corporativo de la trasnacional Medoro Resources, afirmó en un documental del canal Al Jazeera que los proyectos de gran minería se benefician de las presiones del gobierno nacional y que con sus chequeras las trasnacionales pueden comprar todo.
De acuerdo con el primo del Presidente, en los proyectos de las mineras trasnacionales “hay presiones del gobierno, si quieren llamarlas así, que pueden ayudar”. También señaló que en este tipo de negocios todo “termina siendo un asunto de dinero” y que cuando las comunidades deben ser desplazadas “la compañía simplemente saca la chequera”.
Medoro es una trasnacional canadiense que pretende destruir el municipio de Marmato para explotar oro a cielo abierto, para lo cual debe desplazar a toda la comunidad. Los marmateños han denunciado graves irregularidades, como la pérdida de sus fuentes de ingresos debido a los atropellos de esta trasnacional. La compañía también compró las minas de Frontino Gold Mines en Antioquia, despidiendo a 1.400 trabajadores. Además del primo de Juan Manuel Santos, son altos directivos de Medoro el exministro de Minas Hernán Martínez y la excanciller Consuelo Araújo, quienes hicieron parte del cuestionado gobierno de Álvaro Uribe Vélez, envuelto en grandes escándalos de corrupción y allegados al actual primer mandatario colombiano.
El senador Jorge Enrique Robledo afirmó que lo dicho por el primo del Presidente (4) es una confesión de boca de la forma como proceden las trasnacionales de la minería y señaló que Juan Manuel Santos incurre en conflicto por favorecer a las trasnacionales mineras. Robledo citará un debate en el que el gobierno deberá responder a esta y otras denuncias sobre su política minera.
Julio 10 de 2011
NOTAS: (1) “El Ministerio de Minas colombiano considera que la minería es practicable en todo el país, y se han concesionado 43 mil kilómetros cuadrados en 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación. El Código Minero vigente, modificado en 2009, no es precisamente respetuoso ni con lo territorial (los proyectos mineros pueden ser declarados de utilidad pública no pudiendo, por ejemplo, un alcalde oponerse a la explotación minera), ni con lo étnico (hay siete resguardos indígenas titulados en su totalidad a la minería), ni con lo ambiental (Colombia es el país más contaminado con mercurio del mundo).http://justiciaypazcolombia.com/Reb... (2) Documental de Al Jazeera, Fault Lines, Colombia’s gold rushhttp://www.youtube.com/watch?v=yCpY... parte del VIDEO de Al Jazeera con traducción al español:http://www.youtube.com/watch?v=XsU7... (3) Link de la denuncia del senador Robledo http://www.polodemocratico.net/inde...(4) Lo que dijo Juan Carlos Santos: http://www.wradio.com.co/oir.aspx?i... Flojas explicaciones del primo del Presidente:http://www.wradio.com.co/oir.aspx?i...

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lunes, 25 de julio de 2011

La minería de hecho en Colombia

Defensoría del Pueblo

La minería en pequeña escala, tradicional y de hecho ha sido reconocida por distintos instrumentos internacionales como un tipo de producción que tiene profundas raíces históricas y sociales y que está asentado en la cultura y la economía de América Latina, según los cuales debe considerarse como una forma de erradicación de la pobreza de un gran número de personas que habitan en zonas rurales; los gobiernos que toman medidas para crear un entorno más propicio para los mineros, aumentan también el acceso de la población a una red de seguridad de los ingresos y generan capacidad para liberarse de la pobreza en zonas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. A nivel interno, la legislación minera también reconoce a los mineros de hecho y tradicionales, permite la incorporación de sus actividades a la legalidad y exige de las autoridades la promoción y asesoría de esta clase de mineros para lograr su legalización.
La minería tradicional y de hecho en Colombia, presente en el 44% de los municipios del país, y que representa el 30% del total de las explotaciones mineras, ha sido desarrollada desde la época colonial por mineros que han transmitido sus conocimientos a sus descendientes y que han encontrado en esta actividad su única forma de subsistencia; en particular, en zonas con poca presencia de la institucionalidad del Estado.
No obstante, de un tiempo para acá la mecanización esta actividad, su clandestinidad, el escaso control de las autoridades, la situación de orden público y el uso desaforado de insumos químicos como el cianuro y el mercurio (en el caso de la minería de oro) han traído nefastas consecuencias para los ecosistemas, con una agravio especial para los recursos hídricos, que ha convertido a la minería de hecho en el problema más sensible desde el punto de vista del impacto ambiental que tiene hoy en día el país.
Los mayores efectos sobre los recursos hídricos se deben principalmente a dos factores. De una parte y, en gran medida, las explotaciones carboníferas del país se realizan en zonas de páramo que inciden en las principales fuentes de abastecimiento de agua dulce y de otro lado, la fiebre del oro en varias regiones conlleva la utilización de toneladas de productos químicos que terminan en los ríos circunvecinos y en las aguas freáticas, lo cual genera problemas de salubridad pública irreversibles, con consecuencias a corto y largo plazo.
Se ha estimado que, actualmente, al menos 15.000 familias viven de la minería de hecho o no legalizada en el país, distribuidas en unas 3.600 minas que no cuentan con un título debidamente registrado ante las autoridades mineras. Sobre el particular, el Gobierno ha ofrecido en los últimos quince años tres oportunidades de legalización de las actividades mineras de hecho, que han resultado en un gran fracaso, debido a las cuantiosas inversiones y las pocas unidades de explotación minera legalizadas, ya que hasta el año 2007, de 3.631 solicitudes de legalización, solo se perfeccionaron 23 contratos de concesión.
Además de los fallidos programas estatales, los mineros tradicionales de hecho han visto truncada su aspiración de legalizar sus actividades, debido a la difícil situación de orden público de las zonas mineras, que incluso ha generado hasta al desplazamiento forzado de los mineros locales, como en el caso del sur de Bolívar y del departamento del Cauca.
Otro problema que se ha identificado es que en diferentes territorios de comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) del país, desde mediados de la década de los ochenta hasta hoy, un grupo significativo de actores foráneos ha venido en forma agresiva, de manera inconsulta y sin control de las autoridades competentes, desarrollando actividades mineras de manera indiscriminada e irracional, lo cual ha implicado que se altere y degrade masivamente gran parte de estos territorios, que guardan una amplia biodiversidad. Además estas actividades han generado una fuerte descomposición social: prostitución, alcoholismo, disputas, trabajo infantil, desescolarización y otros graves problemas.Unido a lo anterior, en los últimos años han venido aumentando los conflictos, por una parte, entre las grandes industrias mineras que han logrado la adjudicación de contratos de concesión en zonas en donde, desde vieja data, existe la minería de hecho y por otra, los mineros tradicionales se sienten usurpados y despojados de su único medio de subsistencia, a pesar de que en muchos casos habían solicitado infructuosamente la legalización de sus actividades mucho antes de que se perfeccionaran dichos contratos.
De otro lado, actualmente existe una abierta política de erradicación de la minería ilegal por parte de las autoridades para cortar posibles fuentes de financiación de organizaciones al margen de la ley que utilizan esta actividad como medio de lucro, pero que, según las quejas de las comunidades, resulta discriminatoria con los mineros tradicionales de hecho.
En vista de lo anterior, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión de velar por la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos, adelantó una investigación mediante la cual solicitó información a los alcaldes municipales, a las autoridades ambientales, a las autoridades mineras y a los coordinadores de distritos mineros, entre otros, con el fin de diagnosticar la situación de derechos humanos en el entorno de la minería de hecho en el país y proponer políticas y acciones públicas que permitan garantizar los derechos de los mineros de hecho, mitigar los impactos ambientales causados por esta actividad, disminuir los conflictos entre las grandes concesiones mineras y los mineros tradicionales y velar por los derechos de las comunidades étnicas que habitan en regiones mineras.
A través de esta investigación defensorial se recibió información de 1.010 municipios de los 1.119 que existen en el país, lo que representa un 90% de los municipios, proveniente de las autoridades ambientales, de las alcaldías y de todas las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo. Como el país no cuenta con un censo minero consolidado, los datos que recoge esta investigación resultan los más actualizados y reales hasta la fecha, sobre la minería de hecho en el territorio nacional.
A partir de lo anterior, se obtuvo información de las actuaciones que siguen las autoridades ambientales cuando conocen de un caso de minería de hecho, los inconvenientes que tienen los alcaldes para controlar estas unidades de explotación, los tipos de mineral explotado y el tiempo de explotación de los mineros tradicionales, entre otros aspectos, lo que permite acercarse a la realidad de la minería de hecho en el país y a la política pública formulada por las entidades competentes del Estado.

El Macizo Colombiano

Por: Alfredo Molano Bravo
eleespectador.com
El Macizo Colombiano es la más grande y bella estrella fluvial colombiana. Un ringlete de aguas nacientes: el Magdalena y el Cauca marcan el norte; el Caquetá corre hacia el oriente y el díscolo Patía va hacia el occidente. Es un gran nudo de montañas, cuna de cuencas y paso de caminos. El pueblo de La Sierra, fundado tres veces, se alza en el espinazo de una loma por donde pasaba el camino real entre Popayán, Almaguer y Quito. Bolívar se veía obligado a tomarlo para no atravesar el Patía, refugio de negros cimarrones, feroces con el machete y fieles a la Corona. A espaldas de La Sierra se ven —y se sienten— el volcán nevado de Sotará y el páramo de Vellones; al otro lado, hacia el suroccidente, siguiendo el curso del Guachicono, se abre el ardiente valle del Patía. El camino, hoy carretera, serpentea entre pliegues de la cordillera hasta La Vega, construido en un rellano donde se recupera el aliento antes de continuar hacia la “muy noble y leal ciudad de Almaguer”, fundada en 1550 como real de minas por poseer enormes yacimientos de oro; sólo uno de ellos llegó a ser trabajado por 2.000 indios y negros. La región fue minera en la Conquista y en la Colonia.
Desde hace siglo y medio su base productiva es la parcela campesina de mestizos, indígenas, y negros. Hoy, el conflicto entre una economía parcelaria y un gigantesco proyecto de explotación minera tiene convulsionado el Macizo Colombiano, una región agreste y nada dócil.
1. La economía campesina está consolidada en toda la región. La cordillera —mezquina en valles y rica en pendientes— ha permitido que los campesinos trabajen sus tierras sin el asedio del latifundio. La caprichosa topografía ha sido la gran aliada de la pequeña agricultura, que por naturaleza usa sólo mano de obra familiar, lo que le permite competir con la hacienda, que debe contratar peones asalariados. Son dos de los secretos que hacen factible hoy en el país, a pesar de la acelerada concentración de la tierra, que el campesino no haya desaparecido. El tercer elemento ha sido, sin duda, la resistencia indígena. Los indígenas se han atrincherado en sus resguardos y han logrado parar al terrateniente a costa de miles de muertos. Una guerra que no se detiene. La Corona accedió a constituir resguardos para conservar en los márgenes de su régimen hacendatario una mano de obra servil y barata. El sostenimiento de los esclavos era cada día más gravoso.
La cuenca del Guachicono, a la que pertenecen los municipios de La Sierra y La Vega, está dividida en tres zonas: la alta, donde existe un resguardo yanacona; la media, poblada por campesinos mestizos, y la baja, donde impera la gran hacienda. La expansión latifundista hacia las dos primeras no ha afectado en forma visible las economías indígena y campesina, que se caracterizan por dos hechos: usan sólo mano de obra familiar y son autosostenibles. Los campesinos cultivan caña panelera, café, yuca y plátano, que se complementan con el pancoger. Es lo que ellos mismos llaman la economía del sancocho, que no sólo respeta la biodiversidad, sino que por su escala menor es cuidadosamente trabajada. Los rendimientos relativos son grandes debido al uso intensivo de la mano de obra en superficies reducidas. La familia tiene por tanto una importancia decisiva, al punto de que en muchas veredas predominan dos o tres apellidos. El café y la caña son los renglones comerciales principales que, al ser uno estacionario y el otro permanente, garantizan la estabilidad. La roya golpeó muy duro los cafetales, pero la caña solventó la crisis creada por plagas incontrolables que exterminan hasta el café arábigo. En general cada parcela tiene su propio beneficiadero de café y su propio trapiche. El trabajo solidario —el brazo prestado— complementa el familiar y urde tramas que hacen que la vereda sea un organismo social de gran cohesión. En su conjunto estas características son las que constituyen la cultura campesina.
El verdadero problema es el transporte y, por supuesto, el papel que juegan los intermediarios. La mayoría de los campesinos apela a créditos leoninos de subsistencia abiertos por comerciantes, en cuyas manos naufragan las ganancias de los productores. El transporte tiende a ser resuelto abriendo caminos por medio de mingas, una costumbre indígena que los campesinos han adoptado para llevar a cabo obras colectivas, que incluyen la construcción de acueductos y escuelas. Los políticos y las administraciones municipales se apoyan en las mingas para hacer campañas electorales y aportar tejas, tubos y a veces maquinaria, a cambio de votos. Los campesinos atribuyen a la falta de vías y de escuelas buena parte de su debilidad económica.
2. A fines de los años 70 aparecieron en el Macizo —específicamente en la vereda Santa Juana, municipio de La Vega— los primeros cultivos de coca. Hasta esos días la hoja de coca mambeada era un simple medio de alimentación que potenciaba la fuerza de trabajo y contribuía a la recreación de los mayores. Se dice que la coca comercial llegó de la mano de los Cuerpos de Paz que trabajaban en la zona. Sea o no verdad, el hecho cierto es que pronto su cultivo se desarrolló en las partes bajas del Macizo y se convirtió en una forma complementaria de la economía parcelaria. Fue en Santa Juana donde también comenzó la erradicación forzada de cocales, lo que de una u otra manera introdujo un factor nuevo tanto en la vida económica como en la política de la región.
Desde mediados de los años 80 los municipios del Macizo Colombiano se han movilizado en diferentes ocasiones para exigir de los gobiernos la apertura y el mejoramiento de vías, la construcción de escuelas y puestos de salud, y algunas veces, en los 90, para impedir la erradicación de la coca. El 7 de abril de 1991 miembros del Pelotón Águila Dos, perteneciente a la Compañía “A” del Batallón de Infantería Nº 7, “José Hilario López” del Ejército Nacional, masacraron a 17 campesinos que venían del mercado de Los Uvos, un corregimiento del municipio de La Vega sobre el Valle del Patía. El objeto del operativo fue amedrentar a los campesinos e impedir la movilización que se estaba organizando y que de todos modos tuvo lugar en julio. Los campesinos bloquearon la carretera Panamericana durante 10 días y obligaron al gobierno de Gaviria a concertar soluciones sobre vías, educación, salud, y a diseñar programas alternativos al cultivo de coca. El respeto a la vida —en referencia a la masacre de Los Uvos— encabezó las demandas. Sobraría decir que ningún punto tuvo cumplimiento, por lo cual en 1996 volvieron los campesinos y los indígenas a movilizarse para presionar una nueva negociación con el gobierno. En Popayán se firmó con el gobierno de Samper un nuevo documento que incorporó las exigencias incumplidas. Un año después se repitió el bloqueo de la vía y volvieron a incumplirse los acuerdos. En 1999, 15.000 campesinos e indígenas volvieron a movilizarse, bloquearon la Panamericana durante 26 días, hasta que el gobierno de Pastrana tuvo que ceder y comprometerse en un nuevo acuerdo que tampoco se cumplió. En cambio, desde ese año se militarizó y paramilitarizó la región. Uribe inauguró el Batallón de Alta Montaña Benjamín Herrera con 1.200 hombres en San Sebastián; el bloque Calima de las AUC, a decir de Velosa —el comandante H.H.–, tuvo entre sus ideólogos prestantes políticos caucanos.
3. Por Cauca han pasado todas las guerras civiles que el país ha vivido. En la primera mitad del siglo XIX el Gran Cauca sostuvo buena parte de la guerra contra España y fue el principal protagonista de las guerras civiles hasta 1876. Fue menor su participación en las guerras de 1885 y 1899, pero los enfrentamientos con los indígenas del norte de Cauca y sur de Tolima, acaudillados por Quintín Lame, tendieron un puente entre los siglos XIX y XX. La Violencia de los años 50 también azotó el departamento y desde los años 60 ha vivido en continua zozobra. La llamada república independiente de Riochiquito, al norte de Cauca, fue una de las regiones donde se crearon las Farc, y desde entonces no han cedido en sus acciones. Hacia 1980 las Farc crearon el segundo frente, que tuvo como teatro de guerra el Macizo, pero a final de la década se retiraron, para regresar unos años después con contingentes provenientes de Caquetá y Putumayo para organizar los frentes 29 y 31. A mediados de los 80 entró en acción el Eln, que ha prolongado su presencia, con diversa suerte, hasta hoy. Las Farc han crecido y se han fortalecido pese al rígido control militar. El último combate en el municipio de La Vega tuvo lugar en el corregimiento de Santa Rita el 1 de julio del presente año. Un destacamento móvil del Ejército que acampaba en la escuela —como suele hacerlo en todo el país— fue brutalmente atacado por las Farc, con un saldo de 12 soldados muertos y 25 heridos que fueron sacados de la zona en seis ambulancias y dos helicópteros, según afirman vecinos de la localidad. La noticia no fue divulgada a la opinión pública.
4. El oro ha sido explotado en el Macizo Colombiano desde la Colonia. Testigos son los socavones existentes en Almaguer y el Cerro Negro. No hace mucho tiempo se trabajaba aún en minas de oro como La Concepción, Las Pilas, Las Minas, Quebrada Los Ingenios, La Calixta. Hubo explotación de antimonio, cristal de roca, carbón, pizarra, y se dice que la custodia de La Vega está decorada con esmeraldas del mismo pueblo. Con el ataque de la roya del café, muchos campesinos volvieron a barequear en el río Pancitará, como lo hace la comunidad afro de Santa Rita en el río Esmita desde siempre. El Ministerio de Minas ha otorgado 64 títulos mineros en el Macizo, a los que hay que sumar los conseguidos de manera fraudulenta. 
Desde 2003 las comunidades campesinas de La Sierra y La Vega han observado con reserva los trabajos de la compañía Carboandes S.A., que explora, explota y comercializa no sólo el carbón, sino otros minerales como el cobre. En Colombia tiene tres proyectos: Simacota, en Santander; Rondón, en Boyacá; Hueco Hondo y Santa Lucía, en Cauca; también ha sido operador del puerto carbonífero de Santa Marta.
La Fundación Carboandes desarrolla acciones sociales y ambientales en La Jagua de Ibirico. La concesión de Hueco Hondo-Santa Lucía tiene 36 kilómetros cuadrados sobre un pórfido de oro y cobre del que la Universidad Nacional de Colombia ha hecho estudios detenidos para la empresa. Se rumora la relación de Carboandes con la Anglo Gold Ashanti.
En Hueco Hondo la empresa ha perforado 18 pozos de exploración hasta 700 metros, emplea unos 180 obreros y construye campamentos. El Ejército cuida los trabajos, sabe el problema que se está creando. Los campesinos dicen que de las perforaciones resulta una baba barrosa que se bota, sin tratamiento alguno, en los potreros circundantes.
La preocupación de la población no es sólo sobre el proyecto de Carboandes, sino sobre la presencia continua e inusitada de quienes se identifican como “pequeños mineros con derecho al trabajo”. Son cuadrillas de obreros —o de técnicos— llevados a la zona en camionetas de 8 cilindros y se alojan en casas de los poblados con discreción y sigilo. Entraron a la zona de Cerro Negro, Altamira, La Playa y Arbela pidiendo permiso a los propietarios de fincas para sacar algunas muestras de suelo. Los campesinos accedieron, pero se alarmaron cuando vieron que la roca es explotada con dinamita y los trozos de material transportados en costales y llevados seguramente hacia Popayán, aunque los “pequeños mineros” dicen que los llevan para el municipio de Suárez, donde hay una explotación minera. Los “pequeños mineros” han tratado de ganarse la voluntad de las comunidades aportando dinero para fiestas comunales, regalando uniformes deportivos con logos de Anglo Gold Ashanti y Carboandes, pagando orquestas y prometiendo empleo y proyectos de vivienda y reforestación. Una política conocida y siempre incumplida. Meros abalorios. Es sospechoso que todas estas acciones vayan acompañadas de recolección de firmas con cédula, que aparentemente son para justificar los desembolsos, porque los dirigentes campesinos creen que se trata de documentos que serán elaborados a posteriori y se usarán como consultas previas. Es un mecanismo utilizado en muchas partes del país
Hace unas semanas se llevó a cabo una reunión entre miembros de organizaciones campesinas (Proceso Campesino y Popular de La Vega, Asociación de Juntas de Acción Comunal, Fundación Despertar) con representantes de los pequeños mineros. El resultado sugiere un enfrentamiento inminente. El vocero de los mineros dijo: “No vinimos a ver, vinimos a quedarnos”. Los campesinos respondieron: “Tendrán entonces que matarnos y no estamos mancos. Aquí están enterrados nuestros padres y nuestros abuelos y este territorio nos lo prestaron nuestros hijos para su cuidado”.
5. En la vereda Santa Lucía, municipio de La Sierra —donde trabaja Carboandes—, existe una comunidad negra reconocida como Consejo Comunitario (Ley 70). Son campesinos que cultivan caña panelera, café, yuca —que venden a los ralladores para sacar el almidón—, y tienen unas pocas vacas. Los negros hacen parte de las cimarroneras que en el siglo XVIII se refugiaron en el valle del Patía. La vereda ha sido dividida con los ofrecimientos de redención eterna hechos por la minera. No obstante, poco a poco la división ha cedido como reacción al establecimiento de un entable para la explotación del oro en el río Esmita. Una sociedad de mineros, compuesta por unos paisas, un coronel retirado del Ejército y algún socio local de última hora, está trabajando con retroexcavadora el lecho del río y sus playones, donde los campesinos de la vereda, y en particular los negros, han barequeado toda su vida para complementar sus ingresos agrícolas, cada vez menores debido al alto costo del transporte. La retroexcavadora ha cambiado el curso del río y formado enormes lomas de material lavado, o cascajo, en las vegas. A la orilla del río se construyó un campamento para una docena de trabajadores. El vocero local de la sociedad argumenta que “se debe respetar el derecho al trabajo, que los daños son hechos en la finca de mi coronel y que a los negros se les arreglará la carretera para que saquen su yuca”. Presenta, sin inmutarse, como permiso de explotación un documento (LHH1422 de agosto 17 de 2010) que es una mera solicitud en trámite. El Consejo Comunitario ha recibido amenazas anónimas que han puesto a temblar a la comunidad. No han olvidado la masacre de Los Uvos, al punto de que en diciembre pasado apareció muerto a bala en La Vega el último de los asesinos de la matanza. Las asociaciones campesinas han convocado a una marcha contra la retroexcavadora del río Esmita, que sin duda se transformará en una gran protesta contra la minería empresarial, legal o ilegal, y en defensa de la minería tradicional, una actividad complementaria de la economía campesina.
Los enfrentamientos entre los movimientos campesinos y las empresas mineras no se harán esperar mucho.
En el Macizo se respira un ambiente caldeado, más en cuanto aquí llegan los vientos de la guerra librada entre las Farc y el Ejército en el norte de Cauca. La economía campesina, que encontró en la coca un medio marginal de subsidio, acusa el impacto negativo de su erradicación forzada, de la roya en los cafetales, de la nueva reglamentación de producción de panela que obligaría a cumplir normas sanitarias incompatibles con la rentabilidad de los trapiches artesanales. Se prepara una nueva movilización de la envergadura de la de 1999, que puso en jaque al gobierno departamental. En el fondo se protestará por el abandono, el incumplimiento de los acuerdos, el estado de las vías y, sobre todo, por las amenazas que representan la explotación minera industrial y la minería ilegal, los cateos arbitrarios y la militarización de la zona. Hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en la escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social, y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el Gobierno. Es hora de mirar con detenimiento las ilusiones de la locomotora minera que amenazaría la gran “fábrica de agua” que es el Macizo Colombiano —surte el agua del 70% de los acueductos del país— y de negociar las condiciones de la economía minera sin las heridas que puede dejar un enfrentamiento en el que correrá sangre.
Una región sitiada por la guerrilla
A los pobladores del Macizo Colombiano les ha tocado vivir con la constante presencia de la guerrilla en su territorio. En él actúan los frentes 13, 2 y 66 de las Farc y el frente Manuel Vásquez Castaño del Eln. Estas dos organizaciones ilegales se apoderaron del Nudo de Almaguer y lo llenaron de cultivos ilícitos a comienzos de los 90. Su presencia, además, ha hecho de esta región una zona en un permanente conflicto entre la guerrilla y el Ejército, principalmente, el Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera. Las condiciones geográficas hacen del Nudo de Almaguer una zona bastante complicada para el combate y es esto lo que le ha permitido a la guerrilla resistir las ofensivas del Ejército y perpetuar la guerra.
El Nudo de Almaguer
El Macizo Colombiano es una de las principales regiones productoras de agua dulce en el país. Allí se encuentra la Estrella Fluvial del Sur, reconocida por la Unesco como Reserva de la Biosfera. En esta región, también conocida como Nudo de Almaguer, nacen cinco de las arterias principales del país: el Cauca, el Magdalena, el Patía, el Putumayo y el Caquetá. El Macizo alberga 15 páramos, varios volcanes —entre ellos los nevados del Huila, Puracé y Sotará— y 65 lagunas, siendo la laguna del Buey la más grande de ellas, con 64 hectáreas de extensión. El área total del Macizo es de alrededor de 3 millones 200 mil hectáreas, de las cuales 1 millón 300 mil son bosques; 1 millón 500 mil agroecosistemas y casi 200 mil son áreas de páramo.
Las comunidades ancestrales
El Macizo Colombiano es un territorio poblado por varias y antiguas comunidades indígenas que resistieron fieramente en sus tierras y que, con ello, impidieron que los sacaran de una región que es para ellos sagrada. De ellas podemos destacar a los yanacona, los paeces, los guambianos y los inga.
Los yanacona se ubican principalmente en el centro del Macizo: en Almaguer y San Sebastián; los paeces, por su parte, lo hacen en la región de Tierradentro, en límites entre el Huila y el Cauca. Los guambianos están más hacia el occidente del Macizo en los municipios de Silvia, Totoró, Jambaló y Caldono, y, por último, a la comunidad inga se la encuentra hacia el sur de la región, principalmente en Santiago y Colón.

viernes, 22 de julio de 2011

Sin madera

Por María Jimena Duzán
semana.com
A Sandra Bessudo, la alta consejera presidencial para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, hay que reconocerle su innegable compromiso con el medio ambiente. Su labor al frente de la Fundación Malpelo así lo acredita. 

Sin embargo, después de un año en la consejería, su gestión ha sido tan gris y tan anodina que uno se pregunta si esa falta de presencia en los temas claves de su resorte es el perfil que se necesita para ocupar la cartera del Medio Ambiente. Sandra pudo haber tenido una actuación activa en el tema de la emergencia invernal, pudo haber recorrido el país apuntalando los problemas y sus soluciones, pero no hizo ni lo uno ni lo otro. En el tema del boomminero, que tantas movilizaciones ha generado en el país, pudo haber tenido la voz cantante en defensa de los intereses nacionales, pero tampoco lo hizo. No dijo ni mu en el caso del páramo de Santurbán y cuando el ministro de Minas denunció la entrega irregular de títulos mineros, muchos de los cuales habían sido ‘otorgados’ en lugares que afectaban nuestros ecosistemas, ella se quedó callada. Ni siquiera se ha referido a las explosivas y valientes denuncias hechas por el exministro del Medio Ambiente en una entrevista concedida a María Isabel Rueda y aparecida la semana pasada en El Tiempo, denuncias que, en sana lógica, si ella fuera la voz cantante en materia de medio ambiente, deberían haber sido hechas por ella y no por el exministro.

Su falta de liderazgo en los temas ambientales es aun más preocupante por la coyuntura en que ese Ministerio revive luego de ocho años de gobierno de Uribe en los que se arrasó con los avances que se habían logrado en materia de política ambiental. Las licencias se convirtieron en un formulismo de papel. Pero además, quien se monte en ese potro tendrá, de entrada, que enfrentar los poderosos intereses de las multinacionales mineras. A estos grupos de poder prácticamente se les otorgó una licencia para saquear nuestros recursos naturales desde que en 2001 se aprobó el código minero, código que, según denuncias de ambientalistas, fue financiado en parte por el gobierno canadiense con consultoras canadienses vinculadas a la minería y terminó siendo hecho a la medida de sus necesidades y requerimientos.  

Hasta el momento no sabemos cuál es la opinión de Sandra Bessudo frente al tema del poder amenazante que han ido desplegando estas grandes multinacionales mineras; tampoco sabemos si está o no dispuesta a presentar una reforma al código minero que conmine a estas multinacionales a por lo menos exhibir cierto grado de experiencia si quieren venir a Colombia y sacar oro o cualquier mineral de nuestras montañas. Y esa falta de liderazgo, esa falta de voz, pesa cada vez más. Sandra Bessudo no solo es una ambientalista comprometida. También es una mujer poderosa con muy buenas relaciones en los medios, hecho que le ha  permitido entrar al ejercicio público sin que le pesen sus inconvenientes éticos: cuando fue nombrada asesora presidencial, no importó que su padre, el empresario turístico Jean-Claude Bessudo, fuera el concesionario de la mayoría de los parques nacionales que ella, en el caso de que llegue a ser ministra del Medio Ambiente, va a tener que manejar. Probablemente eso se pueda delegar sin mayores problemas, como parece creerlo este gobierno; sin embargo, esa tesis no deja de plantear el hecho de que ella tiene un problema ético que la hace aun más vulnerable a la hora de tener que dar las peleas que le va a tocar librar. Igualmente, se ha pasado por alto su cercanía con una ONG internacional muy poderosa, Conservation International, su socia en el proyecto de Malpelo, la cual es hoy una contratista muy importante del Estado colombiano.A Sandra nada de eso la toca, porque ella pertenece a un selecto club de los intocables. Y está bien que así lo sea. Lo que no creo es que tenga la estamina para defender los intereses de la nación ante el zarpazo que pretenden hacer las multinacionales mineras a nuestros recursos naturales.

Gobernación de Bolívar confirma desplazamiento de 12 familias


Archivo/VANGUARDIA LIBERAL

Las dificultades para una pareja de esposos que tuvo que dejar el pequeño pueblo en donde vivían han crecido cada vez más, luego de que ninguna institución les ha brindado acompañamiento. Como ellos, otros once núcleos familiares más tuvieron que desplazarse forzosamente desde la zona rural del municipio de Río Viejo, Bolívar, ante la presencia de grupos armados ilegales.
Sobre el caso, Roberto Camargo Payares, secretario del Interior del departamento de Bolívar, dijo que "este fin de semana se reportaron de parte de las autoridades del municipio de Río Viejo, el desplazamiento forzado de 12 familias de las veredas de Cobadillo y Hatillo hacia la cabecera municipal y los departamentos Cesar y Santander".
El reporte oficial de las autoridades señala que fue solicitada una comisión de verificación de la situación, para intentar esclarecer lo ocurrido y brindarles la atención a las familias afectadas. Sin embargo, en diálogo con Vanguardia Liberal, una de las parejas de esposos que tuvo que abandonar el corregimiento y que llegaron a Barrancabermeja en búsqueda de atención, reiteró que "la presencia de esa gente sigue. No tenemos nada qué comer acá, pero no podemos volver. Hay mucho miedo y ya sabemos que no podemos regresar".                                                          
Reportes judiciales señalan que en lo corrido del año se han presentado cuatro homicidios en este sector y en los últimos días se presentó el desplazamiento masivo ante las amenazas que hombres armados han dado contra algunos habitantes de la zona. Sobre las familias desplazadas se conoció que se han dispersado en diferentes puntos del Magdalena Medio, y, en su mayoría, han expresado que no han contado con la atención humanitaria.
"Esta zona es de influencia minera y agropecuaria e históricamente se ha convertido en un corredor de grupos al margen de la ley como guerrillas, paramilitares y bandas criminales. Hoy no precisamos cuál de ellos serían los provocadores de la situación, pero tomaremos todas las acciones que permita volver a la normalidad", dijo el funcionario público
Entretanto, las familias que se asentaron en Barrancabermeja continúan en las calles del municipio a la espera de que la Administración Municipal firme un acuerdo (el cual terminó hace unos días) con una organización humanitaria que brinda refugio temporal a víctimas del desplazamiento.
vanguardia.com

martes, 19 de julio de 2011

Tensión tras oleada de violencia y desplazamientos en sur de Bolívar

Vanguardia.com


Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Habitantes del corregimiento de Cobadillo señalaron que adicional a las 11 personas que se movilizaron esta semana, otras cinco lo harían en los próximos días, a raíz de los últimos hechos violentos que han causado tensión en este sector. 
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)
Once personas se desplazaron en los últimos tres días del corregimiento de Cobadillo, jurisdicción del municipio de Río Viejo, ubicado en el sur de Bolívar, tras una oleada de hechos violentos que cobró su cuarta víctima el pasado fin de semana.
El más reciente homicidio se presentó el pasado sábado en la vía que de Río Viejo comunica con el sector conocido como ‘La Piedra’, cuando hombres armados asesinaron a un joven que se movilizaba en una motocicleta. “Hay mucho miedo en el pueblo. También hay desabastecimiento porque ya hay temor de entrar y las familias están queriendo dejar todo, para proteger sus vidas”, dijo uno de los desplazados. Líderes comunales señalaron que en los últimos meses hay presencia de personas armadas y continuas amenazas contra algunos habitantes del caserío que está ubicado a 20 minutos del casco urbano de Río Viejo, en donde residen aproximadamente 100 núcleos familiares.  Habitantes de la zona informaron que en las próximas horas se produciría el desplazamiento de otra familia, con cinco integrantes, en búsqueda de seguridad. 
El caso fue dado a conocer esta semana ante la Defensoría del Pueblo para el Magdalena Medio. Entretanto, líderes señalaron que las familias que se desplazaron se han concentrado en diferentes puntos de la región.
11 personas se desplazaron esta semana desde el corregimiento de Cobadillo, jurisdicción del municipio de Río Viejo, Sur de Bolívar, ante las continuas amenazas realizadas por desconocidos contra habitantes del sector. El temor creció luego de que el pasado fin se semana, un joven fue asesinado.

El comportamiento del gobierno nacional en Marmato y las declaraciones del primo del Presidente Santos

Comité Cívico Prodefensa de Marmato, Caldas

Hace unos días, un equipo de periodistas de Fault Lines, programa de la cadena internacional de noticias Al-Jaazera, se hizo presente en Marmato para hacer un documental relacionado con esa población y con lo que Al-Jaazera llama “la fiebre del oro en Colombia”. En el programa aparece una entrevista con el señor Juan Carlos Santos quien es Mánager Corporativo de la Compañía Medoro Resources y primo del presidente Juan Manuel Santos.

Y que sea primo del Presidente no hubiera tenido significado alguno, a no ser porque en las declaraciones que da a Al-Jaazera, hace unos comentarios tenebrosos para los intereses de los mineros y de la población de Marmato que se opone al desplazamiento de su municipio.

Como el reportaje es en inglés, presentamos las opiniones en español advirtiendo que es una traducción, lo más fiel posible, de lo expresado por el primo del Presidente. El siguiente es el texto:*

JC Santos: quiero decir, hay presiones del gobierno, si quieres llamarlas de esa manera, que pueden ayudarnos, etcétera, es decir, podemos negociar, podemos compensarlos con nuestro… básicamente con nuestra chequera, no quiero sonar prepotente o arrogante, pero, quiero decir, es una cuestión de dinero básicamente, también historia y otras cosas, pero básicamente dinero.

Periodista: Juan Carlos Santos es el director corporativo de la compañía canadiense Medoro, y familiar del presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Él nos explicó como la compañía estaba comprando todas las minas en Marmato para una explotación a cielo abierto y el plan para restauración ambiental cuando acaben.

JC Santos: simplemente la compañía saca la chequera y le dice a todo el mundo: bueno, ¿hay 30 familias en este lugar? ok, ¿Cuánta plata quiere cada familia?

Periodista: ¿qué pasa si no quieren compensación, si solo quieren vivir en la montaña?

JC Santos: bueno, eso sería un gran problema. En español hay una frase famosa: “El bien común prima sobre el bien privado”. Quiero decir, cuando un país como Colombia necesita explotar áreas y nuestro país está lleno de indígenas y afrocolombianos, a veces tenemos que pensar en un panorama más grande…

Entonces, según lo que afirma el primo del Presidente el “bien común” es el de Medoro y “el bien privado”, el de los pobladores de Marmato. Y, como el interés público prima sobre el privado, ¿los pueden sacar de sus tierras, casas y minas porque la multinacional extranjera -que no el país- las necesita para desarrollar su proyecto a cielo abierto? Acaso,  ¿todo Marmato se puede comprar con su chequera? y ¿si no acceden a venderles hacen uso de las presiones del gobierno?

Ahora sí muchos marmateños entienden lo que está sucediendo en su pueblo. De una parte, una filial de Medoro presenta en Medellín cerca de 200 amparos administrativos para que le reconozcan propiedad sobre los títulos mineros e intentar quedarse con las minas de Marmato. Con todas. Con las de Echandía, Cien Pesos y Chaburquía que trabajan legalmente los mineros, hace más de quince años, y con las que trabajan y explotan legítimamente los “guacheros” desde hace más de cuatro años, cuando la multinacional las compro, cerró y abandonó, dejando en la miseria a más de seiscientas familias de mineros.

Ahora la multinacional pretende quedarse con las minas para, más adelante, cerrarlas y proceder a adelantar el proyecto a cielo abierto y, de ahí su interés, por llegar a “acuerdos” y “hacer convenios con los mineros” que, de manera legitima, explotan las minas sobre las que la Medoro, así presente amparos administrativos, no tiene derechos de explotación -de acuerdo con el código de minas- porque dejo de explotarlas más de seis meses.

Otra situación grave es la que se presenta con la pretensión de la compañía de ejercer dominio sobre Marmato entregando “donaciones” para algunas obras públicas que, como el hospital o colegio, son obligación del Estado construirlas. Con estas “ayudas” la multinacional pretende lavarse el rostro y ganar respaldo para asegurar una votación que la favorezca en la consulta previa.

También es extraño para los habitantes de Marmato lo sucedido la semana pasada cuando llegaron al municipio varias decenas de policías y soldados a respaldar la multinacional para que abriera un par de minas que le habían obligado a cerrar en el sector de “Cien Pesos”.

Y más extrañeza causa que la fuerza pública requise pobladores, incluyendo enfermeras, buscando dinamita, dicen. O se trata de una campaña para meterle miedo a la población, tradicionalmente pacífica, o lo que quieren es ejercer presión para que los mineros no puedan trabajar las minas por la falta de dinamita que, como es conocido, no se las vende la industria militar pero, la compañía dice, que ella se las puede vender, siempre y cuando le acepten que las minas son de ella. ¿Es esta una de las presiones a las que se refiere el primo del presidente? ¿Y, es una de las que, da orden el primo para que se ejerzan?

Los marmateños le reafirman al gobierno nacional y a la multinacional, cualquiera que ella sea, que Marmato no está en venta y que no se irán de su terruño por motivo alguno

viernes, 15 de julio de 2011

Procuraduría pide frenar proyecto minero en el corazón de la Amazonía

semana.com

La Procuraduría General de la Nación terció en la polémica que generó el proyecto de explotación de oro que la firma canadiense Cosigo Resources busca adelantar en el corazón de la amazonia colombiana, en los límites del departamento del Vaupés con Brasil, y pidió al Ingeominas revocar el título que otorgó a la minera en septiembre de 2009, dos días después de que la zona fuera declarada Parque Natural como un reconocimiento a la riqueza natural que allí habita.

 Esta es la máxima figura de protección para los ecosistemas estratégicos y por esta razón se prohíbe allí cualquier actividad, incluida la explotación minera. Sin embargo, la entidad no ha querido declarar nulo el titulo minero, a pesar de las solicitudes de la autoridad ambiental de Parques Naturales. En esa misma situación se encuentran otros 36 títulos mineros que fueron otorgados en esas áreas.
La historia de la disputada zona, el parque Yaigoje Apaporis, guarda simulitudes con la taquillera película Avatar, tal y como lo recogió un artículo de SEMANA. Se trata de un área que tiene un doble valor, cultural y ambiental.

Por un lado, es considerado como un sitio sagrado para cerca de 20 comunidades indígenas que creen que en el cerro la Libertad, en el que se adjudicó el título, se dio el inicio de la vida. Por otro lado, en el parque existe una gran riqueza natural.
 
Según la petición de la Procuraduría, en ese millón de hectáreas habitan 362 especies de aves, 81 de reptiles, 73 de anfibios, 201 de peces, 443 de mariposas y 16 de mamíferos. Por esta razón, durante varios meses organizaciones ambientalistas y reconocidos activistas de los derechos de las comunidades indígenas han liderado una fuerte oposición al proyecto.
La empresa, por su parte, sostiene que participaron en el proceso de adjudicación del título siguiendo la normatividad colombiana y este le fue concesionado de manera legítima. Del mismo modo, sostiene que la exploración tendría muy pocos impactos ambientales por el uso de tecnologías de punta y que los beneficios económicos del proyecto darían empleo y riqueza a una región que vive en condiciones precarias.

Además, señalan que lo que es irregular es la constitución del parque natural, pues no se cumplieron los requisitos de la consulta previa que hay que hacerse con las comunidades indígenas.
 
El debate ambiental está también en el contexto del significado de la Amazonia hoy en la lucha mundial contra el calentamiento global y la degradación de los ecosistemas. La región del Amazonas es considerado como el pulmón del mundo debido a que es el bosque más grande del planeta y cumple un rol fundamental como estabilizador del clima.
 
Siete países tienen territorios en esa selva, pero Colombia es el que mejor ha logrado conservarla, pues cerca del 80 por ciento de la Amazonia está bajo alguna figura de protección, sean resguardos indígenas o parques naturales. "Decidimos apostarle a la conservación. Así existan minerales debajo de la tierra, no vamos sacarlos", dice Olbar Andrade, gobernador del Amazonas.

La petición de la Procuraduría es un paso importante en ese proceso pero no es definitivo. La autoridad competente para anular el título es Ingeominas. Por otra parte, en la Corte Constitucional está en curso una tutela que busca anular a su vez la constitución del parque pues un colono que representa cinco comunidades indígenas busca demostrar que no se siguieron a cabalidad las normas de consulta previa.