miércoles, 14 de noviembre de 2012

El oro es rojo


Alfredo Molano

El Espectador

Los indígenas opinan que su explotación es como meterle la mano a la mamá, y lo más grave: por un desconocido. Un negro me dijo algo de una lógica aplastante: “Si se lo van a llevar para meterlo en el banco, ¿por qué más bien no construyen un banco encima de la mina?”. Piensan lo opuesto funcionarios y ejecutivos: ¿Cómo vamos a vivir muertos de hambre con tanta plata enterrada? Un gran debate está por comenzar, porque muertos ya ha dejado. Y dejará.

Desde la Colonia fuimos los principales productores de oro en América, hasta el descubrimiento de las minas de oro en California, que enloqueció a los gringos. La leyenda del oeste, sus revólveres, sus vaqueros, están ligados a la fiebre del oro, de la que Chaplin se burló, como se burló de Hitler, como se burló del progreso de la industria. Quimeras.

La crisis fiscal de todos los gobiernos, sumada al robo de las platas del Estado y al costo de mantener el clientelismo y sobre todo la guerra, nos ha vuelto a meter, primero en la explotación de petróleo, carbón y níquel, y ahora de oro. El país está concesionado.

El oro ha subido de precio por la crisis económica. De US$50 la onza troy en los 80, hoy se paga a 2.000. Y en Colombia su comercio es prácticamente libre. De ahí el negocio de los narcos. Compran un título de una mina de oro, entran los dólares, compran oro donde se los vendan y luego lo declaran como sacado de su mina. La confianza inversionista no era solo para las compañías canadienses, sino para los narcos.

La minería ilegal tiene varios socios. El dueño —o poseedor— de la tierra. Va con el 10% o el 15% sobre lo que sacan las dragas o las retroexcavadoras. Otro socio es el barequero. La mayoría son mujeres que lavan oro en los huecos que hacen las retros. Hay otros socios muy importantes: las autoridades locales. Hablo de policías, militares, guerrillas, paramilitares, alcaldes y corporaciones de desarrollo. Cobran sus servicios, que son de acceso, de vigilancia, de orden y de participación. La guerrilla, los paramilitares y los narcos son, pues, inversionistas. Los miembros de la fuerza pública —algunos, agrego para que los generales no se molesten— son parte central del negocio. El gobierno de Santos ha emprendido una pelea contra la minería ilegal alegando razones ambientales y sociales. En el papel, válido. En la realidad, difícil. En el fondo no son medidas a favor del medio ambiente y menos de la gente que explota con batea y almocafre. Su objetivo, como lo dice el señor Restrepo, un poderoso minero antioqueño, es abrirles el campo a las multinacionales de la minería, casi todas canadienses. Empresas que, a través de la Canadian International Development Agency (CIDA), contribuyeron a la redacción del nuevo código minero. Así que Santos se mete a sacar las castañas del fuego para que las grandes firmas extranjeras se coman la pepa. El lío no va a ser menor porque las alianzas de los ilegales son sólidas y para todos rentables. Mucha gente vive del oro desde hace siglos; otros recién llegados tienen armas y los demás, esa infinita codicia que produce la caca del diablo.

Los recientes decretos del Gobierno han sido redactados a favor de las grandes mineras que no pagan derechos de importación ni IVA, que reportan a su gusto lo que sacan, que emplean solo a los recomendados de los gamonales de la región y que botan a los ríos toneladas de mercurio, cianuro. El Gobierno tendrá que afrontar a bala la reacción que desatarán esas medidas, porque la gente que ha vivido siempre del oro no tiene salida y las grandes compañías tienen afán de sacar lo que haya para meterlo a “correr” en el sistema financiero. Sangre y oro. Como siempre.
 


viernes, 19 de octubre de 2012

Campesinos se tomaron San Pablo para exigir atención del Gobierno


vanguardia.com

Cientos de campesinos se desplazaron al casco urbano de San Pablo, sur de Bolívar, para continuar con las protestas que desde el pasado martes paralizaron el municipio de Cantagallo.

Estos se unieron a los pobladores del área rural de San Pablo, quienes también se concentraron para exigir el arreglo de vías, mejoramiento de la salud y educación y mayor inclusión laboral.

Nelson Balbuena, representante de los campesinos y miembro del Congreso de los Pueblos, advirtió que no se bloquearon las vías de acceso, como ocurrió en Cantagallo, pero sí una comisión se sentó en una mesa de diálogos con el alcalde de San Pablo para dirimir los acuerdos.

Sin embargo, el líder de los campesinos señaló que no hubo transporte en horas de la mañana (de ayer) hacia algunas veredas del municipio ribereño, dado que los transportadores cesaron labores para unirse a la protesta

Por su parte el mandatario local, Cristóbal Vanegas, confirmó que no se presentaron alteraciones del orden público y que “nos reuniremos con la comisión para atender las peticiones”.

La reunión inició a las 10:00 a.m. de ayer en las instalaciones de la Escuela Mixta, y se extendió hasta las 2:00 p.m., momento en el cual se firmó un acta de compromiso.

“Se establecieron los compromisos en los que la Alcaldía iniciará las acciones para mejorar el estado de las vías rurales y la construcción de aulas en las casi 100 escuelitas que se encuentran dispersas en las diferentes veredas del municipio”, indicó Balbuena.

El alcalde Vanegas expresó su acuerdo con las necesidades de los pobladores y campesinos y le aseguró a Vanguardia Liberal que ya se inició un programa de mejoramiento de los carreteables, tras la firma de un convenio con la compañía religiosa de los Jesuitas.

Finalmente los campesinos mostraron su intención de retornar a sus veredas.

Balbuena enfatizó que en Cantagallo se establecieron acuerdos similares con el gobierno local, entre ellos la inversión eficaz de los recursos que por regalías recibe el municipio ribereño.


martes, 16 de octubre de 2012


Cantagallo, Bolívar.
 16 de octubre de 2012
Campesinos y campesinas provenientes de diferentes veredas del municipio de Cantagallo, con el respaldo y la solidaridad de las comunidades rurales de San Pablo venimos arribando desde el 13 de octubre al casco urbano de Cantagalloy concentrándonos en el plantel educativo José María Vargas Vila para exigirle a la administración municipal solución a la grave problemática que se vive en el campo.

Las cifras así lo demuestran, las necesidades básicas insatisfechas en la zona rural ronda en el 81%, la cobertura de servicios públicos es deficiente llegando a ser casi inexistente en el campo. El derecho a la salud nos es negado, en el campo no se encuentra un centro de salud que preste una atención adecuada.

El sistema vial se asemeja más a caminos de herradura que no permiten una adecuada movilidad y afectan la comercialización de los productos que cosechamos y de los cuales depende nuestro sustento.

En pleno siglo XXI con los avances que vive el mundo es impresentable que aún vivamos sumidos en la oscuridad por la negligencia y falta de gestión de los alcaldes que han administrado nuestros recursos, la electrificación rural es sinónimo de progreso y parte del buen vivir para nuestras comunidades.

De la educación de un país depende el progreso de este, y nuestro municipio seguirá en el atraso si no se salda la deuda que tenemos con nuestros niños de ofrecerle un mañana mejor.

La producción campesina ha sido parte fundamental de la economía regional, pero esta se desarrolla cada día con más dificultades y cada día nuestros ingresos se reducen más y más, sumiéndonos en la pobreza.

Como ribereños tenemos un legado cultural que no podemos desconocer y ni dejar morir, por ello se requiere el impulso y la visibilización de los grupos, procesos y que existen en la región para seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra cultura.

Ante este panorama hemos tomado la decisión de hacernos escuchar, por eso hoy desde las cinco de la mañana decidimos manifestarnos ante las puertas de la alcaldía municipal de manera pacífica exigiendo que la alcaldesa municipal nos escuche y dé solución a las problemáticas expuestas.

Finalmente denunciamos que miembros de la policía nacional están realizando tomas fotográficas de quienes participamos de esta movilización, mientras que efectivos del ejército se han acercado al sitio de concentración de las comunidades preguntando los motivos de esta, cuántas personas hay reunidas, que si vienen con ánimos de protesta entre otras preguntas.


POR LA BÚSQUEDA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUESTRAS FAMILIAS.




jueves, 11 de octubre de 2012

BARRANCABERMEJA
11 de Octubre del 2012.

Cientos de hombres y mujeres, niños y niñas procedentes de los municipios de San Pablo, Cantagallo (Sur de Bolívar) y Remedios (Nordeste Antioqueño) nos hemos dado cita en la ciudad de Barrancabermeja para dar vida a la Semana Nacional de la Indignación. Pero no venimos solos, nos acompañan los sueños de construcción de territorio, de vida digna, la rabia e indignación causadas por décadas de abandono estatal que nos tienen sumidos en la pobreza.

Antes de llegar a Barranca hubo fiesta, vida y carnaval en el municipio de San Pablo donde
realizamos una marcha desde la sede agrominera hasta el plantel educativo IETAD donde gritamos
a viva voz que ya es justo, que es hora de despertar y exigir nuestros derechos, a tener una
educación de calidad y acorde a nuestras necesidades, un sistema de salud que no nos deje
morir en las puertas de los hospitales, que queremos y podemos ordenar y administrar nuestro
territorio y sus recursos, que podemos garantizarnos la soberanía alimenticia, que haya igualdad
y respeto a la mujer y la diversidad, insistimos que no queremos una paz impuesta donde nuestra
voz no sea escuchada y nuestras propuestas tenidas en cuenta, queremos que se nos consulte
cómo queremos vivir, mientras no tengamos condiciones de vida digna no habrá paz en nuestros
territorios.

Nuestro recorrido continió por Cantagallo donde se amplió nuestra delegación y allí tambien
hicimos escuchar nuestras voces, lo mismo hicimos en el municipio de Puerto Wilches

En Barrancabermeja nos estamos preparando para salir a las calles y hacernos sentir, en medio
de actividades deportivas, estampado de prendas y banderas y actos políticos. En medio del
desinterés y la falta de palabra de la administración municipal que se había comprometido a
garantizar un espacio físico para recibir a las comunidades, la tarima y los utensilios de cocina.
Por fortuna no estamos solos y hemos sabido tejer redes de solidaridad por eso junto a la Unión
Sindical Obrera, el Espacio de Trabajadores Y Trabajadoras del Magdalena Medio, Identidad
Estudiantil Barranca, La Red Agropecuaria de Educación Popular, Poder y Unidad Popular
Barrancabermeja y la Organización Femenina Popular hemos sacado adelante este encuentro.

Finalmente denunciamos el señalamiento y estigmatización que la policía nacional ha hecho hacia
nosotros señalándonos de ser auspiciados por grupos al margen de la ley


Mandatamos país para la vida digna y nos movilizamos por la paz con justicia social

Congreso de los Pueblos Sur de Bolívar y Magdalena Medio

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Semana de la Indignación


Y a usted ¿qué le indigna?
La Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas convoca a la Semana de la Indignación del 4 al 12 de Octubre. En diferentes regiones del país se realizarán movilizaciones, tomas de parques, campamentos, plantones, conversatorios, ruedas de prensa.

Esperamos a todos y todas!!!

Dignidad Campesina


El documental es una apuesta por visibilizar a los hombres y mujeres que habitan y trabajan en el campo colombiano, sembradores de vida, productores de alimentos y guardianes de semillas. Un recorrido por diversas experiencias de trabajo comunitario y producción agroecológica en el país, testimonios de las luchas ancestrales que hoy continúan las comunidades campesinas en defensa del territorio, del alimento y de la vida. Voces, cantos y rostros de dignidad que denuncian, convocan y propone

viernes, 21 de septiembre de 2012

El gobierno está violando la Constitución al perseguir como criminales a los pequeños y medianos mineros


Carta del senador Jorge Enrique Robledo al presidente de la República. Bogotá, 19 de septiembre de 2012. 

Rechazo a la anunciada norma andina, que agravará el problema en vez de resolverlo. Todo en exclusivo beneficio de las trasnacionales de la gran minería.

La Comunidad Andina de Naciones, por iniciativa del gobierno colombiano, está a punto de expedir una decisión que le da facultades al ejecutivo “para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos” de los mineros que sean considerados ilegales. Además, el editorial del diario El Tiempo del pasado 15 de septiembre da a entender que la intención del gobierno es que estas facultades no sean discutidas ni aprobadas en el Congreso de la República.

Una vez más debo manifestarle mi desacuerdo con estas medidas, que lesionan a centenares de miles de colombianos honestos que viven de la pequeña y mediana minería. Como lo reconoció el exministro Mauricio Cárdenas, la política oficial es la de tratar como criminales a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos empresarios de la minería. Porque para el gobierno los mineros ilegales, a quienes se les podrá destruir su maquinaria, son todos quienes no cuenten con un título minero o una licencia ambiental. Y la mayoría de mineros no cuentan con estos permisos, pues las normas están diseñadas para que no cumplan con los requisitos exigidos, lo que les impide formalizarse.

Es una completa desproporción tratar a los mineros informales como delincuentes y narcotraficantes. Igualar la maquinaria de estos colombianos con un laboratorio de cocaína es un absurdo que viola derechos democráticos tan elementales como la presunción de inocencia y el debido proceso. El gobierno tiene el deber de individualizar las personas que tengan nexos con organizaciones al margen de la ley y no puede acusar y sancionar de manera general a todos los mineros del país.

La pequeña y mediana minería es la minería de los colombianos, la de miles de artesanos y empresarios nacionales que en muchos casos se han dedicado a esta actividad porque el libre comercio ha destruido el agro y la industria. Las medidas que el gobierno pretende implementar están diseñadas para favorecer a las multinacionales que ven en los mineros nacionales un obstáculo para consolidar su monopolio. Multinacionales que, bajo la apariencia de la legalidad de los permisos y licencias con los que cuentan, se han destacado por violar la ley, al evadir el pago de impuestos y de regalías, dañar el medio ambiente y maltratar a las comunidades y a sus trabajadores. Este es el tipo de favorecimientos que demuestran que en Colombia es mejor ser un empresario extranjero que nacional.

Es inaudito que el gobierno intente evadir el debate democrático y pretenda asignarse facultades como la de destruir las máquinas de los mineros sin ninguna discusión en el Congreso de la República. Como Usted lo sabe, señor Presidente, la Constitución señala que la regulación de la mayoría de los temas está reservada al legislativo, norma básica de cualquier democracia. El ejecutivo no puede excusarse en la normatividad andina para excluir al Congreso de un debate de estas dimensiones, en el que están en juego asuntos penales y sanciones contra la propiedad de los empresarios colombianos. Por lo tanto, su deber es presentar un proyecto de ley que le permita al gobierno asumir este tipo de facultades.

Por lo anterior, le solicito, en primer lugar, abstenerse de dar su consentimiento para que esta política sea aprobada en la Comunidad Andina de Naciones. Y, segundo, en caso de que la CAN apruebe estas medidas, su deber es tramitarlas en el Congreso, con el fin de que se adelante un debate serio y democrático

jueves, 20 de septiembre de 2012

Agencia Nacional de Minería extendio la licencia de exploración de Eco Oro (Greystar) en el Páramo de Santurbán

Pese a la resistencia y movilización ciudadana contra este proyecto aurífero, la minera canadiense Eco Oro Minerals Corp. (TSX:EOM), antes conocida como Greystar, reveló hoy que la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Colombia tomó la decisión de concederle la extensión de la licencia para explorar en la mina Angostura ubicada en el Páramo de Santurbán en límites de los Santanderes.
Y que además reversó la decisión de Agosto pasado de la misma Agencia según la cual debía devolver 70% de mina de oro Angostura pues insistía en que el 54% de la concesión se encuentra en el páramo Santurbán y que sólo puede adelantar actividades limitadas en una parte de la zona.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) expidió la Resolución VSC 004 del 12 de septiembre de 2012, que respondió el recurso de reposición interpuesto por Eco Oro, contra la Resolución VSC 002 del ocho de agosto de 2012.
La determinación confirma una extensión de la fase de exploración de la propiedad de la compañía minera bajo el contrato de concesión de 3452.
De conformidad con la Resolución de Modificación de la ANM se concede la prórroga pedida por toda la concesión y no se toma ninguna medida para tener que devolver parte de la concesión.
La Modificación de Resolución señala que la Empresa no debe realizar ninguna actividad de exploración en las áreas que constituyen páramo según el Atlas Páramo emitido por el Instituto Alexander Von Humboldt (Instituto Alexander Von Humboldt), hasta que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible determina los límites definitivos de ese ecosistema.
Eco Oro insiste que el Proyecto Angostura no se encuentra en el páramo y en consecuencia sus actividades seguirán siendo conformes con la presente ley. La empresa dice que revisará con mayor detalle la modificación de la Resolución con el fin de "continuar defendiendo sus derechos de conformidad con las leyes aplicables".
Como se recodará, tras una larga polémica ambiental, el 17 de Marzo de 2011 Greystar (hoy Eco Oro) debió retirar la solicitud de licencia ambiental para adelantar el proyecto de Angostura en Santander como mina de cielo abierto luego que las autoridades le advirtieron que bajo ninguna circunstancia se permitirá la explotación minera en páramos y en zonas naturales protegidas.
Eco Oro dijo en su momento en un comunicado que "sigue comprometida con el desarrollo de su Proyecto Angostura y que lo hará de una manera social y ambientalmente sensible que será beneficiosa para todos los interesados".


martes, 18 de septiembre de 2012

Más agresiones contra los campesinos retornados de Las Pavas


La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), agrupa a 120 familias que retornamos y actualmente ocupamos los predios de la Hacienda Las Pavas, ubicados en el corregimiento Buenos Aires, del municipio de El Peñón, Bolívar, damos a conocer a la opinión pública nacional e internacional, que continúan las amenazas en contra de nuestros asociados y de nuestro proceso organizativo.

Las agresiones provienen de un grupo de 150 personas contratadas por la empresa palmera Aportes San Isidro SAS que el pasado 09 de julio de forma arbitraria, irrumpió en los predios, causando daños a nuestros cultivos de pan coger, los cuales fueron reemplazados por palma aceitera, logrando plantar alrededor de 100 hectáreas en palma con plántulas de 2 años de edad. Estas acciones están respaldadas por la organización Nuevo Liderazgo Campesino filial de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la empresa Aportes San Isidro SAS, y buscan ocasionar un nuevo desplazamiento de nuestras familias, en víspera de la diligencia de Inspección Ocular que debe realizar el INCODER en el marco del proceso de Extinción de Dominio, además de debilitar el proceso comunitario reivindicativo de derechos al atentar contra la seguridad alimentaria pues solo se tienen dos meses para realizar la siembra tradicional en este segundo semestre, que proveería a nuestras familias de alimentos durante el resto de año. Así mismo, van en contravía de lo expresado por la Corte Constitucional, en su sentencia T-267 de 2011, que nos garantiza el derecho de posesión sobre dichos predios.

HECHOS

1. Continúan las agresiones por parte de la empresa palmera Aportes San Isidro SAS, que resumimos en amenazas, hostigamientos, asesinato de animales, constreñimiento ilegal, judicialización y falsas denuncias contra los miembros de ASOCAB:
· El pasado jueves 16 de Agosto fuimos agredidos y amenazados varios miembros de ASOCAB cuando nos disponíamos a cortar una madera, por parte del señor MARIO MARMOL MONTERO presunto administrador de la empresa palmera (a quien esta comunidad reconoce como paramilitar no desmovilizado) y otra persona de quien desconocemos su identidad pero al parecer es parte de la seguridad privada de la empresa, quienes nos hostigaron y amenazaron con arma de fuego y machete, para evitar que siguieramos con la actividad.

· En varias oportunidades MARIO MARMOL MONTERO, ha llegado a la parcela de uno de los miembros de ASOCAB amenazando, hostigando con maquinaria y hasta presionando para la venta de las mejoras, amenazas que fueron reiteradas por el señor MARMOL en compañía del abogado de la empresa DANILO PALACIOS BENITEZ y otros trabajadores el viernes 17 de agosto, situación que se torno agresiva y violenta.

· Como si fuera poco nos están intimidando con enviarnos a la cárcel sino salimos de las parcelas, además de estar programando continuar con la perturbación de nuestra posesión a través de la ocupación de los predios por parte de familias de otras comunidades quienes construirían sus viviendas en nuestras parcelas e iniciarían la implementación de cultivos con apoyo de la empresa palmera Aportes San Isidro SAS.

2. Denunciamos la persecución que vienen adelantando contra nuestros líderes, el pasado mes de Julio fue emitida orden de captura contra el educador y líder representativo para nuestra comunidad ELIUD ALVEAR CUMPLIDO, por una supuesta falsificación de su título como profesor, proceso impulsado por el señor DANILO PALACIO BENITEZ abogado de la empresa palmera Aportes San Isidro SAS, quien obra dentro del proceso como denunciante y orquestado por la FISCALÍA 39 LOCAL DE SAN MARTÍN DE LOBA siendo Fiscal el señor WILSON VALETA, quien antes de ser trasladado a otra Fiscalía muy ágilmente solicitó dicha medida contra nuestro representante, proceso del que desconocemos las pruebas. En este sentido, los miembros de ASOCAB, RECHAZAMOS DICHA MEDIDA, y exigimos su pronto levantamiento. Por el contrario, reconocemos al profesor ELIUD ALVEAR CUMPLIDO como una persona carismática, un líder innato, honesto que viene siendo parte de nuestro proceso desde hace muchos años, defendiendo los derechos humanos y el derecho al territorio de los miembros de esta comunidad.

3. Se vienen adelantando acciones por parte de los directivos de la organización Nuevo Liderazgo Campesino, quienes han denunciando a miembros de ASOCAB por supuestas amenazas contra ellos, cuando es todo lo contrario, nosotros como reclamantes de derecho venimos siendo acosados y amenazados por los empleados de la empresa palmera. Estas acciones son respaldadas por la organización sindical Nuevo Liderazgo Campesino filial de la CGT, y lo que buscan es seguir desarticulando el tejido social de los habitantes del corregimiento de Buenos Aires. Exigimos a las autoridades estatales adoptar todas las medidas necesarias para dar fin a esta amenaza contra la integridad de nuestra comunidad.

4. Así mismo la empresa tiene como estrategia la utilización de las familias que hoy integran la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires, adscrita a la Federación Sindical Nuevo Liderazgo Campesino para reclamar el derecho al trabajo, ocultando y desconociendo todos los crímenes de lesa humanidad de los que fuimos víctimas a manos de los paramilitares y los derechos adquiridos sobre la Hacienda Las Pavas constituidos por años de explotación agrícola cuando dichos predios se encontraban abandonados.

5. A la fecha ni la Alcaldía Municipal de El Peñon (Sur de Bolívar), ni el Inspector de Policía han impedido que la empresa Aportes San Isidro por medio de sus empleados y trabajadores no dañen nuestros cultivos, nos saquen el ganado de los corrales y los predios, nos acosen y no nos dejen vivir en paz ejerciendo nuestra posesión, evadiendo así su responsabilidad legal y constitucional. Por el contrario favorecen y permiten que la empresa siembre palma sobre nuestra posesión.

6. Hoy 17 septiembre iniciamos la resiembra de 8 hectáreas de maíz que había sido rastrillado varias veces por trabajadores de la empresa hasta destruirlo. En vista de que no hay soluciones por parte del Estado a esta situación, hemos decidido, si la empresa palmera Aportes San Isidro SAS daña nuestros cultivos responder de la misma manera arrancando los cultivos de palma que ilegalmente nos han impuesto sobre nuestras posesiones. Reiteramos esta medida la tomamos por falta de respuesta y protección por parte de las instituciones del Estado.

EXIGIMOS
1. Al Estado Colombiano, para que a través de sus instituciones de control busquen una pronta solución a esta problemática. Necesitamos que el Estado proteja nuestras vidas y nos garantice el derecho a la alimentación.

2. A la Fiscalía General de la Nación, para que cumpla con su papel investigador y esclarezca los hechos, y sea levantada la orden de captura en contra de nuestro líder y educador ELIUD ALVEAR CUMPLIDO. Así mismo para que se adelanten con urgencia las investigaciones en contra del señor MARIO MARMOL MONTERO, DANILO PALACIOS BENITEZ y los miembros del sindicato Nuevo Liderazgo Campesinos entre estos el señor EDIL RANGEL, PEDRO MORENO REDONDO, SANTANDER MARTINEZ, GREGORIO MARTINEZ Y OTROS quienes han impulsado la destrucción de nuestros cultivos, la agresión y hostigamientos a la comunidad además de la siembra masiva de la palma sobre nuestras parcelas.

3. A la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de El Peñón y a la Gobernación de Bolívar, para que se tomen las medidas necesarias y urgentes con el fin de que cese los actos de perturbación de la posesión.

4. Al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- para que dé celeridad al trámite de Extinción de Dominio y Clarificación de Propiedad procesos que cursan sobre los predios de la Hacienda Las Pavas.

5. A la Corte Constitucional Colombiana para que se pronuncie y solicite el cumplimiento de su jurisprudencia la sentencia T-267 de 2011.

Asociación de Campesinos de Buenos Aires – ASOCAB.
El Peñón, Sur de Bolívar 17 de septiembre de 2012

APOYAN:
PDPMM – FEDEAGROMISBOL – CORPORACIÓN SEMBRAR – CONSEJERIA EN PROYECTOS –PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL – CLÍNICA JURIDICA SOBRE DERECHO Y TERRITORIO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA –PEACE WATCH – ECAP

lunes, 17 de septiembre de 2012

mbre Andina sobre Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria

Con la presencia de más de 200 delegados de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia, se llevó a cabo durante 3 días, del 11 al 13 de Septiembre del 2012, en la ciudad de La Paz, Republica Plurinacional de Bolivia, La cumbre Andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria, convocada por la coordinadora Latinoamericana de organizaciones del campo CLOC – Vía Campesina de la región Andina. La cual conto con la participación del señor vicepresidente de Bolivia – Álvaro García Linares, de los señores embajadores de Ecuador y Nicaragua, entre otras personalidades. De la misma manera se contó con la presencia de la comisión continental de la campaña global por la reforma agraria.

La realización y desarrollo de la cumbre andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria, posibilito un profundo análisis colectivo sobre los avances y retrocesos en las políticas agrarias en cada uno de las naciones andinas, constatando que en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, con el acenso de gobiernos de carácter democrático, popular y revolucionarios, se están efectuado cambios dirigidos a reversar las políticas neoliberales que se promulgaron a partir de los años 80 y 90, siguiendo los postulados del fondo monetario internacional, el banco mundial y el banco interamericano de desarrollo – BID, la cual conllevo a una profunda crisis social y política, que se manifestó en el aumento acelerado de la pobreza, miseria, migración, privatizaciones, concentración sobre la propiedad de la tierra, especulación financiera, desempleo, corrupción y militarización de la sociedad. Estos cambios que han partido de movilizaciones y luchas sociales, se ven materializados en la creación de nuevos marcos constitucionales, que garantizan a la mayoría de la población sus derechos fundamentales como también los de la madre tierra, que a su vez se están materializando en nuevas formas de participación y decisión social sobre su futuro.

No obstante, estos avances, existen diferentes obstáculos que no han permitido acelerar algunos procesos de cambio como el dirigido a profundizar las reformas estructurales, como la reforma agraria que permita la democratización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de las políticas, que garanticen plenamente la soberanía alimentaria de los pueblos.

Por otro lado, en Colombia y Perú se observa una profunda crisis social en el campo, cuyo origen está relacionado directamente con la reconcentración de la propiedad de la tierra en el caso colombiano, cuyas cifras indican que el 62% de la propiedad se encuentra concentrada en menos del 0,4% de los propietarios. Estos índices han tenido que ver con la expropiación violenta ejercida en las ultimas 3 décadas en contra del campesinado, durante la cual fueron desplazados más de 5’000.000 de campesinos y 10’000.000 de hectáreas despojadas forzosamente. El conflicto minero ambiental que se viene agudizando, como es el caso de Perú, que esta afectando a los territorios indígenas y campesinos, específicamente en Conga – Cajamarca, que a su vez incrementa los niveles de conflictos contra las transnacionales y los agronegocios que han venido últimamente acaparando tierras habilitadas con sistema de riego y se prepara desde el gobierno una ley, que según las organizaciones campesinas, beneficiara a estos sectores de la gran agroindustria comercial.

Desde nuestras perspectivas como organizaciones, miembros de la CLOC Vía – Campesina región andina, en el marco de esta cumbre de reforma agraria y soberanía alimentaria, nos planteamos continuar trabajando por el fortalecimiento organizativo de nuestras bases, la formación, la articulación de mujeres y jóvenes, la no violencia contra las mujeres, la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad y la recuperación de las semillas nativas, así como la lucha frontal contra los agronegocios, agrotóxicos y transgénicos, el gran latifundio y la concentración especulativa de la tierra y las transnacionales mineras, entre otros.

Fortalecer nuestras luchas y la unidad latinoamericana:
Desde la cumbre andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria los participantes hacemos llegar nuestra voz de solidaridad e indignación por las violaciones de los derechos humanos, asesinatos, desplazamientos, encarcelamientos y en general la criminalización contra los campesinos, sus organizaciones y sus dirigentes, como en el caso de los campesinos de Honduras, Paraguay, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, quienes vienen resistiendo y movilizándose en contra de estos atropellos. A la vez que condenamos de manera contundente el golpe de estado en Paraguay realizado al presidente Lugo.

De igual manera, saludamos los nuevos proyectos de integración del ALBA, CELAC y UNASUR que rompen con el hegemonismo imperialista de los Tratados de Libre Comercio – TLC, que colocan en desventaja y sumisión a los países que se someten a ellos. Como también el proceso ALBA de los movimientos sociales en construcción que abre nuevos horizontes desde los pueblos de América Latina hacia su emancipación.

Expresamos nuestro apoyo al inicio de los diálogos en Colombia entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional en la búsqueda de una solución política al conflicto armado que vive este país, hacia una paz duradera y estable para los colombianos y la región andina.
Desde la CLOC –Vía Campesina, región andina, Llamamos a fortalecer los procesos organizativos nacionales e impulsar la más firme solidaridad con los campesinos y pueblos del mundo que luchan por alcanzar la plena libertad y soberanía. Así mismo, la unidad Latinoamericana y la patria grande que soñaron nuestros libertadores.

Por último, queremos socializar las principales estrategias emanadas de la cumbre, que buscan direccionar nuestra campaña por la reforma agraria y la soberanía alimentaria:
1. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas, miembros de la CLOC – Vía Campesina de la región andina. 2. Potenciar la escuela andina de formación política itinerante. 3. Lucha frontal contra los transgénicos, paquetes tecnológicos y agrotóxicos. 4. Fortalecimiento de la comisiones sobre reforma agraria y derechos humanos. 5. Desarrollar procesos de intercambio de experiencias sobre reforma agraria y soberanía alimentaria en cada uno de los países de la región. 6. Creación de un observatorio de conflictos agrarios, dirigido desde la CLOC andina. 7. Adelantar jornadas de movilización y lucha contra el acaparamiento de tierras en la región. 8. Conformación de un tribunal sobre conflictos agrarios en la región andina. 9. Impulsar iniciativas de Leyes Alternativas Agrarias desde cada país. 10. Proponemos realizar con otras fuerzas sociales la cumbre de agua y medio ambiente. 11. Promover la agroecología de campesino a campesino como propuesta al nuevo modelo de producción y desarrollo agrario integral. 12. Fortalecer la identidad y cultura de los pueblos, y la defensa de sus territorios. 13. Realizar encuentros, festivales, trueques y demás iniciativas que permitan el rescate de las semillas autóctonas y mercados locales. 14. Llevar a los IALAS la propuesta de creación de laboratorios que faciliten la investigación y mejoramiento de semillas y especies.

POR LA TIERRA Y LA SOBERANIA DE NUESTROS PUEBLOS AMERICA LUCHA
La Paz, Bolivia, Septiembre 13 del 2012

¿Por qué la FAO y el BERD promueven una agricultura que destruye la agricultura campesina?


Asombro e indignación nos ha provocado el artículo que bajo la firma de José Graziano Da Silva, Director General de la FAO, y Suma Chakrabarti, Presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, fue publicado el día 6 de septiembre por el Wall Street Journal1. En dicha publicación ambas autoridades convocan a los gobiernos y al mundo social a abrazar al sector privado como motor y líder de la alimentación mundial.

Aunque se refieren específicamente a Europa Oriental y Norte de África, los directores de ambas instituciones internacionales también hacen un llamado a que las inversiones y el acaparamiento de tierras se generalicen al mundo entero. Como justificación, califican al sector privado como eficiente, dinámico y lo llaman a duplicar sus inversiones en acaparamiento de tierras, mientras señalan al sector campesino y las pocas políticas de protección de la agricultura que aún rigen, como un lastre que no permite avanzar en el desarrollo agrícola y que debe ser eliminado. Para ello, llaman a los gobiernos a facilitar los grandes negocios privados en agricultura. Esto dentro del marco de una convocatoria a lo que Director de la FAO José Graziano da Silva calificó como la mayor y más importante reunión de empresas y representantes del agronegocio con representantes de instituciones públicas e internacionales, incluida la FAO, y que se llevó a cabo en Turquía el 13 de septiembre recién pasado.

Los señores Graziano da Silva y Chakrabarti hacen en el artículo una serie de aseveraciones sesgadas y que ocultan la real situación de la agricultura y la alimentación. Presentando a Rusia, Ucrania y Kasakhstan como ejemplos de éxito del agronegocio los que han permitido que estos países pasen de ser “la tierras baldías de los 90” a ser actualmente “los principales exportadores de cereales”, no mencionan en momento alguno que las cifras oficiales muestran que en los tres países mencionados la productividad es muchísimo más alta en las tierras en manos campesinas que en aquéllas en manos del agronegocio.

Los pequeños agricultores de Rusia producen más de la mitad del producto agrícola con sólo un cuarto del área agrícola; en Ucrania son la fuente del 55% de la producción agrícola con sólo el 16% de la tierra, mientras en Kazakhstan entregan el 73% de la producción agrícola con apenas la mitad de la tierra. De hecho, son los pequeños productores, y especialmente las mujeres, quienes alimentan a la población de estos países. Tampoco mencionan que -cuando existen las cifras oficiales al respecto, como en la Unión Europea, Colombia y Brasil-se muestra una y otra vez que la agricultura campesina es más eficiente y productiva que la empresarial, lo que también ha sido confirmado por diversos estudios en Asia, África y América Latina.

Esto demuestra que contrario a lo indicado por el director general de la FAO, quienes tienen la real capacidad de alimentar a la humanidad somos las campesinas y los campesinos del mundo entero. El avance del agronegocio sólo ha exacerbado la pobreza, destruido la capacidad de la agricultura de dar trabajo, ha multiplicado la contaminación y la destrucción ambiental, ha traído de vuelta la lacra del trabajo esclavo y ha provocado las crisis alimentarias y climática de las últimas décadas.

Para los movimientos sociales y las y los campesinos del mundo nos es inaceptable e incluso inexplicable que el Director General de la Organización para la Agricultura y la Alimentación promueva el exterminio de la agricultura campesina y el avance del acaparamiento de tierras. Nos resulta especialmente grave que esto ocurra después de tres años de arduo trabajo en el que las organizaciones pusieron todas sus capacidades y voluntades para la construcción de directrices voluntarias que protejan contra los acaparamientos de las tierra y después que el Sr. Graziano da Silva durante su campaña a director general expresó reiteradamente ante las organizaciones campesinas su compromiso de promover y validar la importancia de la agricultura campesina y su necesaria participación en la producción alimentaria.

Nos asombra el lenguaje ofensivo de los señores Graziano da Silva y Chakravarti, como cuando se refieren a “fertilizar las tierras con dinero” o “hacerle la vida más fácil a los hambrientos del mundo”. Esto nos lleva a poner en duda la capacidad FAO para hacer su trabajo con la necesaria rigurosidad e independencia frente a las grandes empresas del agronegocio y así cumplir el mandato de Naciones Unidas de erradicar el hambre y mejorar las condiciones de vida de los pueblos del campo.

Nos preguntamos cuál es realmente la validez del “Año Internacional de la Agricultura familiar”, si el director general de la FAO estima que lo que le pone freno a la producción agrícola son los “niveles relativamente altos de protección, falta de riego, fincas pequeñas y anti-económicas.” Esta visión y la subordinación de la FAO a los mecanismos económicos y a los intereses voraces de los inversionistas sin duda que pone en jaque el trabajo de acercamiento entre las organizaciones campesinas y la FAO que hemos hecho en los últimos años. Y nos hace preguntarnos por qué la FAO no ha desarrollado una propuesta de acción real y efectiva que proteja a la producción campesina y familiar, como herramienta fundamental contra la crisis alimentaria que -hoy nuevamente-está enriqueciendo a los grandes bancos y transnacionales. También nos preguntamos ¿a dónde irán las familias campesinas si este programa de conversión a una agricultura centrada en megafincas industriales se lleva a cabo?

Las amenazas no surgen sólo del abandono que la FAO hace de su misión. También es grave que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo promueva e invierta en el acaparamiento de tierras y la entrega de la agricultura al agronegocio, más aún cuando hoy ha expandido su área de trabajo al norte de Africa.

Lo que la agricultura y el planeta necesitan actualmente es justamente lo contrario de los propuesto por los Señores Graziano da Silva y Chakrabarti. Lo que la humanidad y los que padecen de hambre en el mundo necesitan es el sustento de las agro-culturas del campo, que constituyen las formas de vida de la mitad de la humanidad y hacen posible la agricultura campesina. Porque es más eficiente y productiva, porque aún entrega al menos la mitad de la alimentación mundial y gran parte del trabajo en el campo, porque ayuda a enfriar el planeta, la agricultura campesina debe ser fortalecida y protegida.

La producción de alimentos y las formas de vida campesinas e indígenas no pueden ser destruidas para crear una nueva fuente de mega negocios en manos de un grupo ínfimo de personas. Las tierras y territorios deben dejar de ser una mercancía y volver a las manos de los pueblos del campo; necesitamos reformas agrarias profundas, integrales y efectivas, sin acaparamientos de la tierra por inversionistas que solo buscan el lucro. Necesitamos más comunidades y familias campesinas e indígenas desarrollando su agricultura con dignidad y respeto y no agronegocios.

LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS ALIMENTAMOS AL MUNDO EL AGRONEGOCIO SE APODERA DE ÉL

14 de septiembre de 2012


LVC _ La Via Campesina
Grain
ATI -Amigos de la Tierra
ETC group
MMM – Marcha Mundial de Mujeres
ALBA – Articulación de los Movimientos Sociales Hacia el Alba

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Conclusiones del diálogo entre Academia y organizaciones sociales

 El Seminario sobre derechos humanos, Barbarie y Paz, realizado en las ciudades de Bogotá y Tunja, Colombia, los días 15, 16 y 17 de agosto de 2012, propuesto como Encuentro entre la Academia y las Organizaciones Sociales, comunica a la opinión pública nacional e internacional, a los movimientos sociales y políticos del país y a los sectores democráticos de la sociedad colombiana, un pronunciamiento de consenso resultado de las presentaciones sobre el tema, a favor de la Paz.

1. Reconocer que la paz es un derecho humano y un mandato constitucional de obligado cumplimiento. Es un deber del Estado garantizarlo. El seminario-encuentro observa que surge con fuerza un amplio y sentido pronunciamiento de diversos sectores de la sociedad por la búsqueda de la paz.

2. Reconocer que se están dando pasos entre el Estado y la Insurgencia Colombiana para adelantar conversaciones pero que, para garantizar el real derecho a la paz, los movimientos sociales, la academia, los intelectuales y la sociedad civil deben jugar un papel activo y decisorio en la solución política al conflicto social y armado. 

3. Reconocer que en el proceso de construcción de un país en paz, con autonomía, dignidad y soberanía, las organizaciones y movimientos sociales, los pueblos y las naciones, consideran que la movilización social es el camino para alcanzar la paz y esta debe permanecer activa. 

4. Reconocer que la movilización social por la paz, defiende los patrimonios naturales y culturales de la nación y de los pueblos, y es garantía para el presente y futuro de buen vivir.

5. Reconocer que el camino de la paz pasa por el respeto a la diversidad y las garantías para quienes desde posturas plurales impulsen propuestas de paz, el movimiento por la paz se construye en el encuentro y la movilización social permanente, es compromiso, palabra y acción colectiva e individual. 

6. Reconocer y convocar a todos los movimientos sociales y políticos a profundizar los procesos unitarios y a converger en el propósito de la paz. Hace una llamado al conjunto de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional para acompañar la movilización social y a oponerse a todas las formas de violencia, criminalización y judicialización de la protesta social.

7. Reconocer e impulsar, el compromiso y solidaridad con las luchas de la Minga de Resistencia Indígena; con las conclusiones del Encuentro de paz realizado en Barrancabermeja; con el Congreso de tierras, territorios y soberanías; con la Juventud Universitaria articulada a la MANE; con la Marcha Patriótica y; con el Congreso de los Pueblos, considerándolos como ejemplos e interlocutores significativos en las dinámicas del movimiento social.

8. Reconocer y agradecer a la Maestría en derechos humanos, Facultad de Derecho de la uptc y a su equipo profesoral por haber posibilitado este diálogo entre la Academia y los Movimientos Sociales.
 
9. Convocar a participar en las Constituyentes para la paz y el Congreso de paz y llamar a fortalecer y aproximar estos espacios como encuentros unitarios en el propósito de la paz y la construcción de una democracia real.

10. finalmente invita a acompañar masivamente las movilizaciones sociales programadas para 2012, en defensa de los derechos humanos y la vida con dignidad. Cabildo Juvenil 24, 25, y 26 de agosto; Movilización Nacional en defensa de la educación el 5 de septiembre; Jornadas del diálogo con la MANE del 20 y 21 de septiembre; Sesiones de la Minga del 13 y 14 de septiembre en Barrancabermeja; Seminario Nacional del Congreso Educativo del 5, 6 y 7 octubre en Cali. Asimismo, invita a sumarse a las luchas en contra de la entrega de los recursos mineros y energéticos a las transnacionales y a la gran jornada de movilización de octubre.

Suscriben estas conclusiones:
Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Minga Social y Comunitaria, Redunipaz, Maestria ddhh

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Ecocidio en San Pablo: Palmares del Cucú arrasa con el ecosistema, la flora y la fauna del Municipio


El siguiente es el texto de la carta que las comunidades de San Pablo han enviado a la administración municipal, para que detenga el ecocidio que están produciendo los cultivadores de palma aceitera.

San Pablo Bolívar, Agosto 31 de 2.012
Señores:
CRISTOBAL VANEGAS GUARIN
Alcalde Municipal.
LIBARDO A. GUERRA
Secretario Desarrollo Económico
EDEN MEJIA
Personero Municipal
E. S. M.

Cordial saludo.

La comunidad del Corregimiento del Carmen del Cucú DENUNCIA PÚBLICAMENTE a la EMPRESA PALMARES DEL CUCÚ, quienes vienen llevando a cabo trabajos de arrasamiento del ecosistema ubicado en inmediaciones de Simití, vereda Mata de Bambú, colindando con el Corregimiento de nosotros, donde están cavando los humedales con retroexcavadora para desaguar las aguas y así aprovechar las tierras para la siembra de palma.

Esto viene sucediendo hace ya más de 8 días y estamos muy preocupados porque hay afectación de la Flora y la Fauna silvestre como ponche, galápagos, babillas, pescados, sainos, guaguas, patos, pisingos, chavarri y otras especies.

Anotamos que este daño amenaza seriamente nuestra permanencia en este territorio donde hemos estado por más de 50 años, pero ahora llega esta empresa haciendo lo que se le da la gana con la naturaleza, quitándonos nuestra posibilidad de supervivencia y generando la posibilidad de un desplazamiento masivo de más de 60 familias del corregimiento y sus alrededores.

Queremos dejar constancia que de esta actividad agropecuaria y pesquera de la zona en forma directa e indirecta afecta a un número mayor de pobladores y amenaza seriamente la seguridad alimentaria de mujeres, niños, adultos mayores y población en general.

Acudimos a las autoridades municipales para que se pronuncien y constaten el grave daño que esta empresa en su afán de apropiarse de los humedales viene ocasionando, además de generar incertidumbre y pobreza a la región.

Llamamos a la solidaridad de los pueblos vecinos a unirnos, a no dejar que siga el arrasamiento de nuestros territorios y campos, de igual modo hacemos un llamado a las Organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, del Medio Ambiente, a apoyar, a visibilizar, a compartir esta denuncia pública que hace la comunidad del Corregimiento Carmen del Cucú.


Atentamente
COMUNIDAD CORREGIMIENTO CARMEN DEL CUCÚ

miércoles, 22 de agosto de 2012

II edición del Periódico Regional Para el Buen Vivir

Compartimos con todos y todas las voces desde nuestros territorios





El nuevo Código de Minas: una industria desbocada y un gobierno débil

Juan Pablo Ruíz*
Fuente: razonpublica.com

La locomotora se le salió de las manos al gobierno: la extracción acelerada no le conviene a la Nación, pero sí a las mineras. La precariedad institucional y normativa quedaría intacta bajo el nuevo Código.


Y ahora la Amazonia y el Chocó

No se entiende por qué el presidente Santos presentó en Río + 20 la noticia de que Colombia acababa de crear las llamadas “Áreas Estratégicas Mineras” como una buena nueva ambiental. Con estas en efecto se pretende expandir la minería en zonas ricas por su biodiversidad, nada menos que en la Amazonia y en el Chocó: una superficie de 17,6 millones de hectáreas.

La precariedad de nuestras instituciones aconseja una moratoria en la actividad minera, pues esa locomotora avanza desbocada. Pero la resolución 045 del 20 de junio de 2012, que crea esas áreas estratégicas, es más un incentivo que una moratoria a la actividad minera en zonas críticas

La resolución 045 sostiene que uno de los propósitos de las “Áreas Estratégicas Mineras” es adelantar estudios geológico–mineros para que en un periodo no mayor de 10 años se definan y adelanten proyectos que el Ministerio de Minas considera estratégicos para el país. Es decir, está incentivando la minería en estas áreas y no es una moratoria.
Las condiciones actuales de las instituciones mineras hacen que esta declaratoria de “Áreas Estratégicas Mineras” induzca los siguientes fenómenos:
  • Que se aumente el riesgo de destrucción de las bases de recursos naturales renovables;
  • Que se produzca un alto impacto social e incluso que se aumente la vulnerabilidad de la sociedad colombiana;
  • Que los recursos naturales no renovables (los mineros) sean extraídos sin el beneficio económico y social que resultaría de ejercer esta actividad de manera técnica y escalonada, atendiendo al desarrollo sostenible y no al afán de recibir divisas para un crecimiento acelerado de corto plazo, no sostenible y basado en una baja valoración del capital natural no renovable. 
Otros impactos indirectos se relacionan con los patrones de ocupación del territorio que acompañan a la minería, por el desarrollo de infraestructura y por la especulación con los usos del suelo.

La precariedad institucional también causa pérdidas económicas, como las que se han hecho evidentes con el caso de Cerro Matoso. Desde el punto de vista macroeconómico, el actual flujo de divisas asociado con las ventas masivas de otros minerales incluido el petróleo ha desestabilizado a la economía colombiana, que ya acusa síntomas deenfermedad holandesa. Más valdría desacelerar la monetización de los reintegros mineros y hacer un mejor uso de este capital, ahorrándolo en el exterior.

Otro aspecto crítico: buena parte de estos territorios son resguardos indígenas y tierras comunales de comunidades negras, lo cual exige consulta previa, proceso que obviamente no se observó antes de publicar la resolución 045.

Lamentablemente los campesinos y productores agropecuarios, que hoy hacen un uso productivo del territorio –no solo en estas zonas, sino en todo el territorio nacional– constituyen un grupo particularmente vulnerable frente a la minería. A este respecto, el Ministerio de Agricultura ya ha hecho sonar las alarmas.

Los ecosistemas naturales bien preservados –como en el caso de la Amazonia y del Chocó– cada día tienen un mayor valor económico, pues representan servicios ambientales que se hacen más escasos en todo el planeta y que se valorizan rápidamente. Este análisis no aparece en ninguna parte.

En síntesis, en lugar de acelerar la minería en Amazonia y Chocó, debería declararse una moratoria: sencillamente el gobierno no puede garantizar que las “Áreas Estratégicas Mineras” se exploten en el interés superior de la Nación debido a la precariedad de las instituciones, incluyendo las normas que regulan la actividad minera: el Código de Minas.

Viejas mañas y nuevo código

El Ministerio de Minas y Energía viene elaborando el proyecto de ley para reformar el código minero, que en su versión más reciente propone reformar el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, para permitir que las concesiones ya asignadas en los páramos y algunas reservas forestales se adelanten de todas maneras, aún a costa de la sociedad colombiana.

Al referirse a las zonas excluiblesde minería, la propuesta de reforma dice que “No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente.”

Luego menciona que “…las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido constituidas y las que se constituyan como áreas que integren el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva natural protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales.”
Esto excluye las áreas protegidas de menor categoría como los parques naturales municipales, las reservas naturales de la sociedad civil y los distritos de manejo integrado, entre otras.

La propuesta cierra este párrafo diciendo que estas zonas deben ser delimitadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta última frase puede dar origen a abusos prácticos, aun en las áreas mencionadas, pues según esto todo lo que no ha sido delimitado puede ser concesionado.

Como la ley 2ª de 1959 delimita gran parte del país, este proyecto de ley dice que en estas áreas se pueden otorgar títulos mineros, haciendo la aclaración de que solo se podrán iniciar trabajos una vez el área sea sustraída por la Autoridad Ambiental.

En otras palabras, se seguirán otorgando títulos mineros en reservas forestales y como dice más adelante el proyecto “se deberá demostrar la adecuada coexistencia de las actividades mineras con el objetivo del área forestal”.

En la interpretación más favorable, se salvarían los páramos delimitados en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto Humboldt. Pero existe un detalle grave que autorizaría cierta actividad minera en los páramos: el párrafo segundo del artículo 7 dice:
“En caso que a la entrada en vigencia de la presente ley se adelanten actividades de construcción, montaje o explotación minera con título minero y licencia ambiental o su equivalente en áreas que anteriormente no estaban excluidas, se respetarán tales actividades hasta su vencimiento, pero estos títulos no tendrán opción de prórroga, ni cambio de modalidad.”

Si el propósito es excluir los páramos de la minería, el proyecto de reforma debería decir que en todos los casos se suspenden las actividades mineras en los páramos y que en caso de que ya se estén adelantando, se definirá un mecanismo de ley para compensar a los inversionistas que hayan realizado inversiones en estas áreas dentro de las normas y la ley, y protegidos por un título minero y una licencia ambiental legalmente tramitada y concedida.
El proyecto de reforma al código minero muestra la intención de proteger hacia el futuro algunos de los ecosistemas estratégicos, pero condena a la Nación –y de paso a todos los colombianos– a perder el valor de los servicios ambientales asociados a todos los ecosistemas estratégicos ya titulados. Es absolutamente necesario revisar a fondo esta propuesta, pues buena parte de nuestros páramos y de otros ecosistemas estratégicos ya tienen títulos mineros.

Más capacidad institucional y más voluntad política

Es urgente incrementar los recursos financieros y la capacidad institucional de las autoridades ambientales para minimizar el impacto ambiental de la minería y de la exploración y explotación de hidrocarburos. No se puede seguir expandiendo la minería si no existe la capacidad institucional para asegurar una minería responsable

La minería no es una actividad sostenible, pero sí puede generar recursos para el desarrollo sostenible: un ejemplo de estrategias inteligentes son los países nórdicos en Europa, donde se han adoptado indicadores que relacionan la expansión minera con el apoyo al desarrollo sostenible de otros sectores, la formación de capital humano y el aumento del bienestar social.

Los recursos mineros constituyen un patrimonio de la Nación. La información sobre concesiones, contratos y regalías debe ser pública y de fácil acceso. El gobierno tiene que justificar ante el país los acuerdos con las grandes compañías mineras, así como el ritmo acelerado de extracción de nuestro capital natural.

La minería debe quedar restringida o excluida en ciertas partes del territorio nacional en función de criterios de Ordenamiento Ambiental Territorial. En particular, en las zonas de Páramo se deben suspender de raíz los títulos mineros. En la Amazonia y el Chocó es preciso declarar una moratoria minera hasta tener la capacidad que garantice minimizar los impactos negativos y maximizar el monto de las regalías y su uso a favor del desarrollo sostenible.

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*Economista. Gerente Desarrollo Organizacional en Epopeya Colombia. Representante Ambiental al Consejo Nacional de Planeación. 

viernes, 27 de julio de 2012

Áreas de reserva minera: importancia estratégica y confusión general

María del Pilar Pardo Fajardo
prensarural.org


Las áreas de reserva habrían pasado este año de cerca de 21 mil hectáreas a cerca de 21 millones. Pero después de estudios y cruces de información…la confusión es total. Y por supuesto estas áreas afectan de muchos modos el desarrollo del país.

Las reglas de juego
La ley 685 de 2000 —Código de Minas (CM)— contempla la figura de reservas especiales y otorga al gobierno nacional la facultad de delimitar áreas argumentando motivos de orden social o económico, de oficio o por solicitud expresa de una comunidad minera. Esta figura fue diseñada tanto para áreas donde existieran explotaciones tradicionales de minería informal (sobre todos de algunos minerales), como para adelantar estudios geológico–mineros y proyectos estratégicos. En el caso de los estudios geológico-mineros, el comienzo de los respectivos proyectos no podría tardar más de dos años. Y en el caso de las comunidades tradicionales, éstas tendrán prelación para explotar los recursos, aún si existen solicitudes por parte de terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de respetar los títulos vigentes, otorgados o reconocidos. Los títulos mineros otorgados antes de la declaratoria del área de reserva especial mantendrán sus derechos por cinco años más. 

El artículo 248 del CM estableció que en los proyectos comunitarios cuyas características geológico–mineras hagan posible un aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo, el Estado intervendrá para “la capacitación, el fomento, la transferencia de tecnología, el manejo ambiental, la estructuración, el desarrollo del proyecto minero y el desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren, en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías con el sector privado para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización de los minerales existentes”.

La figura legal para llevar a cabo estos proyectos son los contratos especiales de concesión y serán el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería las entidades encargadas de determinar los términos y características a tener en cuenta para este tipo de contratos.

Esta disposición fue adicionada mediante decreto 1382 de 2010, donde se autoriza a la autoridad minera a delimitar áreas que se encuentren libres para adelantar proyectos de importancia estratégica, las cuales pueden ser otorgadas a través de contratos de concesión a terceros.

La adjudicación de estas áreas de reserva especial debe realizarse mediante procesos de selección objetiva a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales. A cambio se exigen a los oferentes contraprestaciones económicas diferentes de las establecidas por la ley. Este es uno de los principales criterios a tener en cuenta en el momento de asignar un área de estas características.

Es importante anotar que los títulos mineros otorgados antes de la declaratoria del área de reserva especial mantendrán sus derechos por cinco años más, pero deberán presentar un programa de evaluación geológica y tendrán prelación para adelantar actividades mineras en el área.

Un inventario desarticulado
De acuerdo con la información disponible en la página web del Ministerio de Minas y Energía, desde la expedición del CM en 2001 se han declarado 28 áreas de reserva especial, que equivalían apenas a 25.166 hectáreas aproximadamente.

Pero el pasado 24 de febrero fue expedida la Resolución 18 0241 de 2012 por medio de la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras (AEM), en el entendido de que al gobierno nacional le interesa “buscar el desarrollo sostenible del sector bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social, haciendo un aprovechamiento racional de los minerales estratégicos, con los mejores estándares de operación y de seguridad e higiene, para garantizar las mejores condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades” ubicadas en estas AEM.

En ese mismo mes el Servicio Geológico Colombiano (SGC– ex Ingeominas) publicó el estudio “Áreas con potencial mineral para definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado” sobre la base de la información cartográfica disponible, donde se hace evidente que en las áreas de reserva estratégica el país posee un potencial significativo en los renglones de oro, metales del grupo de los platinoides (PGE), cobre, hierro, coltán y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, uranio y carbón metalúrgico y térmico.

De manera complementaria a este estudio, el Catastro y Registro Minero del SGC adelantó un ejercicio de verificación de las áreas con potencial minero, teniendo en cuenta la siguiente información:

- Los títulos mineros legalmente otorgados e inscritos en el Registro Minero Nacional.

- Las zonas excluibles de la minería contempladas en el artículo 34 del CM y su modificación —Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales de carácter regional, Zonas de Reserva Forestal Protectora, ecosistemas de páramo y humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención RAMSAR

- Zonas mineras indígenas y de comunidades negras, de acuerdo con el derecho de prelación que tiene estas comunidades

- Las áreas donde existen contratos con inversión estatal

- Solicitudes de minería de hecho, solicitudes de minería tradicional y propuestas de contratos de concesión vigentes.

Como resultado de la evaluación, se definieron tres tipos de áreas:

i) Áreas Tipo I: ofrecen un conocimiento geológico, geoquímico y geofísico aceptable, prospectivamente tienen potencial para hallar minerales estratégicos y tienen clasificación entre ≥ 4,4 y hasta el máximo de 5,0. Estas áreas equivalen a 33 polígonos correspondientes a 5.340.126 hectáreas, con potencial para el hallazgo de oro, platino y cobre.

ii) Áreas Tipo II: donde el conocimiento geológico, geoquímico y geofísico es menor, tienen potencial para alojar mineralizaciones, son prioritarias para adquirir el conocimiento requerido para la explotación de minerales y tienen clasificación entre ≥ 3,0 y 4,3. Estas áreas equivalen a 119 polígonos correspondientes a 11.534.992 hectáreas con perspectivas para el hallazgo de oro, platino, cobre, fósforo, uranio y carbón metalúrgico.

iii) Áreas Tipo III: donde el conocimiento geológico, geoquímico, geofísico y minero es bajo, sin embargo las condiciones geológicas indican que tienen potencial para minerales, son prioritarias para la adquisición de la información requerida para la exploración y tienen clasificación ≥ 1,2 y 2,9. Estas áreas equivalen a 61 polígonos correspondientes a 8.530.724 hectáreas, donde puede haber potencial para oro, cobre, platino, coltán, hierro, potasio, magnesio y fosfatos; sin embargo requieren de mayor estudio para corroborar su potencial.

El estudio concluye que, después de realizar las sustracciones mencionadas arriba y eliminando superposiciones de los diferentes tipos de áreas, el área neta total equivale a 21.627.327 hectáreas.

Pero el estudio no termina aquí: se hace además un cruce entre las áreas potenciales como Reservas Mineras Estratégicas y las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, las áreas de reserva forestal regionales y las zonas de utilidad pública declaradas por el gobierno nacional, que se encuentran reportadas ante el Catastro Minero Colombiano.

En el proceso de alinderación fueron eliminados corredores inviables para proyectos mineros y el resultado final equivale a 313 polígonos con un área de 2.900.947,78 hectáreas, las cuales mediante la ya mencionada Resolución 180241 son precisamente las que se delimitan y declaran como Áreas Estratégicas Mineras, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Está disposición establece que la autoridad minera tiene un plazo de cinco años para definir los términos de referencia y los requisitos para escoger al proponente que ofrezca las mejores condiciones y beneficios para el Estado, así como las contraprestaciones mínimas adicionales a las regalías a las que haya lugar.

Ahora bien, el 20 de junio de 2012, la Agencia Nacional de Minería (ANM) expidió la Resolución 0045 “por medio de la cual se declaran y delimitan unas áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras disposiciones” que con los mismos argumentos de la Resolución 180241 y sobre la base del mismo estudio realizado por el SGC [5] delimita y declara áreas estratégicas mineras equivalentes a 22.262.646,81 hectáreas de las cuales 17.570.198.92 hectáreas correspondientes a 202 polígonos en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó.

Esta nueva Resolución otorgó un plazo de diez años a la autoridad minera para definir los términos de referencia y los requisitos para escoger al proponente que ofrezca las mejores condiciones y beneficios para el Estado, así como las contraprestaciones mínimas adicionales a las regalías a las que haya lugar. Una vez realizado el análisis correspondiente a los estudios y a las decisiones tomadas, la confusión es total. No es claro si este número de hectáreas deben sumarse o restarse:
- En el caso en que las sumemos, la superficie total declarada como Áreas Estratégicas Mineras llegaría a cerca de 25.188.759 hectáreas, ya que de trata de municipios y departamentos distintos.

- En el caso en que las restáramos, suponiendo que la Resolución 0045 de junio de 2012 derogó (aunque no es explícito) la Resolución 18 0241 de 2012, el número de hectáreas equivaldría a 22.287.812, pero parece ser que no es el caso.

Vale la pena preguntarse por qué la decisión de declarar Áreas Estratégicas Mineras no fue consultada y concertada con otros sectores de la economía nacional, siendo evidente que esta decisión afecta muchos intereses distintos de los puramente mineros. Lo que sí resulta evidente por ahora es una clara desarticulación dentro del gobierno, junto con un fuerte malestar de la sociedad civil y de las entidades corporativas y la aparente superposición de bienes de utilidad pública e interés nacional, donde pareciera que unos están por encima de otros.