lunes, 25 de julio de 2011

La minería de hecho en Colombia

Defensoría del Pueblo

La minería en pequeña escala, tradicional y de hecho ha sido reconocida por distintos instrumentos internacionales como un tipo de producción que tiene profundas raíces históricas y sociales y que está asentado en la cultura y la economía de América Latina, según los cuales debe considerarse como una forma de erradicación de la pobreza de un gran número de personas que habitan en zonas rurales; los gobiernos que toman medidas para crear un entorno más propicio para los mineros, aumentan también el acceso de la población a una red de seguridad de los ingresos y generan capacidad para liberarse de la pobreza en zonas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. A nivel interno, la legislación minera también reconoce a los mineros de hecho y tradicionales, permite la incorporación de sus actividades a la legalidad y exige de las autoridades la promoción y asesoría de esta clase de mineros para lograr su legalización.
La minería tradicional y de hecho en Colombia, presente en el 44% de los municipios del país, y que representa el 30% del total de las explotaciones mineras, ha sido desarrollada desde la época colonial por mineros que han transmitido sus conocimientos a sus descendientes y que han encontrado en esta actividad su única forma de subsistencia; en particular, en zonas con poca presencia de la institucionalidad del Estado.
No obstante, de un tiempo para acá la mecanización esta actividad, su clandestinidad, el escaso control de las autoridades, la situación de orden público y el uso desaforado de insumos químicos como el cianuro y el mercurio (en el caso de la minería de oro) han traído nefastas consecuencias para los ecosistemas, con una agravio especial para los recursos hídricos, que ha convertido a la minería de hecho en el problema más sensible desde el punto de vista del impacto ambiental que tiene hoy en día el país.
Los mayores efectos sobre los recursos hídricos se deben principalmente a dos factores. De una parte y, en gran medida, las explotaciones carboníferas del país se realizan en zonas de páramo que inciden en las principales fuentes de abastecimiento de agua dulce y de otro lado, la fiebre del oro en varias regiones conlleva la utilización de toneladas de productos químicos que terminan en los ríos circunvecinos y en las aguas freáticas, lo cual genera problemas de salubridad pública irreversibles, con consecuencias a corto y largo plazo.
Se ha estimado que, actualmente, al menos 15.000 familias viven de la minería de hecho o no legalizada en el país, distribuidas en unas 3.600 minas que no cuentan con un título debidamente registrado ante las autoridades mineras. Sobre el particular, el Gobierno ha ofrecido en los últimos quince años tres oportunidades de legalización de las actividades mineras de hecho, que han resultado en un gran fracaso, debido a las cuantiosas inversiones y las pocas unidades de explotación minera legalizadas, ya que hasta el año 2007, de 3.631 solicitudes de legalización, solo se perfeccionaron 23 contratos de concesión.
Además de los fallidos programas estatales, los mineros tradicionales de hecho han visto truncada su aspiración de legalizar sus actividades, debido a la difícil situación de orden público de las zonas mineras, que incluso ha generado hasta al desplazamiento forzado de los mineros locales, como en el caso del sur de Bolívar y del departamento del Cauca.
Otro problema que se ha identificado es que en diferentes territorios de comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) del país, desde mediados de la década de los ochenta hasta hoy, un grupo significativo de actores foráneos ha venido en forma agresiva, de manera inconsulta y sin control de las autoridades competentes, desarrollando actividades mineras de manera indiscriminada e irracional, lo cual ha implicado que se altere y degrade masivamente gran parte de estos territorios, que guardan una amplia biodiversidad. Además estas actividades han generado una fuerte descomposición social: prostitución, alcoholismo, disputas, trabajo infantil, desescolarización y otros graves problemas.Unido a lo anterior, en los últimos años han venido aumentando los conflictos, por una parte, entre las grandes industrias mineras que han logrado la adjudicación de contratos de concesión en zonas en donde, desde vieja data, existe la minería de hecho y por otra, los mineros tradicionales se sienten usurpados y despojados de su único medio de subsistencia, a pesar de que en muchos casos habían solicitado infructuosamente la legalización de sus actividades mucho antes de que se perfeccionaran dichos contratos.
De otro lado, actualmente existe una abierta política de erradicación de la minería ilegal por parte de las autoridades para cortar posibles fuentes de financiación de organizaciones al margen de la ley que utilizan esta actividad como medio de lucro, pero que, según las quejas de las comunidades, resulta discriminatoria con los mineros tradicionales de hecho.
En vista de lo anterior, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión de velar por la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos, adelantó una investigación mediante la cual solicitó información a los alcaldes municipales, a las autoridades ambientales, a las autoridades mineras y a los coordinadores de distritos mineros, entre otros, con el fin de diagnosticar la situación de derechos humanos en el entorno de la minería de hecho en el país y proponer políticas y acciones públicas que permitan garantizar los derechos de los mineros de hecho, mitigar los impactos ambientales causados por esta actividad, disminuir los conflictos entre las grandes concesiones mineras y los mineros tradicionales y velar por los derechos de las comunidades étnicas que habitan en regiones mineras.
A través de esta investigación defensorial se recibió información de 1.010 municipios de los 1.119 que existen en el país, lo que representa un 90% de los municipios, proveniente de las autoridades ambientales, de las alcaldías y de todas las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo. Como el país no cuenta con un censo minero consolidado, los datos que recoge esta investigación resultan los más actualizados y reales hasta la fecha, sobre la minería de hecho en el territorio nacional.
A partir de lo anterior, se obtuvo información de las actuaciones que siguen las autoridades ambientales cuando conocen de un caso de minería de hecho, los inconvenientes que tienen los alcaldes para controlar estas unidades de explotación, los tipos de mineral explotado y el tiempo de explotación de los mineros tradicionales, entre otros aspectos, lo que permite acercarse a la realidad de la minería de hecho en el país y a la política pública formulada por las entidades competentes del Estado.

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