Artículo Publicado en www.nuevoarcoiris.org
A comienzos del mes el gobierno inició la consulta del proyecto de Ley de Desarrollo Rural con las comunidades indígenas y afrodescendientes. El presidente Santos aspira lograr una convergencia de esta iniciativa con la Ley de Restitución de Tierras, la Ley de Regalías, entre otras reformas emprendidas por su administración.
El proyecto de Ley contempla en sus tres ejes principales, consolidar la seguridad para el éxito de la paz, la reorganización regional con base en criterios de productividad y competitividad, junto a una reestructuración institucional y fiscal en el tema agrario.
Los intentos del pasado
Las apuestas en Colombia para lograr un campo moderno y de progreso, industrializado y vinculado a redes de comercio global, se empiezan a impulsar desde 1976 con créditos e infraestructura en el sector rural. Sin embargo, la Ley 200 de 1936 del gobierno de Alfonso López Pumarejo, y el ‘pacto de Chicoral’ de 1973, son los dos hitos históricos por intentar dignificar la vida en el campo.
Estas leyes ya incluían aspectos como la función social de la propiedad, su titulación a los llamados aparceros -que trabajaban en los dominios de los terratenientes-, la protección de los bosques y la aparición de la figura de los ‘jueces de tierras’.
El temor de los terratenientes a perder sus tierras los condujo a presionar a los campesinos a colonizar las fronteras agrícolas del país, expulsándolos de sus fincas. Entre 1951 y 1964 el fenómeno de la colonización aumentó en 90 por ciento.
En 1961 se crea el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria -Incora- con el fin de darle reconocimiento e institucionalidad al campo, y en el 68 nace la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-, como una forma de organización social a las diversas dinámicas campesinas.
Donka Atanasova, investigadora en temas de desarrollo rural, opina que la Ley 160 de 1994 del entonces presidente Cesar Gaviria, es uno de los puntos de partida retomados por el gobierno Santos en su intento de ‘echar’ a andar la locomotora del desarrollo rural. Esta Ley ya contemplaba las zonas de reserva campesina, la regulación de baldíos, el ligar la tierra y la paz, junto a potenciar el mercado agrícola local con un mercado global.
El uso de la tierra hoy
Según diversos cálculos en Colombia hay 63.26 millones de hectáreas de tierra no dedicadas al uso agropecuario. El 44.6% de la tierra en el país sí está siendo usada para la agricultura, pero de este porcentaje casi 25 millones de hectáreas carecen de titulación.
En la ganadería están siendo usadas 38,6 millones de hectáreas y 350 mil son dedicadas a plantación forestal. Estas cifras muestran el uso equivocado que se le está dando hoy a la tierra, pues tan solo 10 millones de hectáreas son aptas para la ganadería, mientras que 14 millones se calculan adecuadas para su uso forestal.
Un estudio realizado para el año 2009 señalaba que una hectárea dedicada a la agricultura, era 12 veces más productiva que una usada para la ganadería. Actualmente el 90% de las áreas sembradas se ocupan de atender la producción de la canasta familiar alimentaria básica de los colombianos.
La Federación Nacional de Ganaderos -Fedegan- anunció en su plan estratégico 2019, devolver a la naturaleza 10 millones de hectáreas dedicadas hoy al ganado. El café sigue siendo el producto rey en los suelos colombianos, con un 18% del total del área de la tierra dedicada al uso agrícola. Pese a ello, la ganadería es la actividad que mayores incentivos del Gobierno recibe.
En 2010 se dispararon en el país las concesiones mineras en departamentos como Amazonas, Caquetá, Putumayo y Chocó. Tan sólo en el Caquetá cinco millones de hectáreas de tierra tienen solicitud para la actividad minera.
Para el 2013 se planea realizar el tercer gran censo agrario del país, pues hoy no está claro en qué manos reales está concentrada la propiedad de la tierra. El índice Gini señala que para el caso de Colombia desde años atrás se viene dando una mayor concentración de la tierra en pocos dueños.
Entre las actividades de agricultura, caza, pesca y silvicultura, el campo le aportó al PIB del país un 6,84, mientras que la minería lo hizo con un 8,20 durante el año anterior, lo que demuestra un repunte en el tema de explotación minera, y un rezago para el campo.
Los retos de la Ley
La realidad es que hoy no se han logrado bajar las tasas de pobreza en el campo, tampoco reducir la inequidad, ni dotar a los campesinos de ventajas competitivas y políticas especializadas.
En Colombia no existe un sistema de información confiable sobre el campo, afirma Atanasova, ‘muestra de ello es que los conflictos en el campo están identificados por factores como la subexplotación, sobreexplotación, operaciones mineras, y las reservas forestales, pero en ningún momento se tienen en cuenta aspectos claves como las disputas territoriales de los grupos al margen de la ley, ya sean guerrillas o bandas emergentes. La legislación colombiana en materia rural no menciona al narcotráfico desde los años 80, pareciera desconocer el problema del país’, puntualiza.
El presidente Santos quiere con la Ley en mano poner freno a la expansión de la frontera agrícola en el país, y que los colonos no sigan tumbando los bosques. Transformar las unidades agrícolas familiares -UAF- en su extensión, y crear áreas rurales para reducir la pobreza en zonas como los Montes de María, Urabá, Cesar, y Tolima en principio.
A juicio de los analistas necesitará para lograr lo anterior tener muy en cuenta problemas como la acumulación de capital, la violencia, y la confrontación por el territorio.
A la luz de un análisis de la propuesta del proyecto de Ley, voces críticas señalan como vacíos preocupantes, entre otros, el concentrar demasiadas funciones en el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural -Incoder-, la representación casi nula de las comunidades en la toma de decisiones, un exceso de confianza en la inversión privada para sostener el desarrollo de la política pública, y la carencia de enfoques especializados que permitan avanzar en temas sensibles como la asociatividad campesina.
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