La comunidad campesina de El Garzal, unas 380 familias, sostiene que necesita la titulación de las tierras donde vive y trabaja hace más de 50 años. Así lo expresaron todas las intervenciones de pobladores durante la visita de una Misión de Verificación sobre derechos humanos el 5 de diciembre a la vereda Nueva Esperanza (corregimiento El Garzal, municipio de Simití, Sur de Bolívar). Y la necesitan porque el Juez Promiscuo de Simití validó en septiembre unas escrituras que Manuel Enrique Barreto consiguió en Notarías de Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox sobre unos bienes de la Nación con carácter inalienable por ley.
La preocupación del campesinado no es menor pues resulta que El Garzal es uno de los últimos rincones del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es mínima. Así mismo, este corregimiento es de los pocos que destina el 100% de sus tierras a la producción de alimentos.
El Garzal es uno de los últimos rincones del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es mínima.
Esta decisión judicial y la amenaza de desalojo chocan de frente con las 64 resoluciones de adjudicación que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) otorgó a familias campesinas en 1999 en Simití. Barreto, que se encuentra también involucrado en el despojo de tierras del predio Guasimales(municipio Córdoba, Bolívar), solicitó en 2005 la revocatoria directa de todas las adjudicaciones con lo que además bloqueó las 130 pendientes de resolución. Antes, en febrero de 2004 la familia Barreto Esguerra interpuso ocho demandas posesorias contra las comunidades campesinas del corregimiento El Garzal que desembocan en esta amenaza de desalojo.
El 22 de septiembre de 2011 el Juez Promiscuo de Simití reconoció la validez de estos títulos a través de un acta de inspección ocular cuyo objetivo era identificar la correspondencia de algunos de estos títulos con el globo de terreno que integra el corregimiento de El Garzal. Para ello designó un perito que debía verificar los linderos de los predios y quien señaló que estos correspondían a los límites mismos del corregimiento de El Garzal. Un habitante de la vereda afirmó al respecto: «La inspección la hicieron desde el río, sin pisar la tierra; desde el río Magdalena entró por Caño Barbudo, siguió por la quebrada Santo Domingo y volvió a salir al río de nuevo. ¡Así comprobó los terrenos de Barreto! Y ahí metió todas las ciénagas».
Esta irregularidad se pone a la fila porque resulta que Barreto tiene en su propiedad los títulos de 13.000 hectáreas para un territorio real de más de 9.000 hectáreas. Repetimos: Enrique Manuel Barreto logró la escrituración de todo El Garzal y los títulos superan en extensión la totalidad del corregimiento.
Asamblea de habitantes de El Garzal junto con miembros de la misión en Nueva Esperanza.
Eso sucedió porque la segregación de los predios La Carolina y el Lote Pita de 2.500 hectáreas cada uno en 14 terrenos diferentes y su venta en 1986 aumentó las hectáreas; y Los Aliados tiene los mismos linderos y extensión que La Carolina, es decir, es el mismo predio pero con otro registro diferente. Este corregimiento está compuesto por 5.000 hectáreas aproximadamente de tierras baldías y otras 6.000 hectáreas aproximadamente que corresponden a cuatro complejos cenagosos y humedales.
Los representantes judiciales de la comunidad advierten que «existen graves indicios que minan la independencia judicial del juez de conocimiento en tanto existen lazos económicos y familiares de primer grado que deberían impedirle e inhabilitarle de manera directa en el desarrollo y continuidad del procedimiento judicial». El abogado que tramitó los registros irregulares a favor de Martín Barreto es padre del juez encargado del caso en Simití que, según fuentes extraoficiales del juzgado, pretende desalojar la vereda Nueva Esperanza el próximo martes 13 de diciembre.
Los apoderados insisten en que el Incoder tiene que intervenir para defender los terrenos baldíos de la Nación. Además, El Garzal estuvo dentro del llamado “Plan de Choque” que el Gobierno nacional publicitó en octubre de 2010 para restituir las tierras a las comunidades que habían sido despojadas a causa del conflicto armado.
Resistencia al despojo
El abogado de la comunidad insiste en que el Incoder tiene que intervenir para defender los terrenos baldíos de la Nación
Las comunidades campesinas de El Garzal han denunciado el caso ante diversas instancias policivas y judiciales y han intervenido tanto en procesos civiles agrarios como en trámites administrativos para lograr la protección y garantía de los derechos a la tierra y al territorio. Así mismo, estas comunidades han recurrido a instancias internacionales con el objeto de lograr la protección de la vida e integridad de las familias que las componen.
Fruto de estas iniciativas ha sido esta Misión de Verificación en la que participaron un docena de personas delegadas de la Iglesia Unida de Cristo de los Estados Unidos, miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y la Embajada de Suiza; por parte del Estado participó un miembro de la Defensoría Regional del Pueblo.
Fruto de estas iniciativas ha sido esta Misión de Verificación en la que participaron un docena de personas delegadas de la Iglesia Unida de Cristo de los Estados Unidos, miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y la Embajada de Suiza; por parte del Estado participó un miembro de la Defensoría Regional del Pueblo.
Las organizaciones nacionales e internacionales que acompañaban esa misión fueron el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, JUSTAPAZ, SWISSAID, Pastoral Social, ECAP, SUIPPCOL, ASK!, delegados regionales de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz y la Fundación Chasquis.
Los participantes en esta misión escucharon el relato de los pobladores que insistieron que desde 1998 no vivían en paz a causa del inicio de la incursión paramilitar en la región: «No se desmovilizaron, sino que se legalizaron», fue la frase de un campesino para referirse a las estructuras paramilitares del Bloque Central Bolívar. Otra campesina que había llegado a la región con su familia hacía más de 30 años declaraba: «Estas tierras no tenían dueño y todo el que llegaba podía trabajar».
Paramilitarismo en la región
Miembros de la comisión internacional de Estados Unidos conociendo el cacao que produce el campesinado de El Garzal.
Los pobladores sienten temor ante las constantes amenazas paramilitares. Afirman que en las ultimas semanas el aumento de la presencia de grupos paramilitares dentro de El Garzal, las amenazas y seguimientos dirigidos contra miembros de la comunidad los colocan en una grave situación de vulnerabilidad y en un inminente riesgo de desplazamiento y despojo de tierras.
Estos hechos han obligado a la Defensoría Regional del Pueblo a reiterar en informes de riesgo que existe una alta probabilidad de un desplazamiento forzado inminente en concurso con otras violaciones a los derechos humanos para la población del corregimiento en los próximos meses. De hecho el Informe de Riesgo número 015-07 A.I. del 15 de junio de 2007 del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo señala El Garzal como uno de los corregimientos con riesgo alto de desplazamiento. Ese informe es plenamente corroborado por un reciente informe de riesgo inminente de la Defensoría del Pueblo, circulado a principios de diciembre, que advierte la grave amenaza de despojo de tierras, desplazamiento forzado, asesinatos, entre otras eventuales violaciones a los derechos humanos de las comunidades de El Garzal.
Olla comunitaria para el almuerzo. El Garzal es de los pocos corregimientos en la región que destina el 100% de sus tierras a la producción de alimentos.
Además, El Garzal ha sido un punto de conexión terrestre y fluvial para las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas. Desde la década de los 80 se instala un gran centro para el acopio y embarque aéreo de la coca producida en Santa Rosa y Simití en la finca La Sucumbeza de Nueva Esperanza. Los pobladores declaran que Manuel Enrique Barreto era quien administraba ese centro hasta que en 1989 la Fuerza Pública intervino los predios.
Con el control paramilitar, los pobladores aseguran que Barreto vuelve a la zona para encargarse de nuevo del negocio. El 28 de mayo de 2008 la Fuerza Pública halló material bélico, fusiles, munición y prendas privativas del Ejército en inmediaciones de la finca La Carolina, propiedad de la familia Barreto y ubicada en la vereda de la Nueva Esperanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario