¿Qué pasa con la Frontino Gold Mines en Segovia ?

Fuente: Periódico Periferia

Mil palabras por una imagen

Antonio Caballero. Revista Arcadia.com

"Todos los indígenas que se metieron con el oro están extintos”, sentencia Leonardo Rodríguez, un jefe de los indios makunas del Vaupés. Se refiere a lo que muestra esta fotografía: a estos raudales de aguas transparentes, verdinegras, que corren entre grandes piedras planas flanqueadas por la masa verde mate de la selva amazónica. Debajo hay oro. La licencia para su explotación la recibió la multinacional minera canadiense Cosigo hace dos años, dentro de lo que el actual ministro de Minas ha llamado la “piñata de concesiones” feriada al aire por sus antecesores en el cargo. Y el pesimista capitán de los makunas sabe lo que se ha sabido desde que hace cinco siglos Cristóbal Colón les escribió a los reyes de España dándoles cuenta de su descubrimiento de ricas tierras: “del oro se hace tesoro...”. Sabe que, como cincuenta años después denunciaría el copista del diario de Colón, fray Bartolomé de Las Casas, la sed de oro fue la causante de “la destrucción de Las Indias”. Y que, como otro siglo más tarde diría Francisco de Quevedo, el oro “hace en las Indias honrado / donde el mundo lo acompaña; / viene a morir en España / y es en Génova enterrado”.

 Porque el oro solo deja ruina. Va a dar a manos de los banqueros prestamistas genoveses del siglo XVII o a transarse hoy en la bolsa de Toronto, eso da igual. Pero se va de donde estuvo, dejando solo un gran hoyo de miseria. Y donde hoy está es aquí, bajo este oscuro y cristalino río Apaporis de la Amazonia colombiana, en el sitio de Yuisi, en donde brota un chorro de agua del cual, cuentan los indios, nació la humanidad. Los colonos blancos que han ido allá a tumbar selva lo llaman, en español, chorro La Libertad. Es un lugar sagrado para muchas tribus y los chamanes locales no dejaron que otras venidas de más lejos, corridas por los blancos, se establecieran ahí. Un juez prohibió que se instalara en el sitio una inspección de policía. Para protegerlo se creó un Parque Nacional, el Yaigojé Apaporis. Fue protestado. Demandas, denuncias, tutelas. Ingeominas, el ministerio, la gobernación, los discrepantes dirigentes tribales y la empresa Cosigo con su licencia bajo el brazo. La cosa ya va en la Corte Constitucional, como todo en Colombia: esos rompientes de espuma que se ven en la foto no son nada junto a las turbulencias jurídicas provocadas por el otorgamiento de la licencia de explotación del oro a la Cosigo. Su vicepresidente de operaciones para América Latina, el señor Andy Rendle, finge asombrarse ante tanto alboroto. “Cuando yo era estudiante, también era ambientalista —confiesa, si es esta la palabra—. Pero ahora que conozco los dos lados sé que ese ambientalismo ciego hace daño”.

 (Todo esto lo cuenta en un magnífico artículo de la revista Semana la cronista Cristina Castro, enviada especial al río).

 Y la Cosigo organiza río abajo, en la maloka de Bocas del Taraira, una “cumbre” de delegados de sus tribus simpatizantes (cinco de las diecinueve comunidades que habitan en el millón de hectáreas de selva que ocupa el Parque Natural). Y les reparte Cocacola y, me imagino, también aguardiente: el arma principal del hombre blanco. Así fueron sometidas las tribus indias de América del norte a cuyos representantes —lo que queda de ellas— la empresa minera invita al evento amazónico y trae en avión desde el Canadá y los Estados Unidos. Después, cuando salga el oro, vendrá lo demás: alcoholismo, prostitución, miseria.

 Lo habitual. En su novela L’or cuenta Blaise Cendrars cómo el descubrimiento del oro a mediados del siglo XIX arruinó la entonces próspera economía agrícola de California, robándole y destruyéndole las tierras. Se quejaba el personaje de Cendrars, el (histórico, y hasta la fiebre del oro riquísimo) general Suter, convertido en mendigo: “La Gran Prostituta que parió el mar fue Cristóbal Colón cuando descubrió América”. Pero en otro continente lo mismo debió pensar casi tres mil años antes del rey Midas de Frigia, quien según la leyenda convertía en oro todo lo que tocaba y, no pudiendo comer oro, murió de hambre. Otras versiones dicen que prefirió suicidarse.

 La Cosigo en el río Apaporis del Vaupés. La Greystar en el páramo de Santurbán de Santander, La Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, en el Tolima. Habría que pensar seriamente en si no deberíamos echarles gargüero abajo una buena gargantada de oro derretido, como hicieron los indios araucanos con el conquistador Pedro de Valdivia para apagarle la sed.

 Nota pesimista: Valdivia no sobrevivió al mal trago. Pero, como es sabido, los indios araucanos están extintos.

 Dice el jefe makuna Leonardo Rodríguez, citado por Cristina Castro: “Igual, como están las cosas ahora, ya comenzamos a morir”.

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Vienen por todo

Francisco Torres, Arauca

Hay palabras que se escriben en piedra. Cuanto más lluvia y viento las azota, más salta a los ojos su contundente verdad. Así, las que escribiera Francisco Mosquera, al denunciar la naturaleza virulentamente rapaz de la política neoliberal dictada por el imperialismo norteamericano y ejecutada con toda pomposidad y servilismo por la oligarquía criolla: vienen por todo.

Sí, vienen por todo. Y esa verdad, combatida, ignorada y trastocada desde el gobierno y los monopolios; ocultada, ridiculizada y despreciada por los grandes medios de comunicación –que, naturalmente, se beneficiaron y benefician de su papel de calanchines, payasos es la palabra que usa el pueblo, en los turbios negociados-; y justificada por la tropa escasa de patria de la mayoría de los gobernantes y políticos locales con la parsimonia de su acostumbrada abyección de pelechar con las migajas que le arrojan de la mesa cargada de manjares de los monopolios y el Estado; esa verdad se ha vuelto tan evidente que esta semana que acaba de pasar, en la Asamblea Departamental de Arauca -un lugar desacostumbrado para escucharla, a no ser en labios del representante del POLO-, un diputado de la bancada de Unidad Nacional se hizo su vocero:

¡Nos quitaron las regalías, también nos quitan las tierras!

Vivir para ver. Y ciego sería quien no viera lo que está pasando en Arauca –y en Colombia- con ocasión de la explotación petrolera entregada privilegiadamente a las multinacionales en detrimento de Colombia. Caño Limón –en las manos ávidas de la OXY- ha dado para otra expoliación, la de los campesinos: primero, desaparecieron las veredas de La Osa, Vivero, Líbano y Corralito de donde salieron 160 familias con la promesa de ser reubicadas, cosa que no se cumplió; y luego, con el fatídico decreto 2664 de 1994, dejaron de ser adjudicables los baldíos situados dentro de un radio de cinco kilómetros de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, con lo cual cientos de familias de las veredas El Sinaí, Nubes A y B, La Yuca, La Becerra, El Sol, La Pesquera, Mata Oscura y La Arenosa se quedaron en la precaria situación de ocupantes, sin títulos de las tierras que en medio de las penalidades desbrozaron, sin posibilidad de un crédito bancario, una ayuda estatal o, ni tan siquiera, de un arreglo de las escuelas a las cuales también se les niega las escrituras. Después, las familias que no tienen títulos en las veredas alrededor del reciente campo de Caricare se encuentran en la misma situación. Ahora, como se denunció en la Duma Departamental, por algún expeditivo medio se englobaron nuevas veredas a la zona de exclusión de campesinos del enclave colonialista.

Tan grave es la situación, que según el INCODER, en el extenso municipio de Arauquita, con 3.281 kilómetros cuadrados, apenas es adjudicable el 33% de su área. Si bien es cierto que hay resguardos indígenas, también lo es que una gran parte de las tierras arauquiteñas no pueden ser tituladas a sus legítimos propietarios por normas hechas a la medida de los apetitos de las multinacionales a las cuales, en cambio, se les permite hacer y deshacer con los ecosistemas como ha sucedido con el santuario del Lipa y ahora va a pasar con la perforación en el lecho de la laguna del Lipa.

Pero como sucede con el neoliberalismo, por malas que sean las cosas pueden llegar a empeorar. Si se llega a encontrar petróleo en los trabajos que adelanta la Pacific el campesinado araucano -que se da con orgullo el título de criollo- de grandes áreas de los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón será excluido de la posibilidad de tener escrituras de tierras que por generaciones ha poseído. Lo mismo puede suceder en Tame, donde la población se ha organizado para oponerse a los trabajos de sísmica que se vienen haciendo en el piedemonte, donde van afectar los nacimientos de agua. A ello añadamos la construcción del Oleoducto Bicentenario con el cual los campesinos verán enajenado casi que a perpetuidad la franja por donde pasa a cambio de una irrisoria indemnización.

De manera que los habitantes de las comarcas petroleras se van a quedar sin regalías, sin tierras, con el irreparable deterioro ambiental y con la catástrofe social y económica, uno de cuyos más visibles efectos es la imparable destrucción de las carreteras por el tráfico de tractomulas al servicio de las petroleras.

Como la tragedia viene generalmente unida a la ironía, y en este caso a la desvergonzada caradura del Gobierno de Santos, mientras al campesinado se le niega la tierra con el artículo 9 del decreto 2664, el Gobierno y el Congreso corren a tumbar la ley 160 y el mencionado decreto en lo que respecta a la Unidad Agrícola Familiar, UAF, para favorecer al capital financiero y a las multinacionales, que están de plácemes porque fueron escuchados sus clamores y en los artículos 45 y 46 del Plan Nacional de Desarrollo se le va a permitir al Estado titularles tierras por encima de la UAF, es decir miles y miles de hectáreas.

Eso sí, nuevamente claman como un canastado de pollo los sufridos magnates para que no les suban y ojala eximan del impuesto predial. Ese que lo pague la ciudadanía de a pie. De todos modos ya hay un ejemplo en ese sentido, las multinacionales petroleras y mineras no pagan impuesto predial ya que no son dueñas en general de las tierras donde extraen los recursos naturales no renovables. Y tampoco pagan industria y comercio a los municipios donde realizan sus actividades. Puede que a estos nuevos llaneros que vienen como zamuros a apoderarse de las siete millones de hectáreas de la altillanura de la Orinoquia también les haga el Gobierno el favorcito de eximirlos de pagar sobre sus actividades comerciales.

Las venas abiertas de Colombia

Darío Arenas

MOIR

Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos –como seguramente ocurrirá con el resto del paquete neoliberal heredado- se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones.

El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que conforman el total del suelo patrio, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin, aproximadamente la superficie de los 4 departamentos más grandes del país (Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta), más todo el Eje Cafetero, Cundinamarca y el Valle del Cauca juntos. Esto en un país, en el que gracias al maremágnum de reformas aperturistas iniciadas en los años 90, el agro y la industria sufrieron un rezago descomunal, y donde se estima que hay disponibles y no cultivadas apenas 4,97 millones de hectáreas para agricultura (1).

Esta es la proporción de la política minera plasmada en el código de minas de 2001 ratificada en la reforma de 2010. Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos –como seguramente ocurrirá con el resto del paquete neoliberal heredado- se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones.

La expansión de la actividad extractiva en Colombia responde, como la gran mayoría de las políticas de nuestros gobiernos, no a las auténticas necesidades del pueblo colombiano sino a intereses ajenos a ellos. Con la economía de las grandes potencias tremendamente debilitada gracias a las recurrentes crisis que el sistema capitalista provoca, con la necesidad de buscar nuevamente riqueza sustentada en los metales preciosos y con precios del oro llegando a sus máximos registros históricos, superando los 1400 dólares la onza, son naturales las expediciones que nuevamente emprenden a países que como Colombia, poseen estos preciados recursos. El capital financiero internacional bajo esta lógica se ha fortalecido y ha asumido un rol preponderante, llegando a tener inversiones en la industria minera mundial del orden de los 84.327 millones de dólares entre 2000 y 2006, a través de proveedores de fondos tan poderosos como JP Morgan, Citigroup, HSBC Holdings, ING, entre otros grandes conglomerados financieros del mundo (2).

Prueba de la desesperada sed de las potencias por los recursos minero-energéticos, reflejada en las invasiones a Irak y Afganistán, es el aprovechamiento de circunstancias coyunturales como la de Libia. Bajo pretextos humanitarios, Estados Unidos retoma posiciones de mando y control sobre los recursos de una zona que ha sido esquiva a sus mandatos.

Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un abrumador ingreso de compañías mineras canadienses a Colombia y que estas representan el 75% de la industria minera mundial, no es de extrañar el alborozo del actual ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry, quien notablemente cómodo con el tipo de relaciones que Colombia posee con el mundo, expresara hace poco: "los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos" (3). Muestras tangibles de la actitud de la alta clase dirigente de nuestro país frente a las grandes potencias y sus intereses. Cabría anotar que solo le restó manifestar al ministro en su arrebato de honestidad brutal, que hace más de un siglo y bajo condiciones similares también nos habían “descubierto” los gringos.

Amagá, El Hoyo-Patía, Suarez, Marmato, La Jagua de Ibirico, Anaime, Quinchía, Tabaco, Pore, Taraira, Socha, Montelibano, Sardinata, Remedios, Buenos Aires, la serranía de San Lucas, Condoto, Cajamarca, son entre muchas otras poblaciones colombianas, el ejemplo del modelo minero que se intenta imponer en nuestro país. Han sido en unos casos, damnificados por las leoninas condiciones laborales fijadas por las transnacionales y testigos de primera mano del abandono estatal, del asfixiamiento y acoso a la minería tradicional local, y en otros, se pretende que sean víctimas de la destrucción de su medio ambiente, del desplazamiento de sus poblaciones, del despojo de su hábitat, del arrebatamiento de sus tradiciones y de la expropiación de sus trabajos, su vida y su historia. Todas estas comunidades tienen suficientes razones para sentirse desamparadas por el Estado y poseen el justo y legítimo derecho a rebelarse en contra de las políticas del acoso y el saqueo agenciadas por quienes en teoría deberían defender sus intereses.

Esta es la verdadera cara de la locomotora minera de Santos. Vagones llenos de gabelas y privilegios para las compañías transnacionales, colmados de exenciones tributarias, descuentos y facilidades enormes para realizar negocios de acuerdo a su conveniencia con formidables márgenes de ganancia, todo ello contrastado con la persecución rastrera a los mineros pequeños y tradicionales de nuestro país. La profundización de la confianza inversionista intenta sumir a una enorme porción de nuestra población en una funesta lógica, inexpugnable según nuestros dirigentes, en la que la inserción en el mercado mundial de economías tan languidecidas y debilitadas como la colombiana debe darse a cualquier costo, sin importar las asimetrías que existan, el lugar rezagado que en él juguemos, y el deterioro que este tipo de políticas generen en nuestra población.

Asistimos a un escenario desolador y apabullante. El prurito por la reprimarización de nuestra economía no tiene parangón alguno, las políticas del despojo, expoliación y pillaje lejos de combatirse se han institucionalizado y se les ha brindado un cariz de progreso y bienestar, cuando en realidad anidan en su interior las mismas fórmulas que han perpetuado el atraso y el subdesarrollo en nuestro país.

Las venas de Colombia siguen abiertas. Las cicatrices que aun conservamos en la piel de nuestra nación, como las de la lucha por nuestra independencia hace 200 años, nos demuestran que los pueblos cuando se resuelven pueden vencer las políticas entreguistas y los regímenes antipatrióticos, y pueden decidir por sí mismos su destino. La concientización, la organización y la movilización deberán marcar el camino para que, al igual que en el caso de la victoria en Santurbán, derrotemos la sumisa entrega de nuestros recursos y podamos descarrilar definitivamente la nefasta locomotora minera de Santos.

*Artículo escrito con relación al II Encuentro Nacional de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME, llevado a cabo el 8 y 9 de Abril de 2011 en Bogotá.

NOTAS DEL AUTOR:

(1) Aurelio Suárez Montoya, Tribuna Roja Nº 111, enero 13 de 2011

(2) Financing Global Mining: The Complete Picture (ed. Rob Morrison), pfi market intelligence, Thomson’s 2007

(3) Calgary (Canadá), 27 Marzo (Agencia EFE)

Multinacionales deben dinero de regalías a departamentos

Cerromatoso le debe a Córdoba 24 mil millones de pesos que, por la demora, ya va en 32 mil millones.

Contraloría encontró irregularidades en Drummond.

Colombia no solo es el país de América Latina que recibe menos ingresos por concepto de regalías e impuestos del sector minero.

Es, además, en el que las compañías explotadoras liquidan menos de lo que deben pagar por sacar los recursos naturales y, en ocasiones, hasta se dan el lujo de demorarse en los desembolsos.

Todo obedece, según la Contraloría General, a que Ingeominas no hace una adecuada fiscalización del asunto.

Lo cierto es que en una investigación que el órgano de control hizo a 10 contratos mineros de años anteriores, se encontró un posible detrimento patrimonial por 400.000 millones de pesos, debido a la mala liquidación o al no pago de las regalías.

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El Parque Natural Tatamá: ¿en la mira de la minería?

El Parque Nacional Natural Tatamá es una reserva ecológica en los límites de Chocó y Risaralda que hace parte de la red nacional de parques naturales de Colombia. Tiene 51.900 hectáreas, de las cuales el 90% se encuentra en excelente estado de conservación. Es también una estrella hidrográfica que alimenta los ríos Cauca y San Juan, entre otros. El parque es un área de confluencia 9 municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle. 

Según el  Plan de Manejo del parque, Tatamá tiene “amplia diversidad biológica y ecosistémica soportada en la diversidad de hábitat y accidentes topográficos, lo cual es más marcado en la vertiente occidental”. La vertiente occidental del parque es la zona selvática chocoana, un área que “posibilita la conexión de hábitat para la permanencia de flujos y de poblaciones viables de mamíferos, aves y flora procedentes de las tierras bajas de selvas húmedas del Chocó y las selvas andinas de la cordillera occidental”. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia de este parque, en la página oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia no aparece su mapa, como si sucede con otros parques. Al observar la cartografía básica publicada en el año 2010 -obtenida informalmente gracias a un técnico de la unidad-, se encuentra una notoria diferencia con el trazado que muchos ambientalistas habían conocido del Parque. La región occidental, que cubría en el departamento del Chocó aproximadamente 10 mil hectáreas de la zona occidental, en el límite entre Condoto y San José del Palmar, ya no hacen parte del mapa oficial.

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lasillavacia.com

El 'Avatar' colombiano

Leonardo Rodríguez Makuna está convencido de que el día en que los mineros pisen el chorro de La Libertad será el fin de su etnia. Para ellos, esa caída de agua es la fuente de la vida. Es un territorio intocable. A este líder indígena del Vaupés no le cabe duda de que con los extranjeros llegará la cerveza, la deforestación, el dinero fácil, la muerte de la cultura. "Todos los indígenas que se metieron con el oro hoy están extintos. El oro es el reflejo de la luz en la tierra, es tan sagrado que es mejor dejarlo quieto", advierte sentado en una casa a orillas del río Apaporis, mientras cuadra en qué canoa podrá llegar al debate en que 300 indígenas de la región discutirán este dilema. "Igual, como están las cosas ahora, ya comenzamos a morir". A lo que Leonardo se refiere con "ahora" es al conflicto que desde hace tres años tiene enfrentados a 1.200 indígenas ancestrales, al sistema estatal de protección del medio ambiente y a Cosigo, una empresa minera canadiense que quiere asentarse en la región de ese lugar sagrado que hoy es parque natural. Esta batalla, que juega su último round en la Corte Constitucional pero que está sucediendo en un punto perdido en la mitad de la selva, en los límites del departamento del Amazonas con el Vaupés, significa todo para 19 comunidades indígenas dueñas de ese territorio, según registros arqueológicos, desde hace casi diez mil años.

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