¿Qué pasa con la Frontino Gold Mines en Segovia ?

Fuente: Periódico Periferia

Mil palabras por una imagen

Antonio Caballero. Revista Arcadia.com

"Todos los indígenas que se metieron con el oro están extintos”, sentencia Leonardo Rodríguez, un jefe de los indios makunas del Vaupés. Se refiere a lo que muestra esta fotografía: a estos raudales de aguas transparentes, verdinegras, que corren entre grandes piedras planas flanqueadas por la masa verde mate de la selva amazónica. Debajo hay oro. La licencia para su explotación la recibió la multinacional minera canadiense Cosigo hace dos años, dentro de lo que el actual ministro de Minas ha llamado la “piñata de concesiones” feriada al aire por sus antecesores en el cargo. Y el pesimista capitán de los makunas sabe lo que se ha sabido desde que hace cinco siglos Cristóbal Colón les escribió a los reyes de España dándoles cuenta de su descubrimiento de ricas tierras: “del oro se hace tesoro...”. Sabe que, como cincuenta años después denunciaría el copista del diario de Colón, fray Bartolomé de Las Casas, la sed de oro fue la causante de “la destrucción de Las Indias”. Y que, como otro siglo más tarde diría Francisco de Quevedo, el oro “hace en las Indias honrado / donde el mundo lo acompaña; / viene a morir en España / y es en Génova enterrado”.

 Porque el oro solo deja ruina. Va a dar a manos de los banqueros prestamistas genoveses del siglo XVII o a transarse hoy en la bolsa de Toronto, eso da igual. Pero se va de donde estuvo, dejando solo un gran hoyo de miseria. Y donde hoy está es aquí, bajo este oscuro y cristalino río Apaporis de la Amazonia colombiana, en el sitio de Yuisi, en donde brota un chorro de agua del cual, cuentan los indios, nació la humanidad. Los colonos blancos que han ido allá a tumbar selva lo llaman, en español, chorro La Libertad. Es un lugar sagrado para muchas tribus y los chamanes locales no dejaron que otras venidas de más lejos, corridas por los blancos, se establecieran ahí. Un juez prohibió que se instalara en el sitio una inspección de policía. Para protegerlo se creó un Parque Nacional, el Yaigojé Apaporis. Fue protestado. Demandas, denuncias, tutelas. Ingeominas, el ministerio, la gobernación, los discrepantes dirigentes tribales y la empresa Cosigo con su licencia bajo el brazo. La cosa ya va en la Corte Constitucional, como todo en Colombia: esos rompientes de espuma que se ven en la foto no son nada junto a las turbulencias jurídicas provocadas por el otorgamiento de la licencia de explotación del oro a la Cosigo. Su vicepresidente de operaciones para América Latina, el señor Andy Rendle, finge asombrarse ante tanto alboroto. “Cuando yo era estudiante, también era ambientalista —confiesa, si es esta la palabra—. Pero ahora que conozco los dos lados sé que ese ambientalismo ciego hace daño”.

 (Todo esto lo cuenta en un magnífico artículo de la revista Semana la cronista Cristina Castro, enviada especial al río).

 Y la Cosigo organiza río abajo, en la maloka de Bocas del Taraira, una “cumbre” de delegados de sus tribus simpatizantes (cinco de las diecinueve comunidades que habitan en el millón de hectáreas de selva que ocupa el Parque Natural). Y les reparte Cocacola y, me imagino, también aguardiente: el arma principal del hombre blanco. Así fueron sometidas las tribus indias de América del norte a cuyos representantes —lo que queda de ellas— la empresa minera invita al evento amazónico y trae en avión desde el Canadá y los Estados Unidos. Después, cuando salga el oro, vendrá lo demás: alcoholismo, prostitución, miseria.

 Lo habitual. En su novela L’or cuenta Blaise Cendrars cómo el descubrimiento del oro a mediados del siglo XIX arruinó la entonces próspera economía agrícola de California, robándole y destruyéndole las tierras. Se quejaba el personaje de Cendrars, el (histórico, y hasta la fiebre del oro riquísimo) general Suter, convertido en mendigo: “La Gran Prostituta que parió el mar fue Cristóbal Colón cuando descubrió América”. Pero en otro continente lo mismo debió pensar casi tres mil años antes del rey Midas de Frigia, quien según la leyenda convertía en oro todo lo que tocaba y, no pudiendo comer oro, murió de hambre. Otras versiones dicen que prefirió suicidarse.

 La Cosigo en el río Apaporis del Vaupés. La Greystar en el páramo de Santurbán de Santander, La Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, en el Tolima. Habría que pensar seriamente en si no deberíamos echarles gargüero abajo una buena gargantada de oro derretido, como hicieron los indios araucanos con el conquistador Pedro de Valdivia para apagarle la sed.

 Nota pesimista: Valdivia no sobrevivió al mal trago. Pero, como es sabido, los indios araucanos están extintos.

 Dice el jefe makuna Leonardo Rodríguez, citado por Cristina Castro: “Igual, como están las cosas ahora, ya comenzamos a morir”.

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Las venas abiertas de Colombia

Darío Arenas

MOIR

Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos –como seguramente ocurrirá con el resto del paquete neoliberal heredado- se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones.

El 40% del territorio colombiano está pedido en concesión para proyectos mineros. De las 114 millones de hectáreas que conforman el total del suelo patrio, cerca de 45 millones están solicitadas para este fin, aproximadamente la superficie de los 4 departamentos más grandes del país (Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta), más todo el Eje Cafetero, Cundinamarca y el Valle del Cauca juntos. Esto en un país, en el que gracias al maremágnum de reformas aperturistas iniciadas en los años 90, el agro y la industria sufrieron un rezago descomunal, y donde se estima que hay disponibles y no cultivadas apenas 4,97 millones de hectáreas para agricultura (1).

Esta es la proporción de la política minera plasmada en el código de minas de 2001 ratificada en la reforma de 2010. Durante el último periodo del gobierno de Uribe se otorgaron la mayor cantidad de títulos mineros en la historia de Colombia y se ahondaron los privilegios de la gran minería transnacional. Ahora, bajo el mandato de Santos –como seguramente ocurrirá con el resto del paquete neoliberal heredado- se pretende profundizar y llevar a sus más altas dimensiones.

La expansión de la actividad extractiva en Colombia responde, como la gran mayoría de las políticas de nuestros gobiernos, no a las auténticas necesidades del pueblo colombiano sino a intereses ajenos a ellos. Con la economía de las grandes potencias tremendamente debilitada gracias a las recurrentes crisis que el sistema capitalista provoca, con la necesidad de buscar nuevamente riqueza sustentada en los metales preciosos y con precios del oro llegando a sus máximos registros históricos, superando los 1400 dólares la onza, son naturales las expediciones que nuevamente emprenden a países que como Colombia, poseen estos preciados recursos. El capital financiero internacional bajo esta lógica se ha fortalecido y ha asumido un rol preponderante, llegando a tener inversiones en la industria minera mundial del orden de los 84.327 millones de dólares entre 2000 y 2006, a través de proveedores de fondos tan poderosos como JP Morgan, Citigroup, HSBC Holdings, ING, entre otros grandes conglomerados financieros del mundo (2).

Prueba de la desesperada sed de las potencias por los recursos minero-energéticos, reflejada en las invasiones a Irak y Afganistán, es el aprovechamiento de circunstancias coyunturales como la de Libia. Bajo pretextos humanitarios, Estados Unidos retoma posiciones de mando y control sobre los recursos de una zona que ha sido esquiva a sus mandatos.

Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un abrumador ingreso de compañías mineras canadienses a Colombia y que estas representan el 75% de la industria minera mundial, no es de extrañar el alborozo del actual ministro de hacienda Juan Carlos Echeverry, quien notablemente cómodo con el tipo de relaciones que Colombia posee con el mundo, expresara hace poco: "los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos" (3). Muestras tangibles de la actitud de la alta clase dirigente de nuestro país frente a las grandes potencias y sus intereses. Cabría anotar que solo le restó manifestar al ministro en su arrebato de honestidad brutal, que hace más de un siglo y bajo condiciones similares también nos habían “descubierto” los gringos.

Amagá, El Hoyo-Patía, Suarez, Marmato, La Jagua de Ibirico, Anaime, Quinchía, Tabaco, Pore, Taraira, Socha, Montelibano, Sardinata, Remedios, Buenos Aires, la serranía de San Lucas, Condoto, Cajamarca, son entre muchas otras poblaciones colombianas, el ejemplo del modelo minero que se intenta imponer en nuestro país. Han sido en unos casos, damnificados por las leoninas condiciones laborales fijadas por las transnacionales y testigos de primera mano del abandono estatal, del asfixiamiento y acoso a la minería tradicional local, y en otros, se pretende que sean víctimas de la destrucción de su medio ambiente, del desplazamiento de sus poblaciones, del despojo de su hábitat, del arrebatamiento de sus tradiciones y de la expropiación de sus trabajos, su vida y su historia. Todas estas comunidades tienen suficientes razones para sentirse desamparadas por el Estado y poseen el justo y legítimo derecho a rebelarse en contra de las políticas del acoso y el saqueo agenciadas por quienes en teoría deberían defender sus intereses.

Esta es la verdadera cara de la locomotora minera de Santos. Vagones llenos de gabelas y privilegios para las compañías transnacionales, colmados de exenciones tributarias, descuentos y facilidades enormes para realizar negocios de acuerdo a su conveniencia con formidables márgenes de ganancia, todo ello contrastado con la persecución rastrera a los mineros pequeños y tradicionales de nuestro país. La profundización de la confianza inversionista intenta sumir a una enorme porción de nuestra población en una funesta lógica, inexpugnable según nuestros dirigentes, en la que la inserción en el mercado mundial de economías tan languidecidas y debilitadas como la colombiana debe darse a cualquier costo, sin importar las asimetrías que existan, el lugar rezagado que en él juguemos, y el deterioro que este tipo de políticas generen en nuestra población.

Asistimos a un escenario desolador y apabullante. El prurito por la reprimarización de nuestra economía no tiene parangón alguno, las políticas del despojo, expoliación y pillaje lejos de combatirse se han institucionalizado y se les ha brindado un cariz de progreso y bienestar, cuando en realidad anidan en su interior las mismas fórmulas que han perpetuado el atraso y el subdesarrollo en nuestro país.

Las venas de Colombia siguen abiertas. Las cicatrices que aun conservamos en la piel de nuestra nación, como las de la lucha por nuestra independencia hace 200 años, nos demuestran que los pueblos cuando se resuelven pueden vencer las políticas entreguistas y los regímenes antipatrióticos, y pueden decidir por sí mismos su destino. La concientización, la organización y la movilización deberán marcar el camino para que, al igual que en el caso de la victoria en Santurbán, derrotemos la sumisa entrega de nuestros recursos y podamos descarrilar definitivamente la nefasta locomotora minera de Santos.

*Artículo escrito con relación al II Encuentro Nacional de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, RECLAME, llevado a cabo el 8 y 9 de Abril de 2011 en Bogotá.

NOTAS DEL AUTOR:

(1) Aurelio Suárez Montoya, Tribuna Roja Nº 111, enero 13 de 2011

(2) Financing Global Mining: The Complete Picture (ed. Rob Morrison), pfi market intelligence, Thomson’s 2007

(3) Calgary (Canadá), 27 Marzo (Agencia EFE)

La olla podrida de Ingeominas

Más de una "piñata", como lo dijo la semana pasada el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, lo que sucedió en Ingeominas se parece a una olla a presión en la que se cocinaron todo tipo de irregularidades. Y esa olla finalmente estalló. Detrás de esta piñata que celebró Ingeominas sin ningún control, dando títulos a cualquiera que presentara un plano topográfico, un formulario, la cédula y pagara el costo de un pin, SEMANA descubrió una mina de denuncias, manipulaciones políticas, compraventa de información privilegiada, oficinas paralelas, y el montaje de un nuevo y millonario Catastro Minero Colombiano (CMC) que nunca funcionó.-

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Semana.com

Multinacionales deben dinero de regalías a departamentos

Cerromatoso le debe a Córdoba 24 mil millones de pesos que, por la demora, ya va en 32 mil millones.

Contraloría encontró irregularidades en Drummond.

Colombia no solo es el país de América Latina que recibe menos ingresos por concepto de regalías e impuestos del sector minero.

Es, además, en el que las compañías explotadoras liquidan menos de lo que deben pagar por sacar los recursos naturales y, en ocasiones, hasta se dan el lujo de demorarse en los desembolsos.

Todo obedece, según la Contraloría General, a que Ingeominas no hace una adecuada fiscalización del asunto.

Lo cierto es que en una investigación que el órgano de control hizo a 10 contratos mineros de años anteriores, se encontró un posible detrimento patrimonial por 400.000 millones de pesos, debido a la mala liquidación o al no pago de las regalías.

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Historia de un descarrile anunciado

Colombia se precia de tener regulación ambiental de sus recursos naturales desde la década de 1970. Diferentes normas han ido reservando suelo para usos protegidos: parques y reservas naturales, páramos y nacederos de agua, resguardos indígenas, entre otros. Sin embargo, a la hora de autorizar solicitudes de exploración minera no se excluyen explícitamente todas las áreas protegidas de las posibles áreas de exploración. Los usos reservados del suelo, por lo tanto, no tienen efecto regulatorio real sobre la exploración minera.

A esa libertad de áreas se suma que para iniciarse como cazador de fortuna minera no se exigen grandes requisitos. Cualquiera con la cédula y unos 100 dólares por hectárea puede hacer una solicitud de exploración. Mucho menos de lo que exigen en un banco para autorizar una tarjeta de crédito. Lo único que realmente verifica Ingeominas es que no se crucen diferentes solicitudes sobre un mismo terreno.

Siendo tan fácil que autoricen una solicitud de exploración, uno espera que sea igualmente fácil encontrar los datos de los afortunados autorizados. No es así. Consultar el catastro minero en la página web de Ingeominas requiere dotes de guaquero: temeridad, paciencia y profundidad para llegar al menos al nombre, cédula, ubicación y fecha de expedición de los afortunados concesionarios. Lo obvio sería que esa información estuviera en una base de datos pública, georeferenciada y descargable. Pero, ¿para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? Además, la dificultad tiene el encanto de facilitar la manipulación, venta y reventa de información sobre cuál terreno tiene o podría tener permiso de exploración y el estado en que se encuentra. El tráfico de información en Ingeominas no tiene nada que envidiarle al tráfico inmobiliario en la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Con ese cuidadoso procedimiento y riguroso diseño institucional arranca la fase de exploración de la locomotora minera. Pero como se temía que semejante rigurosidad procedimental, y el modesto valor de los comodities en el mercado internacional, pudiera espantar la confianza minera, el gobierno le echó un empujoncito regalándole una reducción de impuestos. La receta funcionó y la locomotora arrancó con bríos. Cuando Álvaro Uribe llegó al gobierno en 2002 1,1 millones de hectáreas tenían título minero, en 2006 se pasó a 1,9 millones y en 2009 se llegó a 8,4 millones de hectáreas. Un modesto crecimiento del 600%.

La fase de exploración, claro está, se basa en la confianza y la expectativa, no requiere licencia ambiental. Con ese incómodo paso se entienden después. Cuando toda la jauría de caza fortunas está desatada, título minero en mano, mostrándole los dientes, y la billetera, a los funcionarios, las comunidades y el gobierno.

En ese equilibrado contexto, unos técnicos ambientales deben valorar la viabilidad de los proyectos mineros y las comunidades empiezan a medio enterarse de lo que les viene pierna arriba. No es por lo tanto una sorpresa que el valeroso ejemplo de movilización ciudadana santandereana que logró detener, por ahora, la explotación minera en el páramo de Santurbán sea más una quijotesca excepción que una regla general.

El sentido común, la mínima lógica institucional y la enorme evidencia circunstancial dejan en evidencia que la locomotora minera está descarrilada y produciendo todo menos desarrollo sostenible y prosperidad democrática. Los únicos que parecen no darse por enterados son los maquinistas, la Ministra de Ambiente y el Ministro de Minas.

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Claudia Lopez

lasillavacia.com

El Parque Natural Tatamá: ¿en la mira de la minería?

El Parque Nacional Natural Tatamá es una reserva ecológica en los límites de Chocó y Risaralda que hace parte de la red nacional de parques naturales de Colombia. Tiene 51.900 hectáreas, de las cuales el 90% se encuentra en excelente estado de conservación. Es también una estrella hidrográfica que alimenta los ríos Cauca y San Juan, entre otros. El parque es un área de confluencia 9 municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Valle. 

Según el  Plan de Manejo del parque, Tatamá tiene “amplia diversidad biológica y ecosistémica soportada en la diversidad de hábitat y accidentes topográficos, lo cual es más marcado en la vertiente occidental”. La vertiente occidental del parque es la zona selvática chocoana, un área que “posibilita la conexión de hábitat para la permanencia de flujos y de poblaciones viables de mamíferos, aves y flora procedentes de las tierras bajas de selvas húmedas del Chocó y las selvas andinas de la cordillera occidental”. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia de este parque, en la página oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia no aparece su mapa, como si sucede con otros parques. Al observar la cartografía básica publicada en el año 2010 -obtenida informalmente gracias a un técnico de la unidad-, se encuentra una notoria diferencia con el trazado que muchos ambientalistas habían conocido del Parque. La región occidental, que cubría en el departamento del Chocó aproximadamente 10 mil hectáreas de la zona occidental, en el límite entre Condoto y San José del Palmar, ya no hacen parte del mapa oficial.

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lasillavacia.com