Vienen por todo

Francisco Torres, Arauca

Hay palabras que se escriben en piedra. Cuanto más lluvia y viento las azota, más salta a los ojos su contundente verdad. Así, las que escribiera Francisco Mosquera, al denunciar la naturaleza virulentamente rapaz de la política neoliberal dictada por el imperialismo norteamericano y ejecutada con toda pomposidad y servilismo por la oligarquía criolla: vienen por todo.

Sí, vienen por todo. Y esa verdad, combatida, ignorada y trastocada desde el gobierno y los monopolios; ocultada, ridiculizada y despreciada por los grandes medios de comunicación –que, naturalmente, se beneficiaron y benefician de su papel de calanchines, payasos es la palabra que usa el pueblo, en los turbios negociados-; y justificada por la tropa escasa de patria de la mayoría de los gobernantes y políticos locales con la parsimonia de su acostumbrada abyección de pelechar con las migajas que le arrojan de la mesa cargada de manjares de los monopolios y el Estado; esa verdad se ha vuelto tan evidente que esta semana que acaba de pasar, en la Asamblea Departamental de Arauca -un lugar desacostumbrado para escucharla, a no ser en labios del representante del POLO-, un diputado de la bancada de Unidad Nacional se hizo su vocero:

¡Nos quitaron las regalías, también nos quitan las tierras!

Vivir para ver. Y ciego sería quien no viera lo que está pasando en Arauca –y en Colombia- con ocasión de la explotación petrolera entregada privilegiadamente a las multinacionales en detrimento de Colombia. Caño Limón –en las manos ávidas de la OXY- ha dado para otra expoliación, la de los campesinos: primero, desaparecieron las veredas de La Osa, Vivero, Líbano y Corralito de donde salieron 160 familias con la promesa de ser reubicadas, cosa que no se cumplió; y luego, con el fatídico decreto 2664 de 1994, dejaron de ser adjudicables los baldíos situados dentro de un radio de cinco kilómetros de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, con lo cual cientos de familias de las veredas El Sinaí, Nubes A y B, La Yuca, La Becerra, El Sol, La Pesquera, Mata Oscura y La Arenosa se quedaron en la precaria situación de ocupantes, sin títulos de las tierras que en medio de las penalidades desbrozaron, sin posibilidad de un crédito bancario, una ayuda estatal o, ni tan siquiera, de un arreglo de las escuelas a las cuales también se les niega las escrituras. Después, las familias que no tienen títulos en las veredas alrededor del reciente campo de Caricare se encuentran en la misma situación. Ahora, como se denunció en la Duma Departamental, por algún expeditivo medio se englobaron nuevas veredas a la zona de exclusión de campesinos del enclave colonialista.

Tan grave es la situación, que según el INCODER, en el extenso municipio de Arauquita, con 3.281 kilómetros cuadrados, apenas es adjudicable el 33% de su área. Si bien es cierto que hay resguardos indígenas, también lo es que una gran parte de las tierras arauquiteñas no pueden ser tituladas a sus legítimos propietarios por normas hechas a la medida de los apetitos de las multinacionales a las cuales, en cambio, se les permite hacer y deshacer con los ecosistemas como ha sucedido con el santuario del Lipa y ahora va a pasar con la perforación en el lecho de la laguna del Lipa.

Pero como sucede con el neoliberalismo, por malas que sean las cosas pueden llegar a empeorar. Si se llega a encontrar petróleo en los trabajos que adelanta la Pacific el campesinado araucano -que se da con orgullo el título de criollo- de grandes áreas de los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón será excluido de la posibilidad de tener escrituras de tierras que por generaciones ha poseído. Lo mismo puede suceder en Tame, donde la población se ha organizado para oponerse a los trabajos de sísmica que se vienen haciendo en el piedemonte, donde van afectar los nacimientos de agua. A ello añadamos la construcción del Oleoducto Bicentenario con el cual los campesinos verán enajenado casi que a perpetuidad la franja por donde pasa a cambio de una irrisoria indemnización.

De manera que los habitantes de las comarcas petroleras se van a quedar sin regalías, sin tierras, con el irreparable deterioro ambiental y con la catástrofe social y económica, uno de cuyos más visibles efectos es la imparable destrucción de las carreteras por el tráfico de tractomulas al servicio de las petroleras.

Como la tragedia viene generalmente unida a la ironía, y en este caso a la desvergonzada caradura del Gobierno de Santos, mientras al campesinado se le niega la tierra con el artículo 9 del decreto 2664, el Gobierno y el Congreso corren a tumbar la ley 160 y el mencionado decreto en lo que respecta a la Unidad Agrícola Familiar, UAF, para favorecer al capital financiero y a las multinacionales, que están de plácemes porque fueron escuchados sus clamores y en los artículos 45 y 46 del Plan Nacional de Desarrollo se le va a permitir al Estado titularles tierras por encima de la UAF, es decir miles y miles de hectáreas.

Eso sí, nuevamente claman como un canastado de pollo los sufridos magnates para que no les suban y ojala eximan del impuesto predial. Ese que lo pague la ciudadanía de a pie. De todos modos ya hay un ejemplo en ese sentido, las multinacionales petroleras y mineras no pagan impuesto predial ya que no son dueñas en general de las tierras donde extraen los recursos naturales no renovables. Y tampoco pagan industria y comercio a los municipios donde realizan sus actividades. Puede que a estos nuevos llaneros que vienen como zamuros a apoderarse de las siete millones de hectáreas de la altillanura de la Orinoquia también les haga el Gobierno el favorcito de eximirlos de pagar sobre sus actividades comerciales.

Restitución de tierras públicas

Por: Alfredo Molano Bravo

El invierno ha dejado claras dos cosas. Una, que existe una cota superior que los ríos, quebradas y humedales reclaman, y otra, que la causa principal de la tragedia invernal es la deforestación de las cuencas y el arrasamiento de las selvas.

Es un hecho conocido –y mil veces denunciado– la ocupación de bienes públicos que rodean los humedales, ciénagas y playas. Y no sólo la ocupación, sino la apropiación –con escrituras, firmas y sellos– de esos terrenos para ampliar ganaderías y cultivos comerciales, construir urbanizaciones y hoteles. Los casos más sonados son los humedales de la sabana de Bogotá, las ciénagas del Sinú y el San Jorge, y las playas de La Boquilla. En la sabana las inundaciones están haciendo lo que la ley no ha podido: sacar a los invasores inundándoles sus predios. En el caso del río Sinú, la Corte Constitucional ha considerado criminal la desecación de sus ciénagas (Sentencia T- 194 de 1999) por parte de particulares para luego reclamar los terrenos ganados a las aguas como baldíos nacionales, y permitir así ser adjudicados en propiedad privada. Una marrulla a la que se prestaron el Incora, el Incoder –en las pasadas administraciones– y las notarías. Lo mismo ha sucedido en el Valle del Cauca con las madreviejas por parte de las empresas de caña; en el Magdalena Medio por parte de palmeros y ganaderos; en el Atrato, en el San Juan, en todo el andén pacífico con los manglares, y, claro está, en las cuencas del Orinoco y el Amazonas. En regiones declaradas Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959) –medio país–, las rondas de ríos, lagunas, ciénagas, no pueden ser ocupadas y menos apropiadas. En los ríos Meta, Ariari y Caquetá, los hatos, haciendas y concesiones territoriales llegan hasta la orilla de las aguas. No hay quién haga respetar esa ley. Ni las corporaciones de desarrollo, ni las gobernaciones, ni las alcaldías y menos hoy la Procuraduría Ambiental. Nadie. Los bienes públicos no tienen doliente. La ocupación de playones puede ser autorizada sólo para el pancoger o la pesca artesanal, y es un derecho que tiene que ver con la comida de los campesinos ribereños. Los ganaderos atropellan esta tradición y corren las cercas. También esos terrenos, que el ritmo de las aguas descubren en verano, pueden ser concedidos para cultivos itinerantes; los terratenientes, con la venia oficial, han comprado ese derecho. Poco les importa teniendo de su lado la fuerza pública para defender la propiedad privada.

En general, todas las tierras inundadas en los inviernos –o aguas altas– deberían ser reconocidas  como bienes públicos y defendidas con todos los medios que las instituciones tienen a su alcance: códigos, armas, presupuesto. Ahora cuando entra en vigencia la restitución de tierras usurpadas a particulares –y antes de que la medida se rutinice y palidezca–, el Gobierno debería adoptar como política de Estado devolver las tierras públicas a sus legítimos propietarios, los ciudadanos. Si está dispuesto a restituir dos millones de hectáreas a sus dueños, con mucha mayor fuerza debería empeñarse en reintegrar los bienes públicos a la Nación. El Estado, que hace la guerra para recuperar la soberanía política, hace muy poco para defender los terrenos inajenables e imprescriptibles

El Espectador

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La política de tierras de Santos: un negocio montado para monopolios y banqueros

La cara oculta en la política de tierras: concentrar la tierra de los productores más débiles en manos de los más poderosos. ¿Un capitalismo agrario de monopolios y trasnacionales? Política dictada por el Banco Mundial. No habrá restitución sin legalización de títulos. Índice Gini de 0,87 en concentración de la propiedad rural. La actual política de tierras es el mismo modelo malayo que intentó aplicar Uribe en Carimagua. Santos: la política es la gran explotación agropecuaria, incluso en manos de trasnacionales. La asociación entre el gran inversionista y el pequeño parcelero, una alianza de toche con guayaba madura. La ley de víctimas sale desmejorada de cada debate en comisiones y plenarias. La ley de víctimas, una norma del conflicto, no del posconflicto. La redacción, cada vez más enredada, va a prestarse a mil interpretaciones. No habrá restitución sin antes sanear los títulos. La política queda santificada con un mico en el Plan Nacional de Desarrollo. Las tierras baldías del Estado pasarán a manos de los más poderosos. La extranjerización de la tierra. Es ilegal. Juan Camilo Restrepo destapa el juego en Carimagua.

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