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En defensa de la vida construimos territorio

La solidaridad de un desplazado

El 16 de septiembre de 2001 un grupo de paramilitares llegó al corregimiento de Las Frías, en el municipio del Falan al norte del Tolima y asesinó a 13 campesinos, señalándolos de guerrilleros.  En realidad eran hombres que habían participado en el movimiento campesino que, desde mediados de los años noventa, le había exigido al gobierno soluciones para la crisis cafetera en su región.  Germán Bedoya quien era para entonces presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Norte del Tolima, Asopema, fue a recoger a sus colegas muertos, cuando le avisaron que a él también lo buscaban para matarlo. Tuvo que irse de inmediato.

Desde hacía seis años, Bedoya, con apenas 26 de edad,  ya era un reconocido líder campesino en el norte del Tolima. En poco tiempo había pasado de ser un humilde agricultor que colaboraba con la siembra de café en la finca de su familia, en el Líbano, a encabezar una manifestación de 15 mil campesinos en el parque central de Ibagué.  “El gobierno nos dijo que había que cambiar la variedad de café que sembrábamos –le contó hace unos días Bedoya a VerdadAbierta.com –.  Nos hicieron endeudar en ese proceso y en ese momento llegó la broca y nos quebró.  Nos iban a quitar las fincas por las deudas, por eso salimos a protestar”.

Los campesinos crearon Asopema, una organización que buscaba hacerle cumplir al gobierno los compromisos adquiridos con ellos desde 1995. Pronto, sin embargo, los empezaron a señalar de ser guerrilleros. Pocos meses después de que el paramilitarismo fundara su Bloque Tolima en 2001,  el paramilitarismo creó el Bloque Tolima que se inauguró amenazando a los líderes de la protesta de los cafeteros. Después vino el asesinato y desplazamiento forzado de Bedoya y de muchos otros, según dijo Cristina Pardo, activista de Derechos Humanos, cercana al ex líder de Asopema.

Bedoya comenzó a trabajar para el Coordinador Nacional Agrario, CNA, una ONG que reúne a 13 asociaciones de campesinos de distintos lugares del país. Su tarea era conseguirles nuevos hogares a las familias que estaban huyendo de su Tolima por el terror.  “Él me recibió en Bogotá, nos consiguió ayudas para subsistir y luego nos ubicó un trabajito en otra zona del país para que comenzáramos nuestra vida de nuevo”, cuenta Tenaura Hernández, una de las víctimas del desplazamiento en el norte del Tolima.

Con el CNA, Bedoya logró tener el acompañamiento de varias ONG de Derechos Humanos internacionales, para ayudar a los campesinos desplazados, según cuenta Stephanie Andrade Porras, catedrática de la Universidad del Tolima, que ha investigado el trabajo de Asopema.  “Germán es un referente de supervivencia”, dice la investigadora.  “No pudo volver al Tolima, porque el miedo destruyó los espacios locales para la organización campesina”

Bedoya continúa en el CNA y desde hace un par de años trabaja en el Chocó con comunidades afro que han sido desplazadas de sus tierras.

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V SESIÓN DE LA ESCUELA POLÍTICA INTERCULTURAL "SEMBRANDO RESISTENCIAS" DEL COORDINADOR NACIONAL AGRARIO CNA

El corregimiento de la victoria  municipio Cantagallo Sur de Bolívar y las comunidades campesinas Agromineras que allí viven organizadas en la Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar AFASBA dieron la bienvenida con la calidez y la alegría que  siempre los caracteriza a los estudiantes participantes de la V Sesión de la Escuela Política Intercultural Sembrando Resistencias  del Coordinador Nacional Agrario de Colombia CNA.

A esta escuela llegaron desde Nariño, Valle, Huila, Choco, Tolima, Antioquia, Catatumbo, Sur de Bolívar, Cundinamarca, y Bogotá  a la ciudad petrolera  Barrancabermeja, y  desde allí  navegando sobre las aguas majestuosas del imponente río grande de la Magdalena,  llegaron a las hermosas frescas y torrentosas  aguas del río Cimitarra que,  lleno de vida conduce hacia la comunidad de la victoria; los estudiantes  y facilitadores cargados de cansancio corporal por días de recorrido pero llenos de energías y expectativas para el aprendizaje, analizaron  la coyuntura, profundizaron sobre megaproyectos, infraestructura,  monocultivos  como también herramientas sobre la planificación y los principio  éticos y organizativos que deben tener los lideres en su ser y actuar.

En medio del inmenso calor, los mosquitos que visitan por nubes, intercambiaron por medio del convite productos autóctonos de las regiones, anécdotas de la vida diaria los sueños e ilusiones de un país mejor de un país digno soberano y libre.

Con la mística del reconocimiento cósmico ancestral, y un baño en el  charco el saltillo se reafirma  el compromiso por la defensa de este y todos los territorios y los pueblos de Colombia y del mundo.

Luego con la alegría característica del campesino, la campesina, el afrodescendiente y el indígena inician el retorno con la tarea de desdoblar lo aprendido y a prepararse para las próximas tareas que demandan el esfuerzo organizativo.

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La música sigue sonando y el río sigue cantando.

Con una amplia participación de las delegaciones y el cálido aplauso del público las presentaciones del  primer día llegaron a su fin a las once de la noche.

Pero la fiesta no termina, continuará hoy a partir de las ocho de la mañana con la continuación del campeonato de fútbol y más actos culturales.

Imágenes de la comparsa por el municipio con la que se dio inicio al Pre-Festival del Río Grande de la Magdalena.

Imágenes de la primera jornada.

San Pablo, Bolívar.

Mayo 20 de 2012.

Comunicado N° 1.

A  las doce del medio día se dio inicio al Pre-Festival del Río Grande de la Magdalena con la participación de comunidades, organizaciones sociales y grupos culturales de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Arenal, Rio Viejo, Regidor y Morales del Sur de Bolívar y como invitados especiales las comunidades agromineras del Bajo Cauca representados por ASOAGROMICAUCA, para resaltar las diversas expresiones culturales de la región y para reafirmar la importancia que tiene el río en nuestra vida y en la construcción de territorio.

EL RÍO ES VIDA, NOS REGALA ALIMENTO, ES NUESTRO ALIADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO.

Las comunidades participantes de este espacio determinan :

Pre-festival del Río Grande de la Magdalena

El festival del río grande de la Magdalena es una propuesta construida desde los distintos actores sociales que vivimos alrededor del río: mineros, arrieros, campesinos, pescadores, así como también de aquellos que nos identificamos con el territorio que hace parte de la cuenca del río Magdalena y Cauca, con el propósito de reconocerlo como parte de la cultura del ser campesino y escenario de construcción de la historia nuestras comunidades que encierra desplazamiento, conflicto, muerte; resultados de proyectos planteados para los propósitos de actores externos, los cuales no son compatibles con los intereses  de quienes proyectamos en nuestro espacio de vida desde lo económico, lo cultural, la movilidad y la religiosidad una fuente de existencia y solidaridad entre  las personas que habitamos. 

El festival apropia la cultura ribereña, para presentar y expresar desde los anhelos y aportes de nuestros abuelos, niños,  mujeres la perspectiva del río como elemento del buen vivir: entendiendo que el buen vivir, para nosotros es la propuesta que nace desde las necesidades más sentidas de nuestra comunidad para plantearnos estrategias que nos permitan avanzar y construir nuestras apuestas de vida de una forma autónoma y apropiada a nuestra cultura, en la que se resalte la identidad que permanece desde la tradición y la memoria de nuestros abuelos, colonos, campesinos, mineros y arrieros, la cual encierra la historia de generaciones de nuestro pueblo en la región.

Desde la cultura se abren los espacios para vincular la identidad, la tradición y la memoria, con el ideal de rescatarla, mantenerla y transmitirla mediante los distintos espacios de encuentro y convergencia; fortaleciendo los lazos de hermandad, como habitantes y protectores comunes del territorio. Es así como a través de nuestras trovas, coplas, bailes manifestamos la realidad que vivimos, así como los propósitos de transformación que soñamos para esta.

El Festival del Río como espacio de encuentro cultural, permite la integración de los distintos actores sociales que habitamos la región, desde nuestra diversidad étnica, de practicas económicas y productivas, religiosas,  generacional para que desde la práctica del reconocimiento y respeto podamos construir unidad en nuestras diarias vivencias territoriales. Es así como concebimos los espacios del festival del río, como puntos de encuentro que construyan alternativas a las distintas problemáticas que nos aquejan; entendiendo que quienes habitamos esta región hacemos parte, igualmente de un territorio nacional y que todos quienes lo componemos, dependemos de la existencia de la cuenca de los ríos, montañas, valles, y demás espacios naturales que posibilitan nuestra vida, sabiendo que enfrentamos las mismas problemáticas en estos diversos espacios.

Este festival es de todos, porque somos todos quienes lo soñamos y participamos en su diseño, realización  e impulso, ya que representa una parte importante de la vida de cada participante; de esta manera, los artistas y el público, nos identificamos de la misma manera como gestores del festival.

Históricamente, el festival ha sido una reivindicación de la existencia del rio y de quienes lo habitamos y vivimos con él; han sido muchas personas, organizaciones sociales e institucionales quienes han contribuido a su realización. Actualmente, AFASBA, ASAMIS-SUR, ASOAGROMICAUCA Y CONSEJO PERMANENTE CAMINANDO LA PALABRA nos vinculamos a la realización de este pre-festival, con la intensión de sumarnos a este proyecto de integración cultural a nivel regional,  buscando que cada vez la participación sea más amplia y sea asumido por todos y todas quienes vivimos en este territorio para: rescatar la historia, reconocer el presente y generar alternativas de futuro con la perspectiva de construcción e integración de territorio y ejercicio de poder colectivo sobre todas las relaciones construidas en nuestro río.

Como parte de la comunidad ribereña, nos reconocemos sabedores de una cultura propia, la cual desde los aportes históricos de  indígenas, negros y colonos que habitaron estos territorios se ha ido enriqueciendo y conservando a través del aprendizaje mutuo entre niños y adultos, vinculando la experiencia con la necesidad de aprender, en torno a las practicas cotidianas que nos posibilitan reivindicar el territorio y construir nuestra propia territorialidad.        

Finalmente, como organizaciones sociales hacemos un llamado a los habitantes del Sur de Bolívar, Magdalena Medio y Bajo Cauca y demás organizaciones sociales existentes en la región, para encontrarnos nuevamente en la propuesta de Festival del Rio, con el objetivo de fortalecer el tejido social, y recuperar  el rio Magdalena, para la VIDA, DIGNIDAD y para la construcción de nuestros planes de vida comunitarios.

Atentamente:

Asociación de Familias Agromineras del Sur De Bolívar y Antioquia (AFASBA)

Asociación Agrominera del Sur, Sur Bolívar (ASAMISUR)

Asociación Agrominera del Bajo Cauca (ASOAGROMICAUCA)

Consejo Permanente Caminando la Palabra por un Nuevo Sur de Bolívar

Pre-festival del Río Grande de la Magdalena

Este ha sido un evento histórico por el rescate de la cultura, la identidad y la vida construida por quienes habitan y han habitado ancestralmente la región del Magdalena Medio. Varias organizaciones sociales en diferentes épocas de la historia reciente han promovido la realización del festival y es necesario reconocer el esfuerzo que ellas han realizado hasta el momento. En la actualidad varias organizaciones sociales, entre ellas: AFASBA, ASAMIS-SUR, ASOAGROMICAUCA y CONSEJO PERMANENTE queremos sumarnos a este esfuerzo de muchas y muchos por rescatar nuestra identidad, defender el territorio y su relación con el río, y la permanencia de quienes habitamos en él.

Como organizaciones sociales hacemos un llamado a los habitantes del Sur de Bolívar, Magdalena Medio y demás organizaciones sociales existentes en la región, para encontrarnos nuevamente en la propuesta de Festival del Río con el objetivo de fortalecer el tejido social y recuperar el río Magdalena para la VIDA, para la construcción de nuestros proyectos de vida comunitarios.

El 20 y 21 de mayo lanzamos el pre-festival del río en San Pablo, Sur de Bolívar, con el propósito de revivir esta expresión cultural de la región. Queremos enriquecer a un más esta iniciativa y esperamos que las propuestas de los habitantes de la región y sus organizaciones sociales nutran y hagan realidad en esta dinámica social y cultural. Los invitamos a construir entre todos y todas el Festival del Río Grande de la Magdalena.

Porque la identidad, la vida digna, el territorio, el río Magdalena, la organización comunitaria y nosotros como seres humanos hacemos parte del tejido social a reconstruir.

El río es vida, nos regala alimento, es nuestro aliado en la construcción de nuestro territorio.

Invitan:

Luego de un largo periodo de ausencia, retomamos este espacio para difundir y comunicar las activiades y noticias de esta hermosa región

Minería en Colombia. PBI

"Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y alberga a más del 10% de las especies de plantas y animales mundiales. Pero hoy día, el 40% del territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención del Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que tiene consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.

Con el objetivo de estimular el desarrollo del sector minero el Gobierno ha promovido cambios normativos que han abierto camino para la intensificación de la explotación minera ya que

declaró la minería como una «actividad de utilidad pública y de interés social», lo que permite la expropiación unilateral de bienes. También declaró la lucha contra la minería «ilegal» y concedió títulos mineros en zonas protegidas como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes."

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La comunidad de El Garzal (Sur de Bolívar) denuncia posible apropiación ilegal de tierras del Estado y una amenaza de desalojo

La comunidad campesina de El Garzal, unas 380 familias, sostiene que necesita la titulación de las tierras donde vive y trabaja hace más de 50 años. Así lo expresaron todas las intervenciones de pobladores durante la visita de una Misión de Verificación sobre derechos humanos el 5 de diciembre a la vereda Nueva Esperanza (corregimiento El Garzal, municipio de Simití, Sur de Bolívar). Y la necesitan porque el Juez Promiscuo de Simití validó en septiembre unas escrituras que Manuel Enrique Barreto consiguió en Notarías de Bogotá, Cartagena, Simití y Mompox sobre unos bienes de la Nación con carácter inalienable por ley.

La preocupación del campesinado no es menor pues resulta que El Garzal es uno de los últimos rincones del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es mínima. Así mismo, este corregimiento es de los pocos que destina el 100% de sus tierras a la producción de alimentos.

El Garzal es uno de los últimos rincones del Sur de Bolívar donde la concentración de la tierra es mínima.

Esta decisión judicial y la amenaza de desalojo chocan de frente con las 64 resoluciones de adjudicación que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) otorgó a familias campesinas en 1999 en Simití. Barreto, que se encuentra también involucrado en el despojo de tierras del predio Guasimales(municipio Córdoba, Bolívar), solicitó en 2005 la revocatoria directa de todas las adjudicaciones con lo que además bloqueó las 130 pendientes de resolución. Antes, en febrero de 2004 la familia Barreto Esguerra interpuso ocho demandas posesorias contra las comunidades campesinas del corregimiento El Garzal que desembocan en esta amenaza de desalojo.

El 22 de septiembre de 2011 el Juez Promiscuo de Simití reconoció la validez de estos títulos a través de un acta de inspección ocular cuyo objetivo era identificar la correspondencia de algunos de estos títulos con el globo de terreno que integra el corregimiento de El Garzal. Para ello designó un perito que debía verificar los linderos de los predios y quien señaló que estos correspondían a los límites mismos del corregimiento de El Garzal. Un habitante de la vereda afirmó al respecto: «La inspección la hicieron desde el río, sin pisar la tierra; desde el río Magdalena entró por Caño Barbudo, siguió por la quebrada Santo Domingo y volvió a salir al río de nuevo. ¡Así comprobó los terrenos de Barreto! Y ahí metió todas las ciénagas».

Esta irregularidad se pone a la fila porque resulta que Barreto tiene en su propiedad los títulos de 13.000 hectáreas para un territorio real de más de 9.000 hectáreas. Repetimos: Enrique Manuel Barreto logró la escrituración de todo El Garzal y los títulos superan en extensión la totalidad del corregimiento.

Asamblea de habitantes de El Garzal junto con miembros de la misión en Nueva Esperanza.

Eso sucedió porque la segregación de los predios La Carolina y el Lote Pita de 2.500 hectáreas cada uno en 14 terrenos diferentes y su venta en 1986 aumentó las hectáreas; y Los Aliados tiene los mismos linderos y extensión que La Carolina, es decir, es el mismo predio pero con otro registro diferente. Este corregimiento está compuesto por 5.000 hectáreas aproximadamente de tierras baldías y otras 6.000 hectáreas aproximadamente que corresponden a cuatro complejos cenagosos y humedales.

Los representantes judiciales de la comunidad advierten que «existen graves indicios que minan la independencia judicial del juez de conocimiento en tanto existen lazos económicos y familiares de primer grado que deberían impedirle e inhabilitarle de manera directa en el desarrollo y continuidad del procedimiento judicial». El abogado que tramitó los registros irregulares a favor de Martín Barreto es padre del juez encargado del caso en Simití que, según fuentes extraoficiales del juzgado, pretende desalojar la vereda Nueva Esperanza el próximo martes 13 de diciembre.

Los apoderados insisten en que el Incoder tiene que intervenir para defender los terrenos baldíos de la Nación. Además, El Garzal estuvo dentro del llamado “Plan de Choque” que el Gobierno nacional publicitó en octubre de 2010 para restituir las tierras a las comunidades que habían sido despojadas a causa del conflicto armado.

Resistencia al despojo

El abogado de la comunidad insiste en que el Incoder tiene que intervenir para defender los terrenos baldíos de la Nación

Las comunidades campesinas de El Garzal han denunciado el caso ante diversas instancias policivas y judiciales y han intervenido tanto en procesos civiles agrarios como en trámites administrativos para lograr la protección y garantía de los derechos a la tierra y al territorio. Así mismo, estas comunidades han recurrido a instancias internacionales con el objeto de lograr la protección de la vida e integridad de las familias que las componen.
Fruto de estas iniciativas ha sido esta Misión de Verificación en la que participaron un docena de personas delegadas de la Iglesia Unida de Cristo de los Estados Unidos, miembros de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y la Embajada de Suiza; por parte del Estado participó un miembro de la Defensoría Regional del Pueblo.

Las organizaciones nacionales e internacionales que acompañaban esa misión fueron el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, JUSTAPAZ, SWISSAID, Pastoral Social, ECAP, SUIPPCOL, ASK!, delegados regionales de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz y la Fundación Chasquis.

Los participantes en esta misión escucharon el relato de los pobladores que insistieron que desde 1998 no vivían en paz a causa del inicio de la incursión paramilitar en la región: «No se desmovilizaron, sino que se legalizaron», fue la frase de un campesino para referirse a las estructuras paramilitares del Bloque Central Bolívar. Otra campesina que había llegado a la región con su familia hacía más de 30 años declaraba: «Estas tierras no tenían dueño y todo el que llegaba podía trabajar».

Paramilitarismo en la región

Miembros de la comisión internacional de Estados Unidos conociendo el cacao que produce el campesinado de El Garzal.

Los pobladores sienten temor ante las constantes amenazas paramilitares. Afirman que en las ultimas semanas el aumento de la presencia de grupos paramilitares dentro de El Garzal, las amenazas y seguimientos dirigidos contra miembros de la comunidad los colocan en una grave situación de vulnerabilidad y en un inminente riesgo de desplazamiento y despojo de tierras.

Estos hechos han obligado a la Defensoría Regional del Pueblo a reiterar en informes de riesgo que existe una alta probabilidad de un desplazamiento forzado inminente en concurso con otras violaciones a los derechos humanos para la población del corregimiento en los próximos meses. De hecho el Informe de Riesgo número 015-07 A.I. del 15 de junio de 2007 del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo señala El Garzal como uno de los corregimientos con riesgo alto de desplazamiento. Ese informe es plenamente corroborado por un reciente informe de riesgo inminente de la Defensoría del Pueblo, circulado a principios de diciembre, que advierte la grave amenaza de despojo de tierras, desplazamiento forzado, asesinatos, entre otras eventuales violaciones a los derechos humanos de las comunidades de El Garzal.

Olla comunitaria para el almuerzo. El Garzal es de los pocos corregimientos en la región que destina el 100% de sus tierras a la producción de alimentos.

Además, El Garzal ha sido un punto de conexión terrestre y fluvial para las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas. Desde la década de los 80 se instala un gran centro para el acopio y embarque aéreo de la coca producida en Santa Rosa y Simití en la finca La Sucumbeza de Nueva Esperanza. Los pobladores declaran que Manuel Enrique Barreto era quien administraba ese centro hasta que en 1989 la Fuerza Pública intervino los predios.

Con el control paramilitar, los pobladores aseguran que Barreto vuelve a la zona para encargarse de nuevo del negocio. El 28 de mayo de 2008 la Fuerza Pública halló material bélico, fusiles, munición y prendas privativas del Ejército en inmediaciones de la finca La Carolina, propiedad de la familia Barreto y ubicada en la vereda de la Nueva Esperanza.

Cómo las transnacionales minero-energéticas evaden impuestos al país

Robledo: «Si hay una cosa abstrusa en Colombia es el sistema impositivo que está diseñado para que nadie lo entienda porque de la confusión salen las ganancias; el país puede ser literalmente saqueado si se les antoja a las empresas».

La intervención del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo en la Comisión Quinta del Senado el 22 de noviembre de 2011 ayudó a aclarar las cifras sobre dónde se quedan los impuestos al sector minero-energético en Colombia y aportó luces para entender su importancia económica para las finanzas del país. La conclusión es que a parte de que el Estado rebaja impuestos para favorecer la inversión y aporta recursos como infraestructura o seguridad para mejorar y proteger el negocio, las empresas hacen lo posible para evadir sus obligaciones fiscales. El Estado se lo pone fácil: 16 personas del Ministerio de Minas y Energía controlan la producción diaria de los 341 yacimientos de petróleo que hay en el país; y a cada uno de los 105 auditores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) le corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta (de las cuales, 46 son del sector minero-energético). Consecuencia: el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las propias empresas a su conveniencia.Los empujes a la locomotora minero-energética

Desde que Juan Manuel Santos se instaló como presidente de Colombia fijó como una de sus “locomotoras” económicas el sector minero-energético. Con ello estaba indicando que el Gobierno concedería todas las facilidades para que las empresas transnacionales, principalmente, inviertan en el país porque eso traería grandes beneficios. Robledo aseguró que por cada 68 dólares que se invierten en el país en ese sector, salen 100 con lo que Colombia se convierte en exportador neto de capital. Robledo advierte que Colombia no está siendo capaz de producir las divisas para que su aparato productivo funcione: «El desbalance de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2010 llega a 8.500 millones de dólares; el país se está literalmente desbarantando con lo que el discurso de que la inversión extranjera nos salva no es real: está saliendo más plata de la que entra».

Los esfuerzos gubernamentales en los últimos años se han dedicado a generar la suficiente confianza para la inversión extranjera. Por ello la Ley 756 de 2002 alteró el porcentaje de las regalías —impuesto a los recursos naturales extraídos— que quedó dependiendo del volumen de producción. Por ejemplo el porcentaje en el sector petrolero entre 1994 y 2002 era del 20% para todos los yacimientos, sin importar el volumen de la producción. Hoy en día los cálculos según los datos del Ministerio de Minas para todos los campos petroleros son de un promedio del 13,69% en regalías. Para Robledo, las regalías deberían aumentar por volumen de producción y por precio del producto para que cuando suban los precios del oro o el petróleo, ello también se vea reflejado en los ingresos para el Estado.

Los incentivos y el mejoramiento del marco legal

En el año 2003 el Gobierno transformó la estatal Empresa Colombiana de Petróleos en Ecopetrol S.A. y le abrió las puertas de la privatización. También creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente administrador y regulador del recurso hidrocarburífero del país con lo que, según la misma ANH, «comenzó la transformación de Colombia en un país nuevamente prospectivo y atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros». Las “Razones para invertir en Colombia” de la ANH son un resumen de las ventajas del país que muestran un panorama inmejorable: «En la actualidad Colombia presenta un régimen atractivo, estabilidad económica y política (entre las mejores de Latinoamérica), una Agencia plenamente operativa, una elevada confianza entre los inversionistas y un gran potencial geológico».

Las ventajas para las empresas de invertir en Colombia las resume un estudio de la firma Ernst & Young de 2011 sobre las transacciones en el sector de minería y metales en el mundo durante el año 2010 y el panorama para 2011 que señaló lo siguiente: «El nuevo gobierno colombiano considera que el sector de minerales y metales es una locomotora que impulsará el crecimiento económico y ha introducido medidas a favor de la inversión extranjera. Soportándose en incentivos tributarios, liberalización y en un mejoramiento del marco legal, se ha incrementado la participación extranjera en la economía, la inversión extranjera directa —particularmente en los sectores de minerales y metales— está liderando el sector económico. Una serie de reformas han tenido éxito en reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos, proteger la inversión y en incrementar la transparencia del gobierno. La estabilidad de la tenencia está garantizada con contratos mineros que se renuevan automáticamente por el tiempo de agotamiento de la mina».

Desde el 22 y hasta el 25 de noviembre tiene lugar el XIV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2011 “Petróleo, Gas y Biocombustibles: Locomotora para el progreso” en el Country Club de Bogotá que organiza hace 26 años la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET). En el evento cuya inscripción individual cuesta 928 dólares tendrá lugar el prelanzamiento de la “Ronda Colombia 2012” —la ANH ya convocó la llamada “Ronda Colombia 2010” en 2009 para ofertar 170 bloques petroleros en todo el territorio colombiano— y se hablarán, probablemente, de las necesidades de las empresas extractivas para seguir obteniendo más ventajas para su negocio.

Trabas ambientales

Por ejemplo, al presidente de ACIPET, Héctor Barrera, le molesta la demora en las licencias ambientales ya que reclama que en 2009 tardaban seis meses en ser aprobadas y en la actualidad más de un año. Barrera sostiene que si no fuera por ese obstáculo, «ya estaríamos produciendo un millón de barriles diarios», meta del Gobierno para la producción petrolera que todavía no alcanza ya que está situada en los 830.000 barriles diarios, según las empresas.

Las preocupaciones del sector empresarial son las trabas que ven en las licencias ambientales, la falta de infraestructura y la carga impositiva como ya apuntaron en el “Mining Management Summit” el 21 de noviembre en el Hotel Sheraton de Bogotá con la presencia de empresarios nacionales e internacionales. En ese evento cuya inscripción individual tiene un costo de 580 dólares, el recién ministro de Minas y Energía, el economista Mauricio Cárdenas, hizo un llamado para que las autoridades ambientales solucionen la confusión que hay en las exigencias para la actividad minera. Según información de Portafolio, diario económico organizador del evento, el funcionario señaló que no se puede confundir exploración con explotación y exigirles a las compañías acciones de mitigación como si ya estuvieran extrayendo los recursos cuando apenas están conociendo el potencial del subsuelo.

Inversión billonaria en infraestructura

El Gobierno a través del ministro Cárdenas en su documento presentado en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura anunció la inversión billonaria con la que pretende resolver las necesidades de infraestructura que el sector privado ha requerido con urgencia para el sector minero-energético. Así, oleoductos, gasoductos, puertos, centros de almacenamiento, obras de dragado para navegabilidad marítima y fluvial, subestaciones y expansión de energía, modernización de refinerías y red ferroviaria hacen parte del plan de inversiones que supera los 7.000 millones de dólares hasta el 2014. Según Cárdenas, el objetivo es que el sector disponga de las condiciones necesarias para asegurar el suministro confiable de hidrocarburos y energía eléctrica.

Sistema impositivo obstruso

El senador Jorge Enrique Robledo afirmó en el debate de la Comisión Quinta que «si hay una cosa obstrusa en Colombia es el sistema impositivo que está diseñado para que nadie lo entienda porque de la confusión salen las ganancias». El senador del PDA indica que también hay una confusión en el manejo de cifras y términos ya que hay informes que separan sectores (hidrocarburos y minería) y rubros (como regalías o impuestos) y luego los mezclan. Advierte que así los impuestos son más fáciles de evadir, que hay problemas de auditoría y de normas, que se manipulan cifras frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), que hay descuentos tributarios por la vía de la legalidad y algo que le parece muy grave: el Gobierno cree las cifras que le reportan las transnacionales —que son la base para el cobro de regalías— por una cuestión de fe pues no hay capacidad de comprobarlas.

Canon superficiario

Según un estudio del consultor, docente y economista Guillermo Rudas, los mineros deberían pagar por canon superficiario —impuesto por explorar un área que depende de su extensión en hectáreas— entre 150.000 y 450.000 millones de pesos anuales pero INGEOMINAS recibe entre cinco y catorce veces menos por este canon. Rudas señala que el ente estatal no reporta si esos ingresos están siendo redirigidos a los entes municipales o departamentales y tampoco si ha anulado los títulos que otorgarían esos ingresos.

Así, entre 2005 y 2009 se debieron pagar por canon superficiario como mínimo 293.832 millones de pesos pero INGEOMINAS reportó $99.948 millones de ingresos por este concepto: una diferencia de 193.884 millones, que es la cifra que la minería ha dejado de pagar. Es posible que esta cifra sea mayor, como lo señala Rudas, pues hay empresas que deben pagar más de un salario mínimo diario por hectárea —que es el valor con que se establece el pago—.

En la entrevista deSalud Hernández a Guillermo Rudas en La República del 18 de julio de 2011, éste afirma: «Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de 6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de 6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de 3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta».

Irregularidades descritas por la DIAN

El informe “El sector minero como motor del desarrollo” del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, del 6 de octubre de 2011 señala irregularidades de algunas empresas del sector petrolero. Literalmente:

Inflan el valor contable de los activos fijos.

Incluyen gastos como activos fijos.

Reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial.

Incrementan las provisiones aceleradamente sin responder a una racionalidad económica, para incrementar costos. Estos recursos se conservan en efectivo en el exterior.

Disfrazan de legal, importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador que incluyen como activos fijos que usan para la deducción especial.

Sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas.

Inflan los costos de los servicios contratados (transporte, servicios técnicos y asistenciales, etc.) para disminuir la base gravable.

Contratan servicios con firmas cuyos representantes legales son los mismos abogados asesores de las compañías.

Muchas de las irregularidades tienen que ver con inflar los costos y las inversiones en activos fijos; esta práctica se usa para disminuir el impuesto de renta aumentando las deducciones. Para sacar la renta líquida gravable —que es la cifra a la que se le aplica la tarifa del 33%— a los ingresos se les restan los costos y las deducciones (gastos operacionales de administración y de ventas, deducción por inversiones en activos fijos y otras). Al inflar los gastos e inventarse inversiones en activos fijos, las empresas aumentan las deducciones para, tal y como afirma el director de la DIAN, «disminuir la base gravable» con lo que reducen el valor del impuesto de renta que deben pagar.

Sobre el sector minero, el informe de la DIAN refleja una situación similar sobre las prácticas de algunas empresas. Literalmente:

Efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales.

El 100% de las ventas lo hacen a compañías vinculadas.

No hay información disponible (estados financieros, composición del negocio, etc.) de los compradores.

Presunción de profit-shifting [reubicación de ingresos en países de baja imposición fiscal] para disminuir la base gravable y ser responsables de un menor impuesto a cargo.

Problemas de auditoría

Para las cuestiones de auditoría y fiscalización los números no son tan boyantes. Por ejemplo, según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, «el número de funcionarios auditores para fiscalizar los contribuyentes de los sectores minero e hidrocarburos a nivel nacional son 105». Si vemos que los declarantes del impuesto de renta en el año 2010 de ese sector son 4.868 (2.631 personas jurídicas y 2.217 naturales), eso significa que a cada funcionario de la DIAN le corresponde vigilar las declaraciones de 46 contribuyentes. El problema viene cuando miramos que estos 105 funcionarios no sólo se encargan de vigilar y controlar estos sectores, pues deben fiscalizar todos los sectores económicos del país que implican, según el impuesto de renta para 2009, 1.397.012 contribuyentes (1.099.865 personas naturales y 297.147 jurídicas). Conclusión: a cada auditor de la DIAN le corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta anuales.

Por otro lado, según el Ministerio de Minas y Energía, 16 personas controlan la producción de los 341 yacimientos petroleros que hay en el país, es decir, cada funcionario supervisa cada día la producción de 22 pozos que es la base para la imposición de las regalías. La conclusión es que el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las empresas.

El Ministerio de Minas señala que la reciente creación de la Agencia Nacional Minera y los recursos que la Ley de regalías destina a la fiscalización —un 2% del total— van a mejorar la fiscalización estatal. Esa cantidad destinada a la fiscalización serían unos 170.000 millones de pesos anuales para lo que el Ministerio está adelantando un proceso de selección pública para la contratación con firmas externas de algunas actividades de apoyo a la fiscalización. Para el senador Robledo, «algunas de estas actividades se van a privatizar para montar un negocio con la fiscalización y esa función le corresponde al Estado, no puede renunciar al control del recaudo. ¿Por qué tiene que ganar el capital privado en cada cosa que hace el Estado?».

Hay que proteger la bonanza petrolera

Además de todo lo anterior, el Estado intenta garantizar la seguridad del negocio. El Plan Energético y Vial consta de once batallones de 800 a 1.000 efectivos del Ejército ubicados en ciudades intermedias en las cuales tienen presencia empresas de petróleo, carbón, oro y de generación eléctrica. Con cifras de 2005, el mayor del Ejército Nacional José Obdulio Espejo Muñozsostiene que el dinamismo económico «ocurre en el sector petrolero gracias a la activación de los 11 batallones del Plan Especial Energético y Vial que prestan seguridad física a un sistema de 4.465 kilómetros de redes principales de oleoductos y 3.980 kilómetros de poliductos del país».

Según la revista Semana, en junio de 2011 «el 11% de los efectivos del Ejército y la Armada —cerca de 30.000 hombres— están dedicados hoy a cuidar pozos, oleoductos y prospecciones mineras». Pero ahora en noviembre, el nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que cerca del 30% del Ejército —unos 80.000 soldados— cuida la infraestructura petrolera motivado, entre otras cosas, por las protestas laborales en Puerto Gaitán y Barrancabermeja.

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Pequeños mineros paran las obras de la hidroeléctrica Pescadero-Ituango por la falta de agua para sus familias

La Asociación de Pequeños Mineros Afectados por el Proyecto Hidroituango (ASOMITUANGO) paraliza desde hace 15 días las obras del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango en el municipio de Briceño (Antioquia). Los mineros asentados en las playas conocidas como Icura afirman que están cansados de los atropellos cometidos una y otra vez por las firmas contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y decidieron el 6 de noviembre no permitir la continuidad en la construcción de la vía que conducirá de Medellín a Ituango a la altura del kilómetro 4,9.

ASOMITUANGO señala que durante la construcción de esta vía han visto vulnerado el derecho al agua, a un medio ambiente sano y a la seguridad de las personas que trabajan en la parte baja de las obras viales. También informan que mediante actas el consorcio Pescadero I, empresa que construye la obra, se ha comprometido en diferentes ocasiones a proteger las aguas que atraviesan la zona además de establecer las medidas necesarias para que los deslizamientos producidos no afecten a las personas que se encuentran en la parte baja. ASOMITUANGO denuncia que esto no se ha cumplido: «La obra no sólo ha contaminado, convirtiendo en lodo el agua para consumo humano, sino que ha secado quebradas; y en otras los trabajadores arrojan basuras, orinan y se bañan en las quebradas sin importar que sea esta agua la que abastece a una comunidad».

ASOMITUANGO declara que a pesar del miedo por la agudeza del conflicto armado en la zona y las amenazas de miembros de la empresa VISE, encargada de la vigilancia del proyecto, la comunidad minera está decidida a permanecer en el área hasta que EPM directamente, no sus contratistas, den solución a las problemáticas.

Mesa de Articulación por la Defensa del Territorio

El 10 de noviembre de 2011 personas, colectivos y comunidades de la zona conformaron en Ituango la Mesa de Articulación Social por la Defensa del Territorio con la finalidad de visibilizar lo que está sucediendo en la región y de abrir las posibilidades de diálogo con diferentes actores estatales y privados. Este espacio asume la vocería de las comunidades impactadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico y denuncia que las afectaciones principales en la zona son la agudización del conflicto armado; la pérdida de la vocación agropecuaria y la tierra; la transformación del paisaje natural; la pérdida de caminos y puentes que mantenían las vías de comunicación y comercialización entre las comunidades nativas, el decrecimiento de las economías locales, la pérdida de empleos rurales y urbanos; aumento de la prostitución, drogadicción y alcoholismo; aumento de las madres solteras y los embarazos no deseados; aumento de enfermedades de transmisión sexual; aumento de la violencia y discriminación contra las mujeres.

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