Las Minas que más Matan no son las Quiebrapatas

A propósito de la locomotora de la minería y el eslogan 

“Colombia, país minero 2019”.

Si bien Marmato, La Colosa y Santurbán son los casos más sonados de megaminería socio-ecocida, la realidad es que Colombia está llena de minas asesinas, y no precisamente quiebrapatas.

Se calcula que existen 8´600.000 de hectáreas en concesión para explotación de oro, cobre, molibdeno y mármoles, principalmente, frente a 47´000.000 de Ha de Parques Nacionales; el 25% del área en concesión se encuentra dentro de resguardos indígenas y reservas de flora y fauna. Así mismo, después del gobierno criminalmente corrupto y genocida de Álvaro Uribe, el 40% del territorio continental nacional está solicitado en concesión para explotación minera.

El siguiente es parte del historial de despojo y muerte por cuenta de las transnacionales mineras en Colombia, quienes con decidido apoyo del estado en conjunto con las fuerzas militares y paramilitares, se encargan de allanar el terreno para establecer sus campamentos y minas de explotación a gran escala. Las siguientes son algunas notas testimoniales extraídas del Encuentro Acción Colectiva y Megaproyectos Mineros, realizado el 18 y 19 de Mayo de 2011 en la Universidad Javeriana, con la participación de habitantes de las comunidades afectadas, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos interesados en el tema.

Comunidad de Tabaco, municipio Hato Nuevo; Guajira. Rogelio Escate, líder social desplazado y amenazado. Palabras Clave: El Cerrejón, BHP Billiton, Anglo American, Xstrata, Pueblo de Tabaco, estado asesino, vigilancia privada, ejército, amenazas, asesinato de líderes, Río Ranchería en peligro.

-Tabaco era un pueblo de origen cimarrón muy tranquilo y próspero, donde aún existía el trueque y la gente vivía de la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza; su pecado era ser vecino de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y una de las más grandes del mundo.

-El Cerrejón es una empresa conjunta, de gestión independiente, perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, que contempla mina, ferrocarril y puerto; este conglomerado que se jacta de su supuesto compromiso social y ecológico, entró a la región desde hace 15 años de manera violenta y rápida con la activa participación del estado colombiano.

-La operación de destrucción de Tabaco empezó por arruinar e inundar con lagunas artificiales varios caminos de salida del territorio hacia otros asentamientos humanos vecinos, entre los que se encuentra el camino real que comunicaba a Tabaco con una vía regional importante hacia un cruce de caminos de importancia cultural y comercial; se llevó a cabo el traslado de los docentes de los colegios a otros lugares del país; se desmanteló el centro de salud; se cerraron las oficinas de Telecom y se retiraron las líneas telefónicas; la iglesia del poblado, que había sido construida por la gente, fue vendida por el párroco y en breve fue demolida; el ICBF, quien nunca había ido al lugar, visitó los hogares bajo la amenaza de quitarle los hijos a sus madres dadas las difíciles condiciones de vida (propiciadas por el mismo estado colombiano).

-A los que quedaron en el poblado, les compraron sus tierras con engaños a precios irrisorios y bajo amenaza; se instalaron retenes móviles por la región a cargo de empresas de vigilancia privada y el ejército; se completó el ciclo con el asesinato y la desaparición de varios líderes comunitarios.

-Poblaciones como Chancleta, Patilla, Espinal, El Descanso, Barrancas, Provincial, Oreganal y otras, podrían correr la misma suerte de Tabaco, pues se encuentran en actual amenaza por la rápida expansión de la mina, dentro de lo cual se tiene proyectado desviar 6 Km. del Río Ranchería para facilitar la explotación.

Cuenca del Río Tunjuelo; Sur de Bogotá. Jaime Herrón, arquitecto, miembro de Asamblea Sur. Palabras clave: Argos, Holcim, Cemex, Fundación San Antonio, falsos positivos, Ciudad Bolívar, Soacha, Villa Cindy, inundaciones.

-En el territorio, específicamente entre la Av. Caracas y la Boyacá y la calle 59 sur y la 70 sur, existe minería de cantera, junto a lo cual se proyecta el traslado del Cantón Sur de artillería y así favorecer con licencia de explotación minera a Cemex y Holcim con el apoyo de la Fundación San Antonio, propiedad de la arquidiócesis de Bogotá.

-En la zona aledaña y afectada habitan casi 1 millón de bogotanos, y los efectos adversos en materia social se han extendido, y llegan a recaer con especial gravedad y sospecha en la Comuna 4 de Soacha y los barrios Caracolí, Potosí y otros, de Ciudad Bolívar, donde desde hace dos años se han realizado asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de líderessociales y jóvenes humildes con pocas alternativas de vida.

-Los Barrios México y Meissen, antes legales, se han ilegalizado con el fin de permitir su destrucción para la expansión del proyecto minero transnacional en la veta de cantera más rica y codiciada de Colombia, y quizá de Sur América. Fruto de la expansión minera, se arrasa al barrio Villa Cindy, antes, hacienda de recreo de los presidentes, y por acciones judiciales conjuntas se logra indemnizar a los antiguos habitantes, muy al pesar de las transnacionales y sus intereses.

-Las transnacionales acuden a la jugarreta de la Responsabilidad Social Empresarial aportando materiales de construcción para obras de ingeniería hidráulica y de infraestructura totalmente inútiles, toda vez que este territorio ha sido uno de los más afectados por las inundaciones, no sólo ahora, sino desde hace muchos años.

Carmen del Darién, Mandé Norte, Bajo Atrato; Chocó. Argemiro Bailarín, miembro de la comunidad Embera. Palabras clave: Muriel Minning Corporation, Rio Tinto, apoyo del ejército, bombardeos, cooptación y sobornos, amenaza a estrella hidrográfica.

-En 1970 se inicia la incursión de las transnacionales mineras a la región. Desde 2008 entra la Muriel Minning Corporation con el respaldo del ejército colombiano mediante intimidación a los pobladores y retenes militares, simultáneamente, la transnacional coopta líderes comunitarios en Antioquia y Chocó, así como ofrece incentivos económicos que van de los 5 a los 50 millones de pesos a funcionarios de bajo, medio y alto perfil de estos departamentos.

-Esta transnacional, filial de Rio Tinto, inicia trabajos de exploración sin consulta previa a las comunidades indígenas, teniendo una proyección de 16.000 hectáreas para explotación a cielo abierto durante 60 años para extraer principalmente oro, cobre y Molibdeno; la empresa operaba con licencia del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Etnias.

-Al ver vulnerado su territorio la comunidad acude a las vías de hecho y como consecuencia la población es duramente reprimida por el ejército, al extremo de acudir a bombardeos; a ello se suma una fuerte campaña de descrédito de líderes sociales y criminalización de la protesta.

-Aunque en 2010 la Corte Constitucional ordenó la salida de la transnacional, ésta aun se encuentra en proceso de retiro de la región. La zona amenazada es reserva indígena, reserva ambiental y estrella hidrográfica.

Marmato; Caldas. Martín Ortiz, habitante local y líder social. Palabras Clave: Oro, Medoro Resources, minería tradicional vs. megaminería, sobornos, resistencia ciudadana.

-El municipio cuenta con siglos de tradición en minería de oro, incialmente desarrollada por los pobladores indígenas, quienes se vieron desplazados por la llegada de las minas españolas en la conquista y la colonia, tras lo cual, la actividad fue asumida por comunidades negras, quienes aun hoy día, forman parte importante de los mineros artesanales de la zona, junto a campesinos y colonos atraídos por la actividad.

-En el 2006 incursiona la transnacional Medoro Resources a comprar las minas tradicionales existentes, chantajeando y sobornando a funcionarios, entre los que se encuentran el alcalde municipal y el gobernador de Caldas.

-A ello hay que agregarle la disculpa que ha inventado el gobierno respecto al peligro que corren los pobladores por la ubicación supuestamente riesgosa del casco urbano tradicional del Marmato, quien ha ordenado la evacuación total del casco urbano, con el fin de facilitar las labores de explotación de la Medoro; actualmente, se han trasladado las oficinas de instituciones públicas a un sector aledaño donde no hay vestigios de oro, y la población ha efectuado varias actividades de resistencia a la ocupación de su territorio por parte de la empresa minera.

Caldono; Cauca. Palabras clave: Minería ilegal, resistencia pacífica, farc, Río Mondomo, La Salvajina, Anglo Gold Ashanti.

-Ha sido el primer municipio de Colombia en rechazar y expulsar a las farc mediante la acción colectiva y la resistencia pacífica.

-En la actualidad se proyecta el desvío del Río Mondomo para surtir a la represa La Salvajina y así mismo, facilitar la entrada a las zonas de explotación minera.

-La Anlgo Gold Ashanti subcontrata a grandes y medianos mineros ilegales, ya que la zona es de muy difícil acceso y control, estos mineros generalmente provienen de Antioquia y llegan con cuadrillas de trabajadores tanto locales como de Buenaventura, principalmente.

-En los campamentos mineros se instalan ventas de bebidas alcohólicas y centros de prostitución controlados por los mismos mineros ilegales con apoyo de las farc, ocasionando que los trabajadores gasten allí su dinero y prácticamente no regresen a sus casas.

La Colosa, Cajamarca; Tolima. Evelio Campos, miembro de la Asociación Ecotierra. Palabras clave: Anglo Gold Ashanti, sobornos millonarios, acción ciudadana.

-En el 2000 se da el ingreso a la zona de la transnacional Anglo Gold Ashanti, mediante la cooptación de la población y los líderes sociales, corrupción de autoridades locales por medio de chantajes, sobornos y amenazas.

-Según información infiltrada de la empresa, ésta gasta un promedio de 1.000 millones de pesos diarios en compra de tierras y sobornos, dentro de los cuales se incluye el sínico patrocinio a eventos culturales y deportivos locales, así como a obras de infraestructura y dotación de colegios.

-En la actualidad el 90% del municipio se encuentra en concesión, incluyendo dos cascos urbanos; el proyecto minero se encuentra detenido, mas no suspendido, en su fase de exploración gracias a la acción ciudadana.

Norte del Cauca. Ernesto Cunde, miembro del pueblo Nasa y consejero del CRIC. Palabras clave: Hiliski, Kosigo, Anglo Gold Ashanti, testaferros, amenazas.

-La intervención reciente de las transnacionales data desde 1991 con las empresas Hiliski, Kosigo Rissour y Anglo Gold Ashanti, esta última, con una participación mayoritaria en las exploraciones mineras de la región, quien usa a los residentes y líderes locales cooptados como testaferros para adquirir tierras.

-Actualmente, y luego de muchos esfuerzos, muertes, desplazamiento armado por parte del ejército y los paramilitares, la comunidad ha expulsado a las empresas transnacionales de la región, aunque hay muchos líderes amenazados.

Corregimiento La Toma, Suárez; Cauca. Erley Ibarra, miembro de las comunidades negras de la zona. Palabras clave: Anglo Gold Ashanti, "¡muchas mentiras!", sin consulta previa.

-La Anglo Gold Ashanti, con el fin de entrar al territorio convenciendo a la población, lleva a las audiencias testimonios pagados de los supuestos beneficios de la explotación minera en otras zonas del país.

-Inicialmente, la empresa le había dicho al Ministerio de Ambiente que en la zona no existían indígenas ni afros y por lo tanto no se requería de consulta previa a las comunidades, obviamente, faltando a la realidad; por ello, la población interpuso una acción de tutela que resultó a su favor, con el fin de realizar la consulta previa. Actualmente, aunque la licencia sigue vigente y se han realizado trabajos de exploración, la explotación está pendiente.

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Una mirada jocosa a nuestra realidad

Minería: Estrategias del Despojo en los Pueblos Indígenas del Chocó

La Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, tiene el gusto de invitarlos a la presentación del informe “Minería: Estrategias del despojo en los Pueblos Indígenas del Chocó”, la cual se realizará el día 15 de noviembre de 2011 a las 6:30 PM en el Hotel Rosales Plaza Calle71A No. 5-47 de la ciudad de Bogotá D.C.Ésta publicación fue realizada después de un proceso de análisis e investigación, con la cual queremos generar reflexión sobre el contexto de exterminio y destrucción que ha generado y generará la minería en el Chocó. De igual manera, esperamos pueda aportar al debate social sobre el derecho al que tenemos los pueblos de decidir nuestro propio desarrollo permitiendo que en Colombia se pueda avanzar en la construcción de una Nación que respete la diversidad cultural y el medio ambiente.

La vida está en riesgo. Todo el poder económico que busca la acumulación pareciera que ha unido sus fuerzas para destruir toda forma de vida que busca el equilibrio de la naturaleza. Lo anterior se evidencia en las continuas leyes y normas jurídicas que pretenden despojar a las comunidades Indígenas y procesos sociales de sus territorios, leyes que van en contra de la vida misma y amenazan profundamente la armonía de los territorios.

Esta estrategia de exterminio sobre los Pueblos Indígenas y los procesos sociales también tiene una maniobra de cooptación y enajenación que va desde la formación en la educación, el consumismo globalizado, la propaganda y la manipulación de los medios de comunicación, entre otras muchas estrategias que buscan invadir las mentes de las personas para que éstas acepten y avalen la destrucción de los territorios a favor del “desarrollo económico”. Como si fuera poco, este proyecto de avaricia y acumulación, en aras de consolidar su objetivo, viene exterminando toda forma de lucha y resistencia, con acciones de violencia, sembrando el terror en los territorios y trayendo la muerte a los pueblos indígenas.

Lo anterior se evidencia en la constante presencia de los grupos armados legales e ilegales que en el marco de su disputa por los territorios vienen acabando con la vida de los pueblos indígenas, situaciones que se ven en acciones cívico-militares como enfrentamientos armados, bombardeos, hostigamientos y control territorial, entre muchas estrategias de muerte que han provocado continuas amenazas, desplazamientos, confinamientos y asesinatos tanto a los comuneros como a los líderes y autoridades indígenas del territorio chocoano.

El proyecto de acumulación que ve a la naturaleza como materia prima y al ser humano como mano de obra tiene los ojos puestos sobre nuestros territorios. Vienen desarrollando proyectos de explotación maderera, siembras extensivas de monocultivo, desarrollo del narcotráfico, proyectos de investigación forestal y de fauna y explotación de los recursos minerales. Estos señores de la muerte no descansarán hasta acabar con el último árbol nativo, patentar hasta la última planta medicinal, sembrar sus monocultivos hasta que la tierra termine completamente erosionada, no descansarán hasta extraer el último gramo de oro, platino, zinc o cualquier tipo de mineral que sea para ellos valioso, no quedarán satisfechos hasta que todos los ríos estén completamente contaminados y, por último, no estarán cómodos hasta que hayan exterminado o expulsado a todos los seres humanos y animales de sus territorios ancestrales.

Frente a este panorama de ocupación y exterminio de los pueblos originarios del territorio chocoano, en este caso las comunidades indígenas y sus autoridades, hemos decidido luchar, defender la vida y los territorios ancestrales. Es por eso que en el VIII Congreso de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó – OREWA, como estrategia de visibilización, el congreso en pleno ordenó la realización de una investigación desde el análisis y la reflexión de las comunidades indígenas sobre el desarrollo de la actividad minera y los impactos naturales, económicos y sociales que estos han venido dejando sobre los Territorios Indígenas, para entender como este proyecto de destrucción y acumulación tiene al borde del exterminio todos los procesos de defensa y armonía con la naturaleza y, en esa medida, como se está viendo afectado el derecho a la vida de todos los seres que habitamos este territorio. 

Como resultado de este proceso de análisis y de investigación presentamos el informe llamado “Minería: Estrategias del despojo en los Pueblos Indígenas del Chocó”. Con esta publicación queremos generar una reflexión sobre el contexto de exterminio y destrucción que han generado los “señores de la muerte” con la minería en el Chocó. De igual manera, esperamos pueda aportar al debate social sobre el derecho que tenemos los pueblos a decidir nuestro propio desarrollo y permitir que en Colombia se pueda avanzar en la construcción de una nación que respete la diversidad cultural.

Reiteramos que con este informe, que es un esfuerzo mancomunado de nuestras comunidades y autoridades indígenas, buscamos brindar herramientas de análisis y discusión que generen conciencia sobre la importancia de conservar y defender la vida de todos y cada uno de los seres que habitamos este planeta. Así mismo, llamamos a la solidaridad de las organizaciones, pueblos y procesos sociales tanto del ámbito nacional como internacional para unir esfuerzos en la defensa de la naturaleza y el respeto por la vida, frente al proyecto de destrucción territorial como lo es la explotación de los recursos minerales.

Consejo de Autoridades Indígenas de la Asociación de Cabildo Indígenas Wounaan, Embera Dóbida, katío, Chamí y Tule del departamento del Chocó-OREWA

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Comunicado de la Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia

Compañeros y compañeras estudiantes, jóvenes todos y todas, reciban de parte de la Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia (AFASBA), proceso organizativo de lucha y resistencia perteneciente al Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), un caluroso, fraternal, solidario y combativo saludo lleno de inmensa alegría, dignidad y rebeldía.

Hoy la organización campesina y demás organizaciones hermanas que venimos caminando la palabra de la vida nos reconocemos e identificamos como parte de las luchas históricas del pueblo colombiano por la defensa de nuestros derechos, nuestros territorios, la soberanía nacional y la construcción de un país diferente con justicia e igualdad social.

Igualmente reconocemos la relevancia que adquiere la educación para construcción de ese otro país desde abajo y  el papel que cumple como factor fundamental para la superación de las problemáticas que nos aquejan como nación. Es así como consideramos que la educación debe estar al servicio del pueblo colombiano, en pro del bienestar humano y el desarrollo social. Debe permitir profundizar la democracia y el ejercicio del poder por parte del pueblo.

Es en este sentido que ratificamos nuestro más sincero respaldo y sentimiento de solidaridad y apoyo al Paro Nacional Estudiantil Universitario y acompañamos la justa lucha del movimiento estudiantil por la defensa de la educación como un derecho humano fundamental al servicio del pueblo colombiano.

Estamos convencidos desde una posición ética, humanista y revolucionaria que la lucha por la educación no solamente es una cuestión del estudiantado, sino de toda la sociedad en su conjunto, por este motivo es necesario que esta lucha rompa las paredes de la universidad, trascienda las aulas de clase y salga a alimentarse del saber y la fuerza obrera, campesina, cimarrona, indígena y popular.

Hoy más que nunca y ante el avance, continuidad y profundización del proyecto de muerte a manos del capitalismo y la clase dominante, consideremos de vital importancia para el movimiento social y popular colombiano la necesidad urgente de encontrar canales de articulación, empalme y unidad que nos permitan avanzar en la construcción, materialización y multiplicación de experiencias de lucha y organización, como un ejercicio permanente de empoderamiento popular.

Por último extendemos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad con este movimiento que ha echado a andar, esperando colaborar con lo que esté en nuestras manos, siempre atentos al llamado de los estudiantes, e igualmente compartimos la invitación desde lo más profundo de nuestro sentir campesino a construir el país que soñamos con toda la fuerza, beligerancia y compromiso necesario para alcanzar nuestro compromiso.

¡Que vengan todos, que no falte nadie!

Nos solidarizamos y acompañamos la justa causa de los estudiantes

Pronunciamiento público de las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas de América Latina

En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.

Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:

1 El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.

2. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.

3. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.

4. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.

5. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.

6. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.

 El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:

1 La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.

2 La megaminería se acompañade bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.

3 La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.

4 Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.

5 La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.

6 A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.

7 Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.

En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:

1 Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.

2 La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.

3 La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.

4 La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.

5 La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.

6 Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.

7 Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.

8 Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.

9 Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.

Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.

Que nó nos pase esto

Red de empresas está tras el 10% de las minas de Colombia

Ha tramitado 1.407 títulos. Socio figura en turbio proceso de bloques petroleros.

De manera silenciosa, un grupo de cuatro empresas y dos personas naturales sigue solicitando y obteniendo títulos de explotación de minas de oro, plata y platino en zonas claves, incluidos parques naturales.

Aunque en junio el gobierno Santos denunció el acaparamiento de cerca de 500 permisos en seis años, se quedó corto.

EL TIEMPO.COM estableció que el grupo ha intentado obtener 1.407 títulos y que, a pesar de la alerta estatal, la Gobernación de Bolívar acaba de pedir que se le inscriban cuatro concesiones más para explotar oro en una apetecida y rica región: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Montecristo.

Las cabezas del grupo son Héctor Alfonso Acevedo Gordillo y su esposa, Yolanda Castro, que figuran en las empresas Comercializadora Internacional Corporación Uranio y Oro S. A. (Uragoldcorp), Grupo Acevedo y Castro, Minerbank y Carbocoquia. 

Por medio de esas firmas tienen 15 permisos de explotación en firme -algunos de los cuales han negociado con terceros- y 435 caminando. 

Esa concentración de títulos mineros está siendo investigada por la Fiscalía y la Procuraduría General.

La razón: pese a que -tal como lo argumentan los Acevedo Castro en su defensa- no existe norma que prohíba o castigue esta práctica, se busca establecer los criterios con los que gobernaciones como las de Bolívar, Cesar, Norte de Santander y Antioquia han realizado los trámites.

"Acumulan títulos sin que nadie haya determinado su real capacidad técnica y económica para explotarlos", dijo un investigador. 

Y aunque inicialmente los Acevedo le dijeron a EL TIEMPO.COM que se trataba de un negocio de familia, en Bolívar comparten la titularidad de algunas concesiones de oro con Omar Leal Quiroz.

El socio

Tras comparar cédulas, EL TIEMPO.COM estableció que este es un reputado ingeniero de petróleos cuyo nombre salió a relucir en la reciente adjudicación de bloques petroleros efectuada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Leal acompañó inicialmente el proceso al lado de la empresa Montco Energy y admitió que estaba interesado en explotar Putumayo 12, uno de los bloques más apetecidos.

Hoy, la Fiscalía indaga la supuesta falsedad de documentos que presentó esa firma en el proceso y que llevó a la ANH a echarle atrás la adjudicación, decisión contra la que apeló Montco. 

Leal también asesoró en temas de petróleo a Ricardo Morales, polémico empresario, protagonista de varios escándalos, incluido uno en el que agentes de inteligencia lo señalaron de ser 'Rimax', supuesto testaferro del narco alias 'Chupeta'. 

EL TIEMPO.COM llamó de nuevo a los Acevedo para hablar de su récord de títulos y de su socio, pero Yolanda Castro se abstuvo de dar declaraciones. Y el abogado de Leal dijo que su cliente está en Kuwait y que no había respondido los mensajes que se le dejaron sobre el tema.

eltiempo.com

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Geografía rural

Mapa de Minería. petróleo y violación de DDHH en Colombia

Mineros protestarán por cierre de algunas explotaciones de carbón

elespectador.com

Los mineros colombianos dedicados a la extracción de carbón con métodos tradicionales anunciaron que están a las puertas de paro nacional como respuesta a los cierres de las explotaciones y que tiene más de 18 mil familias sin ingresos.

El presidente de la Asociación Sindical de Mineros de Colombia, Juan Pardo Samudio, dijo que el problema social de los mineros es antiguo. Rechazó la medida que le cerró el cerco a la legalización de minas con el decreto 2715 que impuso la voluntad de la ley que buscaba que los mineros se pusieran al día con el estado. 

El Gobierno está vulnerando a la comunidad minera al desconocer los derechos adquiridos porque la minería es y ha sido la fuente de ingreso, desarrollo y crecimiento económico en varias regiones del país, dijo.“Por todo esto nos vemos obligados a decretar el paro nacional minero el cual será apoyado por el transporte, toda vez que este sector depende en gran medida de la actividad minera”, anotó.

El dirigente sindical informó que en esa federación ya fueron informados los 18.000 mineros del país que están concentrados en Cauca, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander.Actualmente la producción de carbón en las minas del país supera las 500.000 toneladas y le llevan sustento a miles de familias que han realizado esta actividad por generaciones. 

Pardo Samudio criticó la ausencia y la mínima defensa de la clase política del país que dejó solo al gremio minero, sin esperanza y a las puertas de la ruina y la precarización social. Aseguró que la situación es incierta porque no hay eco en Ingeominas que es la entidad rectora de la minería y es así como a hoy se pueden contar más de 20.000 demandas por los rechazos a la legalización minera.

Mineros boyacenses

El presidente de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá, Germán Suárez, lamentó la posición del Gobierno que criminalizó la actividad minera como pretexto para despojar a los productores de carbón de su único activo y fuente de trabajo.Dijo que el paro, lamentablemente es el único camino porque el estado creó los instrumentos para la legalización, pero a tiempo cerró las puertas a esta intensión por deficiencias administrativas y argumentos absurdos. El dirigente invocó la justicia, la equidad y la inclusión con la razón y el aval que ofrece el estado social de derecho como herramienta básica para el desarrollo y la tranquilidad.La figura de amparos administrativos tiene actualmente cerradas más de 30 minas y a 500 trabajadores en la calle y sin salario. Igual situación experimentan sesenta transportadores.

Detectadas más de 200 retroexcavadoras ejerciendo minería ilegal

El gobierno departamental en cabeza del gobernador Alberto Bernal Jiménez, confirmó que son más de 200 retroexcavadoras las que ejercen la minería ilegal en el Sur de Bolívar, poniendo en riesgo la vida de sus miles de habitantes y acabando con las fuentes de agua y la tierra.

El pronunciamiento del mandatario seccional, se conoció a su regreso de un consejo de seguridad en el municipio de Arenal del Sur, en donde se ventiló esta problemática y el ultimátum que las comunidades le dieron a quienes ejercen esta actividad, para que abandonen la zona a más tardar mañana viernes 7 de octubre.

Bernal Jiménez, sostuvo que la situación que se registra en esa parte del departamento es muy preocupante porque los propietarios de estas retroexcavadoras actúan sin ningún permiso y prácticamente acabaron con la tranquilidad de esos municipios, generando muertes violentas, presencia de bandas criminales, guerrilleros y delincuentes comunes.

Dijo que la comunidad de Santa Rosa Sur denunció la presencia de 7 retroexcavadoras ejerciendo la minería ilegal en su población, por lo que ha dicho un no rotundo a que continúan con esta ilícita actividad, y por eso dio un plazo perentorio para que las retiren.

Añadió que desde ya se le ofreció pleno apoyo y respaldo a los habitantes de este municipio, que se han visto muy afectados en sus fuentes de agua y en el medio ambiente, por el uso indiscriminado de metales pesados y cuando se hace el lavado de la tierra con mercurio y cianuro, esas escorrentías van a parar a los cuerpos de agua, produciendo graves consecuencias sobre quienes consumen el vital liquido.

"Están acabando con el medio ambiente y provocando enfermedades degenerativas entre la población", dijo visiblemente consternado el gobernador.

Aseguró que en la región del Brazo de Loba, Magdalena Medio Bolivarense y San Pablo,hay presencia de más de 200 retroexcavadoras ejerciendo ilegalmente la minería, ya que no cuentan con los correspondientes permisos y están acabando con las fuentes de agua y las montañas.

"Estamos trabajando en ese corredor y necesitamos de todo el apoyo de la fuerza pública, las alcaldías municipales, la fiscalía y la procuraduría y por ello habrá una reunión el próximo 12 de octubre (miércoles) en el sur de Bolívar, para buscar la manera de enfrentar de manera radical la presencia de estos pesados equipos", puntualizó Bernal Jiménez.

La Universidad de Cartagena con todo un equipo de especialistas, está adelantando un estudio de las consecuencias que tiene para la salud de la población sureña, la manipulación de metales pesados y el uso de mercurio y cianuro en los cuerpos de agua, los cuales podrían estar provocando malformaciones congénitas y paladar hendido a habitantes del lugar.

eluniversal.com

Declaración Final del Congreso Nacional de Tierras,Territorios y Soberanías

La soberanía es popular, Los territorios son de los pueblos

La Madre Tierra es de quien la cuida.

15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno a la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.

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Tierra concentrada, modelo fracasado

El Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2011 del PNUD pone el dedo en la llaga: pocos son los dueños de la mayoría de las tierras en Colombia, principal causa de que el país tenga uno de los peores índices de distribución de la riqueza global. El Estado ha fallado en su modelo de desarrollo agrario.

semana.com

La conclusión del IDH 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue contundente en determinar que la principal talanquera para el desarrollo humano en Colombia es la alta concentración de tierras en pocas manos.

El Informe afirma que el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población, algo que termina por verse reflejado en el denominado coeficiente de Gini (que mide la desigualdad entre ricos y pobres) que indica que en materia de concentración de tierras en Colombia es de 0,85, un número alto si se tiene en cuenta que la escala va de 0 a 1. El índice general para Colombia es de 0,58, uno de los peores del mundo.

El diagnóstico del PNUD señala que el modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en Colombia en las últimas décadas solo ha favorecido aún más la concentración de tierras. Después de la apertura económica, la lógica de “más mercado y menos Estado”, sumado al debilitamiento de las instituciones y al control de territorios por parte de los grupos armados ilegales dejaron como resultado una estructura agraria inequitativa. “Toda la estructura de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano”, reza el informe.

La tierra en Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se acumula para obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo. Es símbolo de riqueza, estatus, y prestigio social, algo que no ocurre en otros países. Eso explica en parte las luchas que se han dado por tenerla y es una de las razones por las cuales no han prosperado las reformas agrarias que se vienen intentando desde los años 30 del siglo pasado.

Colombia es rural

Uno de los mitos que se derrumban con el informe es que Colombia es un país urbano, pues casi la tercera parte de la población es rural (en vez de un cuarto como lo dijo el censo de 2005), que señala que 75,5% de los municipios colombianos son rurales y representan el 94,4% del territorio,  según el nuevo índice de ruralidad construido por los investigadores. Por eso, si Colombia quiere modernizarse debe solucionar primero el conflicto agrario.

El informe explica que el país si bien tiene un potencial de 21,5 millones de hectáreas, solo cultiva el 22,7 % de las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas). En cambio, hay una ‘ganaderización’ de la tierra en Colombia, pues 39,2 millones de hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las cuales 31,6 están usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una cabeza de ganado por hectárea.

Ese territorio es 10,6 millones más grande que el de las tierras aptas destinadas para producción de alimentos. Esto resulta paradójico porque Colombia es de los pocos países del mundo, junto con Brasil que dispone de tierras para expandir su frontera agrícola. 

Los conflictos por el uso de tierra para ganadería, agricultura, minería o para fines de conservación requieren una pronta solución. El narcotráfico es un elemento adicional que incide en el conflicto agrario de manera especial en Colombia y que se ha traducido en el despojo y desplazamiento de los habitantes rurales del país.

El informe cifra el despojo de tierras en 6,6 millones de hectáreas, es decir, el 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria; de las cuales se han recuperado 495.493. De ese total, el 73 por ciento corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas.

Como consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso, el 65 por ciento de ellas menores de 25 años y el 14 por ciento con menos de 4 años.

Así mismo se midió qué tan democrática ha sido la sociadad rural colombiana, en medio del conflicto armado que la agobia, vinculándose su carencia con una mayor pobreza de los habitantes.

Según un modelo aplicado por los investigadores, se encontró que en las poblaciones en donde hubo menos alternancia política y pesisitó el control de las elecciones por parte de un solo grupo o partido político, hubo más necesidades básicas insatisfechas, más miseria y más precariedad en los servicios. 

Razones para la esperanza

El informe llega en un momento crucial, en que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se embarca en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y justo cuando se está creando una nueva Ley de Desarrollo Rural que busca complementar la de las víctimas y generar oportunidades para que los campesinos tengan un futuro económico en el campo.

El PNUD propone una "reforma rural transformadora" para cambiar esa estructura inequitativa y democratizar la tenencia de la tierra. Esto no significa que todas las grandes propiedades deban ser desconcentradas, sino aquellas que no están siendo utilizadas de forma adecuada, como muchas de las que están dedicadas a la ganadería extensiva. La clave está en un reordenamiento territorial que permita la transformación que necesita el país.

Este es un acto, sobre todo, de voluntad política. El informe le dice al gobierno que no está solo, que se apoye en una red de investigadores, académicos y pensadores y propone acuerdos entre el Estado y la sociedad civil, abogar por la seguridad humana, la inclusión de los grupos minoritarios y la generación de confianza de la población hacia las instituciones.

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Mercurio: un veneno que acecha en el sur de Bolíva

JUAN CARLOS DÍAZ

eltiempo.com

Su uso indebido estaría afectando la salud. Serie 'Efectos de la minería en el Caribe colombiano'.

En el sur de Bolívar, para que dos pequeños lingotes de oro, de unos 300 gramos cada uno, llegue a las manos de un comprador, se requiere el trabajo de 30 personas durante dos meses en un socavón de 170 metros y haber picado cinco toneladas de tierra.

En este recorrido, con tradición de cerca de 200 años, también queda la estela nefasta de ríos sedimentados, bosques taladrados, ciénagas moribundas y miles de personas expuestas a la catástrofe física de la contaminación del mercurio, que va desde un simple dolor de cabeza hasta una muerte cerebral.

El foco de la explotación aurífera más grande de Colombia es la Serranía de San Lucas, un inexplorado macizo montañoso donde el metal precioso está repartido en cerca de 12.000 minas, incluyendo las de Antioquia.

Una investigación de cerca de 10 años de la Universidad de Cartagena, liderada por el profesor y doctor Jesús Olivero Verbel, director del Grupo de Química Ambiental y Computacional, con el apoyo de Colciencias, advierte sobre los peligros que se ciernen por la manipulación indebida del mercurio.

Esta investigación, publicada en revistas científicas especializadas y que sirvió de piedra angular al documental La vorágine del oro de la misma Universidad, se estableció que existen zonas en el sur de Bolívar en donde las personas poseen niveles altos de mercurio que pueden estar afectando su salud. "El asunto es tan delicado que debemos intervenir el problema ahora. Esperar puede significar deficiencias neuropsicológicas o cognitivas irreversibles en los niños expuestos. En otras palabras, el futuro de la región es cada vez más gris", señaló el profesor Olivero.

Según el resultado, el promedio de mercurio en cabello para una muestra de 1.328 personas de Bolívar fue de 1,6 partes por millón (ppm), cuando entidades tales como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomiendan que las mismas no deben ser superiores a 1 ppm, en particular en niños y embarazadas.

La investigación de Olivero y su grupo reveló que la zona donde existen las concentraciones más altas de mercurio en humanos fue en las cercanías de los ríos Caribona y Cauca, en el corregimiento de La Raya, jurisdicción de Montecristo, con concentraciones promedio de 5,3 ppm.

La preocupación por esta zona, según el investigador, es que se encontraron varias personas con niveles superiores a 10 ppm, todos en La Raya, resaltándose el caso de una niña que presentó 20,1 ppm de mercurio en cabello. Esta región es una de las de mayor riesgo de exposición por mercurio, dado que la contaminación del río Cauca y sus afluentes contaminados del sur de Bolívar y el norte de Antioquia es depositada en las ciénagas cercanas, facilitando la acumulación del metal en la cadena alimenticia.

La producción de oro en esta área es aproximadamente de 18,8 toneladas anuales, y la cantidad de mercurio liberado al medio ambiente no ha sido calculada con exactitud, pero ha sido estimada en cerca de 80 a 100 toneladas al año.

El mercurio usado en la extracción de oro, que es el mismo de los termómetros, es volátil y viaja grandes distancias, siendo depositado en ciénagas y ríos, allí es transformado por microorganismos en una forma más peligrosa denominada metilmercurio, que es un potente neurotóxico, el cual es capturado por plantas minúsculas que sirven de alimentos a peces pequeños y estos a su vez a los grandes hasta llegar a los humanos, señala la investigación de la Universidad de Cartagena.

Minería ilegal sin control

En los últimos años están acelerando procesos de titulación que también han originado otra problemática social por el control del territorio. Según la jefe de la oficina de Minas de Bolívar, Lester Romero, desde el 2003 cuando el Gobierno delegó a las secretarías de Minas seccionales lo relacionado con los contratos de concesión minera, se han titulado 400 minas y hay 500 solicitudes

El problema para los pequeños mineros, los cuales a su vez son los que menos contaminan, es que la Ley 1382 de 2010 los obliga presentar plan de manejo ambiental y de trabajo de obra, lo que antes pagaba el Estado, es decir, que de las tres etapas exigidas para que se les entregue legalmente la mina por 30 años, sólo cumplen el de la explotación.

La vida minera en San Lucas

Alrededor de las minas en la Serranía de San Lucas se han formado pequeños asentamientos de familiares de los mineros, esposas e hijos, cuya única distracción la tienen los sábados cuando bajan de los socavones a beber cerveza y jugar billar. Julio Ramírez, uno de los mineros, afirma que cada día la minería se pone más dura y ganan menos plata que hace algunos años cuando el oro se 'veía a leguas de distancia'. "Ahora nos ganamos entre 30 y 40 mil pesos diarios, que nos sirven para el sustento", afirma.

Ramírez asegura que hasta hace muy poco tiempo es que le están parando bolas al tema del mercurio y sus peligros, luego de ver con sus propios ojos niños nacidos con deformidad en sus alrededores y tras las distintas campañas que se están haciendo para prevenir sobre los riesgos del uso indiscriminado del mineral.

Y, a fuerza de campañas y advertencias, ya saben que tienen que evitar en lo máximo consumir moncholo, bagre o doncella, que son los peces con mayor concentración de mercurio. En efecto, entre las 14 especies de peces estudiadas por la Universidad de Cartagena, el bagre pintado, el moncholo, el bagre blanquillo, la doncella y la pacora son las especies que presentan los valores más altos de mercurio total en músculo.

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Lo que se dijo y lo que no se dijo

Héctor Mondragón

La gran importancia del debate del 31 de agosto de 2011 en la Cámara de Representantes, fue mostrar al país cómo opera el mecanismo del despojo, mediante el cual las tierras son robadas con violencia a los campesinos para luego ser traspasada a los grupos del gran capital, por los beneficiarios directos del despojo, quienes se embolsillan grandes sumas de dinero.

Las masacres, asesinatos y amenazas que provocan el desplazamiento forzado, van seguidas de sucesivas compra-ventas, que violan todas las normas que supuestamente protegen a los desplazados y lo que es más grave, finalmente se modifica la Ley para sanear toda la historia de muertes y trampas.

Quedó claro que la famosa “flexibilización” de la Unidad Agrícola Familiar, es apenas un mecanismo para facilitar y legalizar el despojo del campesino y el paso de la tierra a manos del capital financiero. El conjunto de argumentos y denuncias presentadas por los citantes, mostró y demostró a cabalidad cuál es la hoja de ruta del despojo.

Pero algo quedó oculto: la propaganda que hace el gobierno cuando afirma que su política y las normas que el Congreso le aprueba, van a provocar un acelerado desarrollo (capitalista) del sector agropecuario, es pura propaganda, como fue solamente propaganda cuando el gobierno anterior aseguró lo mismo y además anunciaba que hasta millones de hectáreas serían sembradas de palma aceitera.

Una cosa es que un empresario o varios grandes empresarios reciban tierra arrebatada a los campesinos y con diferentes prebendas del estado pongan a funcionar allí una floreciente empresa, como sucedió con los consabidos beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y otra cosa diferente es que eso desencadene el desarrollo (capitalista) en el campo.

Tampoco han provocado el desarrollo (capitalista) agropecuario, los subsidios a los productores de etanol, ni las exenciones de impuestos ni las leyes que obligan a consumir el etanol, porque una cosa es que los monopolios azucareros se hayan llenado de dinero y otra cosa es que esos monopolistas no logran producir competitivamente ni exportar una gota de etanol ni provocan por tanto el desarrollo (capitalista) acelerado de la agricultura colombiana.

No se ha puesto en evidencia el papel desmesurado que en Colombia tiene la renta de la tierra. Cómo los estudios de la misma SAC demuestra que la tierra en Colombia es más cara que en Brasil, Ecuador o Costa Rica y los estudios de los mismos empresarios agrícolas productores de caña han mostrado que la tierra del Valle del Cauca para caña de azúcar es la más cara del mundo para ese fin.

El desperdicio de 18 millones de hectáreas aptas para la agricultura, es el resultado del latifundio especulativo que se ha fortalecido al extremo en los últimos años y ha concentrado la propiedad de tierra mucha más tierra que la que antes ya concentraba. El despojo violento de los desplazados ha sido funcional a ese latifundio especulativo y la lógica de éste, es la que lleva ahora a expedir las normas que requiere para pasar las tierras de las cuales se apropió, al mercado financiero y aprovechando la coyuntura internacional de altos precios de los cereales, del algodón de los agrocombustibles, de la carne y de otros productos agropecuarios, colocar esas tierras en el mercado financiero mundial. Las tierras, no los productos agropecuarios. Los commodities de Colombia no serán alimentos ni algodón ni agrocombustibles, sino tierras.

No se ha puesto en evidencia que Colombia no es Brasil, ni Argentina, ni siquiera Paraguay, ni Costa Rica, ni Ecuador. Porque con los altos precios de la tierra lo que hay es especulación con la tierra. El inversionista puede ser un gran productor agropecuario en su país de origen, pero en Colombia su mayor ingreso va a ser otro: la especulación con la tierra. Puede ser un capitalista financiero, tal vez hasta piense en mutar en gran productor agropecuario, pero cuando llega y ve cuánto gana con la tierra, muta en latifundista especulativo y pone sus tierras a cotizar en las bolsas de valores. El interés especulativo con la tierra del gran capital va a reforzar la barrera que para la competitividad es el costo de la tierra en Colombia y va a rezagar aún más el desarrollo (capitalista) del campo colombiano, como se rezagó más durante el gobierno anterior.

Porque los latifundistas especuladores sean del país que sean, Colombia no va a volverse como el país de origen de esos inversionistas, como Colombia no se va a parecer a Canadá o a Inglaterra porque las empresas mineras sean canadienses o inglesas. Porque un empresario argentino compre fincas donde tenían tierra los campesinos, no se va a sembrar toda la tierra agrícola como en Argentina.

Las tierras agrícolas desperdiciadas se van a seguir desperdiciando, porque las tierras que van a los grandes capitales, son tierras arrebatadas a los campesinos con violencia o vendidas a bajos precios gracias a la “flexibilización” de la UAF, para que al otro día valgan 10 veces más. Con eso la barrera para la rentabilidad agropecuaria se mantendrá. La agricultura seguirá entre la espada de las importaciones y la pared de la alta renta de la tierra.

El ministro de Hacienda aseguraba en el debate del Plan de Desarrollo que las nuevas tarifas del predial ayudarían a bajar la renta de la tierra. No es así, como bien se dijo en el debate, porque las tarifas como se diseñaron van a golpear al mediano propietario para que le venda al grande. ¿Por qué? Primero porque la tarifa no es progresiva. Para que golpeara a los grandes debería ser mucho menos para pequeños y medianos, más para grandes y muchísimo más para los de grandes latifundios. Pero además la tarifa debería ser diferencial, más alta para la tierra pura y menor para las mejoras.

El Ministro de Hacienda quiso comparar sus nuevas tarifas con el efecto de los impuestos a los latifundistas durante la era Meiji: el desarrollo (capitalista de la agricultura), pero olvidó mencionar el hecho histórico que la película “El último Samurái” ha popularizado: Japón no puso en vigencia el tratado comercial con Estados Unidos y el Emperador destituyó al ministro que quería imponerlo. Así mismo, Brasil o Argentina no han firmado tratados de libre comercio y no lo harán mientras Estados Unidos y Europa no dejen de subsidiar su producción agropecuaria. Pero en Colombia cada vez se importan más alimentos y si se ponen en vigencia los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, la ruina de los productores de granos, aves o leche, va a hacer que los nuevos impuestos prediales solamente sirvan para que se acreciente la concentración especulativa de la propiedad, porque muchos medianos propietarios, incluidos pequeños empresarios, no resistirán.

En resumen siendo excelente el debate para mostrar los mecanismos del despojo, no mostró la falsedad de la propaganda oficial sobre el gran desarrollo empresarial agropecuario. ¿Mostrar esa falsedad significaría que estamos por el modelo de priorizar el desarrollo del gran agronegocio? No, estamos por la vía campesina, por la defensa de la diversidad étnica y cultural y la protección del ambiente y los ecosistemas. Pero debemos saber a qué en concreto se enfrenta el pueblo colombiano: al latifundio especulativo lanzado al mercado financiero transnacional.

Fuente:  http://nasaacin.org

Algunos elementos para el análisis de la acumulación de capital a partir de la minería de oro

Freddy Ordoñez

Este documento pretende entregar elementos para el análisis de las nuevas realidades en la acumulación de capitales a partir de la minería de oro, para ello en primer lugar, se presentan los orígenes de la presencia de capital extranjero en la minería aurífera nacional; seguidamente, se evidencia el papel jugado por la producción de oro en el desarrollo capitalista del país; en un tercer momento, se relacionan los intereses foráneos actuales en el sector; luego se muestran los dispositivos institucionales-particulares para la acumulación y finalmente se presentan algunas conclusiones.

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El quijote de la marcha sale a caminar hacia el congreso de tierras, territorio y soberanías

Hacia el congreso de tierras, territorios y soberanías.

Hacia la construcción de estados plurinacionales, desde la diversidad de pueblos y comunidades en movimiento, en contra del despojo, por la permanencia en la tierra y los territorios, porque los límites de nuestros territorios sean culturales y no sean las armas, para que legislen los pueblos dentro de los principios de relación y complementariedad entre naciones autonomía y culturas, no desde la separación. "Congreso de tierras, territorios y soberanía, del 30 de septiembre al 03 de octubre, Universidad del valle "

Escuche aquí la cuña del congreso de tierras y territorios

Un nuevo carrusel de corrupción en contratación: el de las regalías de oro

UN ANILLO DE MINEROS, BURÓCRATAS CHOCOANOS Y CONSTRUCTORES SE ESTÁN APROPIANDO DE MÁS DE $30.000 MILLONES DE LAS REGALÍAS AURÍFERAS. EL MECANISMO PARTE DE LA VENTA DE ORO ANTIOQUEÑO EN MUNICIPIOS DEL CHOCÓ.

Mientras la producción de oro en Antioquia creció apenas 8% en 2009 y disminuyó un impresionante 51% en 2010, en el Chocó creció 225% y 56% en esos dos años y en Bolívar 34% y 44%. La baja en el primer departamento y el aumento en los dos últimos no obedece a transformación geológica, sino a un movimiento en las ventas del metal.

El departamento del Chocó quintuplicó la producción al pasar de 3,3 toneladas en el año 2008 a 16,9 toneladas en el 2010. Cantón de San Pablo aumentó entre 2009 y 2010 su producción de oro en 1,8 millones de gramos (877%), Istmina en 1,6 millones de gramos (56%), Nóvita en 1,6 millones (236%) y Medio Baudó en 1,4 millones (111%), sin que se hubieran hecho nuevos hallazgos o se aumentara significativamente la producción de las minas locales. “En primera instancia no se puede justificar ya que no se conocen proyectos grandes que lo hayan motivado”, dice un reporte de la secretaría de Minas de Antioquia.

El incremento total de los registros en Chocó fue de 6,1 millones de gramos, el doble de la producción total de Mineros s.a. en 2010, que fue de 3 millones de gramos.

La prueba reina del traslado del oro está en la relación metalúrgica de las minas antioqueñas y chocoanas. Las del primer sitio, tienen en general una composición de la extracción que entrega sustancialmente más oro que plata. La cantidad de plata en las del segundo es mucho más cercana a la de oro.

De hecho, los datos oficiales muestran que en 2009 había una relación de 2 a 1 entre oro y plata en la producción chocoana, que es una situación normal. En 2010, a la par con el incremento astronómico en las estadísticas de producción, cambió la relación de los metales a 7 de oro por una de plata. Un salto que los geólogos consideran virtualmente imposible cuando se trata de la misma zona minera. En Cantón de San Pablo, la relación fue de 15 a 1 en 2010.

¿Pero qué hay detrás de este movimiento del metal? Un negocio de corrupción en el manejo de las regalías, que se estima deja $30.000 millones a sus organizadores.

El negocio La forma de operar es sencilla. Los mineros en Antioquia no venden su producido en las poblaciones cercanas a las minas, sino que las llevan a Bojayá, Cantón de San Pablo, Istmina, Río Iro y Unión Panamericana, en el Chocó. Ese departamento destina las regalías que le corresponden por la producción, a los usos permitidos por ley, que son, entre otros, salud, educación y agua potable.

Se abren licitaciones públicas, que, según dicen los informes de la secretaría de Minas de Antioquia, se las ganan firmas que ponen un sobre costo en sus pliegos para entregarles luego coimas a una persona influyente en el Departamento y a los mineros metidos en el anillo. “Es un secreto a voces”, dice el secretario de Minas de Antioquia, Nicolás López.

Antioquia dejó de recibir $30.000 millones en regalías por la minería de oro, por un mineral que fue a parar al Chocó, presumiblemente a manos de contratistas corruptos de ese Departamento. La denuncia la había hecho desde hace varios meses López, que envió datos precisos a las Comisiones Quitas del Congreso, a la Procuraduría, a la Contraloría y a otras entidades de control, sin que hasta ahora hayan tomado ninguna acción al respecto.

Fuente: dinero.com