Minería en Colombia: Comunidades vs. Megaproyectos

Siguiendo el link, se analiza cómo diferentes comunidades han reaccionado frente a los megaproyectos mineros, sus impactos y transformaciones.

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Áreas de reserva minera: importancia estratégica y confusión general

María del Pilar Pardo Fajardo

prensarural.org

Las áreas de reserva habrían pasado este año de cerca de 21 mil hectáreas a cerca de 21 millones. Pero después de estudios y cruces de información…la confusión es total. Y por supuesto estas áreas afectan de muchos modos el desarrollo del país.

Las reglas de juego

La ley 685 de 2000 —Código de Minas (CM)— contempla la figura de reservas especiales y otorga al gobierno nacional la facultad de delimitar áreas argumentando motivos de orden social o económico, de oficio o por solicitud expresa de una comunidad minera. Esta figura fue diseñada tanto para áreas donde existieran explotaciones tradicionales de minería informal (sobre todos de algunos minerales), como para adelantar estudios geológico–mineros y proyectos estratégicos. En el caso de los estudios geológico-mineros, el comienzo de los respectivos proyectos no podría tardar más de dos años. Y en el caso de las comunidades tradicionales, éstas tendrán prelación para explotar los recursos, aún si existen solicitudes por parte de terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de respetar los títulos vigentes, otorgados o reconocidos. Los títulos mineros otorgados antes de la declaratoria del área de reserva especial mantendrán sus derechos por cinco años más. 

El artículo 248 del CM estableció que en los proyectos comunitarios cuyas características geológico–mineras hagan posible un aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo, el Estado intervendrá para “la capacitación, el fomento, la transferencia de tecnología, el manejo ambiental, la estructuración, el desarrollo del proyecto minero y el desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren, en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías con el sector privado para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización de los minerales existentes”.

La figura legal para llevar a cabo estos proyectos son los contratos especiales de concesión y serán el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería las entidades encargadas de determinar los términos y características a tener en cuenta para este tipo de contratos.

Esta disposición fue adicionada mediante decreto 1382 de 2010, donde se autoriza a la autoridad minera a delimitar áreas que se encuentren libres para adelantar proyectos de importancia estratégica, las cuales pueden ser otorgadas a través de contratos de concesión a terceros.

La adjudicación de estas áreas de reserva especial debe realizarse mediante procesos de selección objetiva a quien ofrezca mejores condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales. A cambio se exigen a los oferentes contraprestaciones económicas diferentes de las establecidas por la ley. Este es uno de los principales criterios a tener en cuenta en el momento de asignar un área de estas características.

Es importante anotar que los títulos mineros otorgados antes de la declaratoria del área de reserva especial mantendrán sus derechos por cinco años más, pero deberán presentar un programa de evaluación geológica y tendrán prelación para adelantar actividades mineras en el área.

Un inventario desarticulado

De acuerdo con la información disponible en la página web del Ministerio de Minas y Energía, desde la expedición del CM en 2001 se han declarado 28 áreas de reserva especial, que equivalían apenas a 25.166 hectáreas aproximadamente.

Pero el pasado 24 de febrero fue expedida la Resolución 18 0241 de 2012 por medio de la cual se declaran y delimitan unas Áreas Estratégicas Mineras (AEM), en el entendido de que al gobierno nacional le interesa “buscar el desarrollo sostenible del sector bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social, haciendo un aprovechamiento racional de los minerales estratégicos, con los mejores estándares de operación y de seguridad e higiene, para garantizar las mejores condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades” ubicadas en estas AEM.

En ese mismo mes el Servicio Geológico Colombiano (SGC– ex Ingeominas) publicó el estudio “Áreas con potencial mineral para definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado” sobre la base de la información cartográfica disponible, donde se hace evidente que en las áreas de reserva estratégica el país posee un potencial significativo en los renglones de oro, metales del grupo de los platinoides (PGE), cobre, hierro, coltán y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, uranio y carbón metalúrgico y térmico.

De manera complementaria a este estudio, el Catastro y Registro Minero del SGC adelantó un ejercicio de verificación de las áreas con potencial minero, teniendo en cuenta la siguiente información:

- Los títulos mineros legalmente otorgados e inscritos en el Registro Minero Nacional.

- Las zonas excluibles de la minería contempladas en el artículo 34 del CM y su modificación —Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales de carácter regional, Zonas de Reserva Forestal Protectora, ecosistemas de páramo y humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención RAMSAR

- Zonas mineras indígenas y de comunidades negras, de acuerdo con el derecho de prelación que tiene estas comunidades

- Las áreas donde existen contratos con inversión estatal

- Solicitudes de minería de hecho, solicitudes de minería tradicional y propuestas de contratos de concesión vigentes.

Como resultado de la evaluación, se definieron tres tipos de áreas:

i) Áreas Tipo I: ofrecen un conocimiento geológico, geoquímico y geofísico aceptable, prospectivamente tienen potencial para hallar minerales estratégicos y tienen clasificación entre ≥ 4,4 y hasta el máximo de 5,0. Estas áreas equivalen a 33 polígonos correspondientes a 5.340.126 hectáreas, con potencial para el hallazgo de oro, platino y cobre.

ii) Áreas Tipo II: donde el conocimiento geológico, geoquímico y geofísico es menor, tienen potencial para alojar mineralizaciones, son prioritarias para adquirir el conocimiento requerido para la explotación de minerales y tienen clasificación entre ≥ 3,0 y 4,3. Estas áreas equivalen a 119 polígonos correspondientes a 11.534.992 hectáreas con perspectivas para el hallazgo de oro, platino, cobre, fósforo, uranio y carbón metalúrgico.

iii) Áreas Tipo III: donde el conocimiento geológico, geoquímico, geofísico y minero es bajo, sin embargo las condiciones geológicas indican que tienen potencial para minerales, son prioritarias para la adquisición de la información requerida para la exploración y tienen clasificación ≥ 1,2 y 2,9. Estas áreas equivalen a 61 polígonos correspondientes a 8.530.724 hectáreas, donde puede haber potencial para oro, cobre, platino, coltán, hierro, potasio, magnesio y fosfatos; sin embargo requieren de mayor estudio para corroborar su potencial.

El estudio concluye que, después de realizar las sustracciones mencionadas arriba y eliminando superposiciones de los diferentes tipos de áreas, el área neta total equivale a 21.627.327 hectáreas.

Pero el estudio no termina aquí: se hace además un cruce entre las áreas potenciales como Reservas Mineras Estratégicas y las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, las áreas de reserva forestal regionales y las zonas de utilidad pública declaradas por el gobierno nacional, que se encuentran reportadas ante el Catastro Minero Colombiano.

En el proceso de alinderación fueron eliminados corredores inviables para proyectos mineros y el resultado final equivale a 313 polígonos con un área de 2.900.947,78 hectáreas, las cuales mediante la ya mencionada Resolución 180241 son precisamente las que se delimitan y declaran como Áreas Estratégicas Mineras, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Está disposición establece que la autoridad minera tiene un plazo de cinco años para definir los términos de referencia y los requisitos para escoger al proponente que ofrezca las mejores condiciones y beneficios para el Estado, así como las contraprestaciones mínimas adicionales a las regalías a las que haya lugar.

Ahora bien, el 20 de junio de 2012, la Agencia Nacional de Minería (ANM) expidió la Resolución 0045 “por medio de la cual se declaran y delimitan unas áreas Estratégicas Mineras y se adoptan otras disposiciones” que con los mismos argumentos de la Resolución 180241 y sobre la base del mismo estudio realizado por el SGC [5] delimita y declara áreas estratégicas mineras equivalentes a 22.262.646,81 hectáreas de las cuales 17.570.198.92 hectáreas correspondientes a 202 polígonos en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó.

Esta nueva Resolución otorgó un plazo de diez años a la autoridad minera para definir los términos de referencia y los requisitos para escoger al proponente que ofrezca las mejores condiciones y beneficios para el Estado, así como las contraprestaciones mínimas adicionales a las regalías a las que haya lugar. Una vez realizado el análisis correspondiente a los estudios y a las decisiones tomadas, la confusión es total. No es claro si este número de hectáreas deben sumarse o restarse:

- En el caso en que las sumemos, la superficie total declarada como Áreas Estratégicas Mineras llegaría a cerca de 25.188.759 hectáreas, ya que de trata de municipios y departamentos distintos.

- En el caso en que las restáramos, suponiendo que la Resolución 0045 de junio de 2012 derogó (aunque no es explícito) la Resolución 18 0241 de 2012, el número de hectáreas equivaldría a 22.287.812, pero parece ser que no es el caso.

Vale la pena preguntarse por qué la decisión de declarar Áreas Estratégicas Mineras no fue consultada y concertada con otros sectores de la economía nacional, siendo evidente que esta decisión afecta muchos intereses distintos de los puramente mineros. Lo que sí resulta evidente por ahora es una clara desarticulación dentro del gobierno, junto con un fuerte malestar de la sociedad civil y de las entidades corporativas y la aparente superposición de bienes de utilidad pública e interés nacional, donde pareciera que unos están por encima de otros.

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Políticas mineras en Colombia

La minería en Colombia debe analizarse desde la perspectiva geoestratégica, en la cual el mundo puede ser dividido en términos del mercado global en dos tipos de países: un Norte Global caracterizado por incluir países con altas tasas de crecimiento y necesidades inmediatas de materias primas para ser transformadas y usadas en mercados internos altamente especializados y exportadas con alto valor agregado, y un Sur Global al que pertenecen países pobres, generalmente con altas tasas de inequidad en la distribución del ingreso, los cuales suministran las materias primas en mercados predominantemente manejados por empresas pertenecientes al primer grupo de países. Estas variables globales se entroncan con las relaciones entre grupos financieros y minería, donde los grandes capitales se diversifican en actividades aparentemente inconexas pero que permiten la especulación, la salida fácil de dividendos a las casas matrices de las empresas transnacionales y, además, crean un manto de legitimidad a partir de códigos de comportamiento avalados por la banca multilateral, la cual hace de juez y parte.

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De los cultivos de coca y marihuana a la minería informal en Simití

Alfredo Molano Bravo.

Tres horas navegando en una chalupa con un motor de 200 caballos por aguas contaminadas del río Magdalena son necesarias para llegar desde Barrancabermeja hasta Cerro de Burgos. Las orillas del río, amenazadas por las crecientes continuas –y ya imprevistas– son defendidas por muros construidos por Cormagdalena, que llaman estrellas, enormes mariposas de cemento que impiden que las aguas aneguen los cultivos de palma de aceite, la mayoría sembrada después del paso sangriento de los paramiltares por el Magdalena Medio.

Cerro de Burgos fue un matadero de campesinos. Las autodefensas controlaban el paso por este punto hacia la serranía de San Lucas, una gran mina de oro, donde el Eln era fuerte. El Magdalena forma en la región un rosario de ciénagas, una de las cuales es la de Simití, donde a fines del siglo XVI fue fundado uno de los pueblos más bellos y pacíficos del país. La zona urbana está construida sobre tres pequeñas penínsulas; tiene tres plazas, dos iglesias coloniales; sus casas parecen sacadas barrio Getsemaní en Cartagena.

Vive de la pesca. Siempre ha vivido de la pesca, exceptuando una breve fiebre del oro a principios del siglo XIX; oro que se llevaba a Mompox y que podría explicar la joyería en filigrana que ha hecho conocido a este pueblo, otra belleza. Así como Mompox fue el puerto escondido de Cartagena para defenderse de los piratas, Simití fue la retaguardia secreta de Mompox. La agricultura no prosperó. El Prefecto de Mompox, que visitó Simití en 1874, después de la decadencia del oro escribió que durante su estadía todos los alimentos escaseaban con excepción del pescado: “11 días permanecí allí y no se mató ni una res ni un cerdo; el pueblo se mantenía con insípidos peces de la ciénaga y no había yucas ni plátanos ni ñames ni batatas y el maíz a un precio muy elevado”. Quizá así se mantuvo hasta que los mineros de oro de Santa Rosa, o los obreros del petróleo en Cantagallo, se convirtieron en demanda local de bastimento.

Entre hamaqueos vespertinos y agitadas faenas de pesca en las madrugadas, envejecían la parroquia hasta que en 1984 apareció un frente del Eln. Desde los años 70 se oía nombrar la guerrilla, pero sólo fue en este año cuando el cura Manuel Pérez decidió entrar a la región tras el control del oro de Santa Rosa. Después llegaron las Farc, sin duda, tras el mismo objeto. Los enfrentamientos fueron frecuentes hasta un acuerdo sobre el control del territorio.

La marihuana se cultivó desde fines de los setenta y durante poco tiempo. La gente vivía también de la extracción de la madera y cuando las tierras fueron convertidas en potreros, Ecopetrol y el Fondo Ganadero de Santander entregaron a los campesinos ganados al aumento o a utilidad. El sindicato de la USO había firmado una convención colectiva, uno de cuyos puntos fue el de proveer a los obreros de carne. La guerrilla extorsionó a la empresa hasta el punto de quebrar el negocio.

Después llegó la coca, que transformó la vida económica y política de la zona. La agricultura campesina se desplomó. En los pueblos y en los campos sólo había mujeres, todos los hombres se fueron a raspar. Los salarios que se pagaban para trabajar la hoja superaban los jornales conocidos y hasta los soñados. El precio de la remesa se elevo descomunalmente. Quien no cultivaba coca no podía sobreaguar. La coca era la cosecha de maíz, o de arroz o de yuca que cabía en un bolsillo.

Las Auc llegan a la zona en 1998 y se consolida el Bloque Central Bolívar. Esa misma tarde las Auc reunieron al pueblo en la plaza. Las mujeres lloraban. “¿Por qué lloran, les preguntó Gustavo, si todavía no hemos matado a nadie?” El terror fue general. A los hombres los levantaban a las 3 de la mañana, les quitaban las cédulas y los obligaban a limpiar las fincas de los hacendados. A las mujeres les decían que eran mozas de la guerrilla. “Camine que a usted le figura hoy”, amenazaban. Mataban los cerdos sueltos a plena luz del día, se adueñaron del comercio de alimentos, controlaron el tráfico ilegal de combustible, en conclusión se posesionaron de la economía de la región. En el Piñal asesinaron a seis inocentes; en El Colorado a cinco hermanos. Prohibían a los familiares enterrar a sus muertos y, por el contrario, los obligaban a botarlos a los ríos y ciénagas, a muchos se los echaban a los caimanes. Las guerrillas no pudieron hacer frente a los paramilitares sino ocasionalmente.

No obstante, el 23 enero de 1999 cuando los paramilitares hacían un recorrido de rutina en compañía del batallón de contraguerrilla Los Guanes, en las Sabanas de San Luis los atacó las Farc a morterazos, les causaron varias bajas y destruyeron la casa de un campesino que habían ocupado como base. La zona del ataque fue hasta ese momento una sabana colectiva, un ejido, al que tenía acceso toda la comunidad, sobre todo en invierno, cuando las zonas bajas se anegaban. Hoy la sabana ha sido apropiada por terratenientes y sembrada con palma.

Marchas y economía

La verdadera causa del terror paramilitar y militar hay que buscarla en las marchas campesinas que tuvieron lugar en la región. La primera fue en 1984, hacia Cartagena. Miles de campesinos y pobladores del sur de Bolívar se movilizaron en planchones por el río Magdalena, pidiendo vías, luz y salud. Fue rechazada a la entrada de La Heroica por la fuerza pública. La segunda gran marcha fue hacia San Pablo, en 1996, exigiendo poner fin a la fumigación de los cocales campesinos y pidiendo planes de desarrollo alternativos. A los manifestantes los sitiaron por hambre en la cabecera del municipio. Por último, la marcha hacia Barrancabermeja, en 1998, contra las masacres hechas por las Auc y las ejecuciones extrajudiciales del Ejercito fue calificada por el gobierno como un intento de despeje forzado por las guerrillas del Eln, tal como se estaba dando en el Caguán con las Farc. A raíz de esa marcha los paramilitares instalaron en la región un retén en Cueva de Sapo, las masacres aumentaron y el desplazamiento campesino se generalizó.

Un tiempo atrás, el cura Clemente Verel, francés, durante 15 años párroco de Simití, vislumbrando el peligro que para la economía campesina representaban los cultivos ilícitos y las economías de enclave tanto aurífera como palmera, creó una asociación de pequeños propietarios y colonos, ASPROAS –Asociación de productores alternativos de Simití–, que comenzó con 25 socios, un pequeño capital semilla que poco después la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo, Swissaid, convirtió, con un aporte mayor, en un fondo rotatorio. Dos molinos de arroz, un comité de mujeres y una línea de crédito para huertas caseras y gallinas de patio fueron pactadas con los campesinos y hoy, después de tres lustros, se mantienen activas.

El programa del cura Verel echó raíces sobre todo en un pequeño poblado a orillas de la ciénaga de San Luis. En 1996 los campesinos que marcharon a San Pablo obtuvieron apoyo formal del gobierno para sus proyectos de sustitución de la coca, y consiguieron el apoyo el cultivo de arroz que se hace a orillas de la ciénaga y “sembrado a chuzo y recogido a hoz”. El molino comunitario facilita vender el grano limpio y no depender de las trilladoras empresariales. El problema comenzó a vislumbrarse con el TLC pues, como se sabe –el mismo ministro Restrepo lo ha dicho–,uno de los grandes perjudicados de ese tratado van a ser los arroceros, ya bastante golpeados por la triangulación.

Pero la asociación campesina decidió enfrentar la competencia cultivando variedades tradicionales como Chilimico, Cica 8 Bluebonet, canilla mono, canilla blanco, liguerito, que son muy apetecidas por su sabor, y con el “cultivo de bocachico”. Cormagdalena obsequió 5.000 alevinos y enmallaron una boca de la ciénaga para producir esta especie que, al contrario de la tilapia o la mojarra, es nativa. Este proyecto ha sido una importante gestión de Asproas dentro de un proceso de formación de conciencia a los pescadores para un manejo sostenible de las ciénagas. El gran problema que enfrentan hoy es la sedimentación y contaminación del río Magdalena que alimenta la ciénaga a través de Caño Barbudo, un caño roto por el hombre para convertirlo en pasadero de los grupos armados.

Las 27 ciénagas –un basto humedal– están interconectadas y a ellas llegan los desperdicios de la producción de cocaína y, sobre todo, las aguas sedimentadas y envenenadas con mercurio procedentes de Ánimas Bajas, la vecina zona minera. Para rematar caen al caño aguas contaminadas con gasolina que a gran escala los paramilitares sacan del oleoducto. La coca y la gasolina salen por Vijagual y Lebrija hacia los diferentes mercados.

La palma

La palma aceitera es otro de los grandes negocios en la región. Y otro de los grandes problemas. A Simití llegó por San Alberto y Puerto Wilches. El éxito económico de los primeros cultivadores incentivó su siembra en la región. Pasada la fumigación de la coca, llegó el programa Plante –programa de sustitución de cultivos ilícitos–, uno de cuyos proyectos económicos fue el de palma. La palma se expandió como la verdolaga. Las empresas palmeras entraron diciéndole a los campesinos: ‘ustedes nos dan la tierra y nosotros la ponemos a producir’. La gente aceptó porque pocas opciones tenían. Y se endeudó, respaldando las hipotecas con sus predios y el sistema financiero obligó al gobierno a titular las tierras que servían como prenda.

Las grandes fincas que por tradición eran arrendadas a los campesinos para sembrar yuca, plátano y arroz se dedicaron al nuevo cultivo, la mayoría respaldados con las famosas alianzas productivas, tal como sucedía en Catatumbo y Montes de María. Los grandes cultivadores –muchos con dineros nacidos en el narcotráfico– han ampliado su producción, comprando tierras baratas a instancias del desplazamiento de población. El programa de restitución tendrá aquí un gran trabajo de esclarecimiento.

Entre los distintos modelos de economía palmera hay un intento atractivo para los campesinos, impulsado por un político de San Pablo, Palmas del Sur S.A. Fue creado en 1999 con dineros del Plan Colombia. Los 113 socios de la sociedad compraron la hacienda Vizcaya de 1.000 hectáreas y suscribieron créditos por $1.900 millones del Banco Agrario. Cada socio debía aportar un predio de 7,5 hectáreas para acceder a los incentivos del gobierno. La empresa les prestó asistencia técnica y suministró abonos. El negocio ha tenido un aceptable desarrollo a ojos de los miembros de la asociación. El paquete en su conjunto es administrado por la empresa bajo la forma de alianza productiva. Muchos campesinos sostienen que el proyecto les salvó las tierras de manos de las autodefensas, porque el gobierno y el plan Colombia entraban en el negocio.

El modelo de Rudas inspiró el programa de Palma Campesina que lleva a cabo el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En los dos casos el propósito es vincular mediante las mentadas alianzas productivas a pequeños y medianos propietarios al negocio de oleaginosas, incluyendo la perspectiva de producir agro combustibles en plantas propias. El peligro que perciben los asociados, por ahora lejano, es el de una crisis de precios por sobre oferta mundial o por una caída de los precios del petróleo. En estas eventualidades, las alianzas productivas transmitirán el “crash” a las asociaciones campesinas que no podrían reconvertir su economía para defenderse de la caída de precios Así vistas las cosas, el riesgo lo corren los asociados, siendo los pequeños los más vulnerables .

En la región es ya una leyenda el caso de la Compañía Palmera Simití del Sur de Bolívar. Unos acaudalados y desconocidos empresarios llegaron a sembrar palma pero como no tenían tierra formaron la sociedad amparados por el Plante y asociaron un centenar de campesinos en Asopalma Incuagro y Aspalsur para cultivar 4.500 hectáreas también bajo la fórmula de alianzas productivas. El campesino ponía la tierra en usufructo por 30 años para que la empresa cultivara la palma, pagándole un canon de arrendamiento. Gran parte del capital se invirtió en gastos de administración y se creó una cooperativa de trabajo asociado. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que un día hace cuatro años los empleados de la compañía desaparecieron, dejaron a los campesinos endeudados y hoy sus fincas están a punto de ser rematadas por los bancos. Algunos han optado por asociarse con otras grandes empresas de la región. El futuro es incierto y ningún ente responde por la extraña situación.

Ánimas Bajas

La fiebre de oro regresó a Simití después de varios siglos y lo hizo por efecto de la crisis de la ganadería al aumento arruinada por la extorsión guerrillera, la fumigación de los cultivos ilícitos y la invasión palmera. El negocio de la ganadería a utilidad, generalizada en los 80, fue seriamente golpeado por el robo y la extorsión hechos por las guerrillas. La tierra se enrastrojó y desvalorizó. Fue el tiempo en el que se vendieron fincas a cualquier precio. Con la entrada del paramilitarismo la tendencia cambió de dirección, pero la mayoría de los predios no regresaron a manos campesinas.

El cultivo de la hoja de coca fue la solución para muchos pobladores, que encontraron en el negocio una alternativa rentable y relativamente fácil. Pero la fumigación y la represión policial y militar desplazaron a muchos cultivadores hacia la serranía de San Lucas, tierras aún sin ocupar por aquellos años noventa. Al mismo tiempo, el control paramilitar del territorio dio confianza a inversionistas, y la palma pelechó en las tierras más fértiles, lo que, en general, no significó una solución para los campesinos de la región en términos de empleo. Las minas de oro de Ánimas Bajas y Ánimas Altas eran trabajadas por matraqueros –llamados en otras partes barequeros– desde mediados de los 70, sin grandes desarrollos. La abrupta y radical elevación del precio del oro a comienzos de esa década, disparó de nuevo la minería artesanal y la empresarial, consideradas por el gobierno como actividades ilegales, por no cumplir los requisitos ambientales y técnicos determinados por los códigos.

La explotación aurífera tiene en la región tres socios. El dueño o poseedor tradicional del terreno, el matraquero y el dueño del entable. Sobraría decir que ninguno tiene un título minero. El material aurífero de aluvión no es superficial. Se necesita, por regla general, descapotar el área de explotación, revolcar la tierra, trabajo este que no puede llevarse a cabo sin maquinaria pesada –buldóceres, retroexcavadoras–. Razón por la cual la explotación asume carácter empresarial: una retroexcavadora cuesta $300 millones. Hay más o menos 40 de ellas provenientes la mayoría de zonas mineras tradicionales como El Bagre, Zaragoza, Segovia. Los poseedores de los “placeres” –o tierras auríferas– arriendan a los dueños del entable una determinada superficie para ser explotada, con un canon que oscila entre el 10% y el 12% de lo obtenido en oro limpio y la condición de que permitan el matraqueo, o sea, el trabajo del barequero.

Sobra decir que ejercen también una celosa vigilancia sobre el rendimiento de los entables. Estos dispositivos suponen uno o dos “retros”, un par de bombas de agua, una elevadora, una tolva y una zaranda. Toda el agua que usan para la explotación, ya mezclada con mercurio y cianuro para recoger el metal, va a un estanque gigantesco antes de ser vaciada a las quebradas y las ciénagas El Popal y Santo Domingo. Los sitios de trabajo se convierten en gigantescas cárcavas donde la recuperación vegetal es lentísima o imposible. Los matraqueros desarrollan su labor con bateas en tierra removida, o por remover, con un enorme peligro para sus vidas. No son pocos los que quedan sepultados bajo los barrancos. El rendimiento logrado es discreto, quizás un gramo, un gramo y medio diario, que venden al dueño del entable o a los comerciantes, que revenden usualmente en Medellín o en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

El oro es declarado como extraído en Santa Rosa, por tanto el municipio no se beneficia de las regalías. Es previsible que declaren mucho menos oro del que negocian, para evadir impuestos, o mucho más, para lavar dineros ganados en el comercio de narcóticos. Desde fines de los años 80 fue decretada la libertad de negociación del oro. Los tres socios son íntimamente solidarios frente a las autoridades o contra ellas. Confiscar maquinaria es una medida peligrosa e inútil porque las máquinas no son neutralizadas y no pueden ser transportadas a lugares donde la Policía pudiera impedir su desguace. El gobierno se ha declarado impotente para controlar la minería ilegal, pese a que existe una ley (1450 de 2011) y unas autoridades competentes para hacerla cumplir.

Los mineros y la gente de los pueblos teme que las zonas auríferas sean tituladas a las multinacionales y se han organizado para enfrentar la eventualidad. Pocas dudas caben de que la “nueva minería” impulsada y defendida por el gobierno, considerada legal quedará en manos de las grandes compañías. La última determinación del gobierno de declarar territorios mineros estratégicos y por tanto de utilidad pública a más de 20 millones de hectáreas ha puesto en guardia tanto a los mineros artesanales como a los ilegales. El conflicto queda planteado.

El germen del Bloque Central Bolívar

A mediados de 1998 Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, llegó a Simití con la misión de implantar allí el modelo paramilitar de la casa Castaño. De tiempo atrás la criminalidad había puesto sus ojos en esta región entre Antioquia y Bolívar, gracias a su privilegiada ubicación entre el río Magdalena y la serranía de San Lucas y a sus yacimientos auríferos.

El 11 de junio de 1998 cerca de 100 hombres arribaron al corregimiento de Cerro Burgos, mataron a tres personas y dieron aviso a los pobladores de que los paramilitares habían llegado para quedarse. Ese fue el germen del Bloque Central Bolívar, una de las facciones más poderosas de las autodefensas, que se expandió a siete departamentos y dejó, según las autoridades, alrededor de 14.000 víctimas.

‘Ad portas’ de un nuevo paro minero

Con la consigna “Defendamos la vida, frenemos la locomotora minero-energética”, los pequeños mineros del país, entre otros sectores, pararán el próximo 1° de agosto para protestar contra las multinacionales mineras y exigirle al Gobierno que cumpla con los acuerdos a los que se llegaron el 30 de noviembre pasado en el marco del último paro minero, entre ellos el de avanzar en la formalización de los mineros artesanales que hoy son considerados ilegales.

En un comunicado en el que se invita a la movilización, los manifestantes aseveran que “cerca de 2 millones y medio de personas que subsisten de la pequeña minería desde hace, muchas décadas, enfrentan la persecución del Gobierno”, de acuerdo con ellos, “el propósito es entregar esas explotaciones mineras a las transnacionales, quienes en muchos casos ya tienen títulos sobre las actuales áreas mineras tradicionales”. Al respecto, el Gobierno prepara un nuevo Código de Minas y ha dicho que la formalización será su prioridad.

Publicado en Prensa Rural.

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¿Trabas en restitución de tierras en Las Pavas?

Organización Femenina Popular. 40 años defendiendo la vida

A continuación reproducimos la invitación de la Organización Femenina Popular para hacerse partícipes de la celebración de 40 años de lucha y resistencia.

Barrancabermeja, 20 de mayo de 2012

Estimadas compañeras y compañeros, 

Mediante la presente comunicación les extendemos formalmente la invitación a participar en los actos organizados con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la Organización Femenina Popular, el próximo día 20 de julio de 2012 y en otras actividades que realizaremos durante todo el año.

Nuestro proceso organizativo, social y político de mujeres nació en el municipio de Barrancabermeja, Colombia, en 1972. Desde entonces, hemos trabajado desde la resistencia activa al conflicto armado y a toda forma de violencia por la defensa de la vida digna y los derechos integrales de las mujeres y sus pueblos, mediante la organización, formación y movilización popular como única posibilidad de transformar la realidad y conseguir la paz con justicia social en Colombia. Este trabajo se materializa en diferentes áreas: salud integral, formación, jurídica, productiva, seguridad y soberanía alimentaria, vivienda digna… Todas ellas, en conjunto, propician un proceso de empoderamiento de las mujeres, de elevación de la autoestima y de cualificación de la capacidad de incidencia pública.

En estos 40 años de defensa y lucha por los derechos de las mujeres, hemos desarrollado diferentes estrategias de resistencia, desde la civilidad y la autonomía, para continuar nuestra labor, a pesar de la crudeza del conflicto social y armado, que se agudiza en las mujeres, principales víctimas de la violencia de los actores armados y a pesar de las persecuciones y amenazas que hemos sufrido y seguimos sufriendo las defensoras y defensores Derechos Humanos en Colombia.

Nuestra principal estrategia, la base de nuestra resistencia, reside en las alianzas y redes de solidaridad entre las mujeres y las organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que nos permiten visibilizar y denunciar las situaciones que se viven en la región más allá de nuestras fronteras. Es precisamente esta solidaridad la que nos impulsan a seguir construyendo y luchando por un país diferente, la que nos permite existir y seguir resistiendo después de 40 años.

Por todo ello, este 40 aniversario queremos dedicarlo a las redes solidarias y fortalecer así nuestros lazos y nuestra colaboración. Por eso, en agradecimiento a su inestimable apoyo durante estos años, invitamos a su organización a ser parte activa en la conmemoración de nuestro aniversario, bien a través de la asistencia física a los actos del día 20 de julio de 2012 en Barrancabermeja, bien a través de pronunciamientos, cartas y mensajes de respaldo al trabajo de la OFP, publicados en la red o dirigidos por cualquier otro medio a la comunidad y a las autoridades correspondientes, o bien a través de un aporte económico que nos permite llevar a cabo los actos programados.

Esperando poder contar con su participación en este importante evento, aprovechamos la ocasión para enviarles nuestro más cordial saludo.

Atentamente,

Gloria Amparo Suárez,
Representante legal y coordinadora regional

Sería muy grato que nos remitieran sus mensajes de apoyo a cualquier de nuestras direcciones para poder hacerlos visibles de manera conjunta el día del aniversario.

Datos de Contacto

Correo electónico

femenina@colnodo.apc.org

Dirección

Carrera 36 E 53‐37

Barrio Santander,

Barrancabermeja, Magdalena Medio,

Colombia

Contacto internacional

ofpvalencia@gmail.com

Telefax+57 7 610 28 79

Sitio Web: organizacionfemeninapopular.blogspot.com

Campesinos de Hacienda La Pavas denunciaron invasión y atropellos

Tomado de vanguardia.com

Marcelo Almario Chávez

La Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab, advirtió a las autoridades y opinión pública sobre las supuestas acciones que violan sus derechos y amenazas proferidas por la empresa palmera Aportes San Isidro, esto con apoyo de la Confederación General de Trabajadores, CGT, y la Federación Sindical Nuevo Liderazgo Campesino.

Misael Payares Guerrero, miembro de la asociación, y quien en 2003 abandonó el sector tras la supuesta incursión paramilitar del Bloque Central Bolívar, indicó que desde el retorno de los campesinos, estos han venido sufriendo hostigamientos, daños en los cultivos, destrucción de ranchos y alambres de cercas, pérdida de ganado y amenazas contra sus vidas.

“Esta empresa no respeta los convenios establecidos con el Estado. Somos 116 campesinos miembros de la asociación pero hay unas 450 personas que reclaman las tierras”, explicó Payares Guerrero.

Sobre tal situación, el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo en las últimas horas a Vanguardia Liberal que de existir inconvenientes se solicitará el concurso de la fuerza pública para que protejan a los campesinos.

Entretanto, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, aseguró que es arbitraria la invasión que está promoviendo la empresa Aportes San Isidro, e hizo un llamado a las autoridades para que detengan estas acciones (Ver recuadros).

Asimismo, los propios campesinos advirtieron que en los últimos días la comunidad ha escuchado comentarios sobre una inminente entrada de la empresa para sembrar palma en los territorios que aún se encuentran en conflicto.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades colombianas para que prevengan la invasión que pretende llevar a cabo la empresa Aportes San Isidro, que vienen promoviendo en las comunidades campesinas aledañas la entrada a los predios para sembrar palma, ofreciendo a los campesinos altas sumas de dinero”, dijo Misael Payares.

Finalmente, el representante legal de la empresa Aportes San Isidro, José Ernesto Macías, aseguró que son propietarios legítimos de los predios, los cuales según él fueron adquiridos en 2006 (Ver recuadros).

Invasión arbitraria
La gerente general del Incoder, Miriam Villegas Villegas, señaló que en la actualidad su despacho adelanta un proceso de extinción de dominio sobre los predios y ya se ordenó a la fuerza pública a proteger los derechos de los campesinos ante la “acción arbitraria que está promoviendo la empresa Aportes San Isidro”.

“Es arbitraria la invasión que está promoviendo la empresa Aportes San Isidro, según lo que nos denunció la Asociación. Nos informa la policía que hay más o menos 150 hombres que con tractores han venido tumbando y dañando los cultivos de pan coger y las cercas de los asentamientos de los campesinos, y nosotros hemos hecho el llamado de atención a las autoridades para que se impida de manera inmediata”, denunció la funcionaria.

La Gerente General del Incoder dijo que estas acciones se adelantan porque el proceso de extinción está en curso, lo cual impide que la empresa en cuestión mediante vías de hecho quiera “saltarse” la autoridad que está en cabeza del Incoder.

“Porque con esas obras que ellos están haciendo lo que quieren hacer es hacer un fraude al proceso de extinción del dominio, porque ellos quieren que cuando vayamos a hacer la inspección veamos que hay cultivos. No había cultivos y esa es la situación fáctica actual. Ellos quieren transformar la realidad para poder incidir negativamente en la decisión que nosotros vayamos a tomar y eso en cierta forma es un fraude en el proceso, por eso nosotros hemos pedido a la policía protección a los campesinos”.

Se protege al campesino
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le advirtió a Vanguardia Liberal que en este caso si hay cualquier inconveniente con amenazas se solicita el concurso de la fuerza pública para que protejan a los campesinos. “Se están aplicando todos los procedimientos para buscar la expropiación por uso indebido ambiental de esas tierras por los que están… y proteger a los campesinos en todo lo que sea del caso. Esa es la línea que tiene el Incoder”, aseguró el Ministro de Agricultura.

Sobre el proceso de extinción de dominio
Acerca del proceso de extinción de dominio, el Incoder advirtió: “Hemos adelantando en diferentes procesos una extinción del dominio por vía agraria. Esa extinción la estamos haciendo porque los predios están en una situación de inexplotación económica, para poder después adjudicarlo a quien quiera hacer uso de las propiedades. El proceso inicio hace muchos años. Había concluido en 2009 y una sentencia de tutela, la T – 267, de la Corte Constitucional nos ordenó reabrir el proceso”, dijo la gerente general del Incoder, Miriam Villegas Villegas.

La funcionaria agregó que ayer su despacho expidió un oficio dirigido al comandante del Departamento de Policía de Bolívar, coronel Jorge Vargas, dándole instrucciones de cómo proceder frente a estas acciones denunciadas por la asociación campesina.

Responde Aportes San Iisdro
El representante legal de la empresa Aportes San Isidro, José Ernesto Macías, aseguró que son propietarios legítimos de los predios, los cuales según él fueron adquiridos en 2006. “Sobre ese predio no existía ninguna reserva por parte de Incoder ni ninguna otra entidad del Estado, de hecho ellos fueron los que nos invadieron a nosotros en 2009, argumentando que estaban adelantando un supuesto retorno”, explicó. Macías argumentó que la Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación y en noviembre de 2011 expidió el fallo respectivo manifestando que en esa finca nunca había existido ningún desplazamiento. “Los que tienen denuncios son ellos de parte nuestra por invasión de tierras y tienen denuncios de esta Fiscalía, que compulsó copias para que los investiguen por fraude procesal”, resaltó el Representante Legal de la empresa Aportes San Isidro. Macías informó que la Fiscalía de Bucaramanga adelanta una investigación y que su empresa espera el fallo de esta y de los procesos que en la actualidad realizan el Incoder y Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. “Nosotros no estamos haciendo ninguna amenaza, eso me parece un denuncio temerario. No sé si he sido objeto de esas acusaciones, pero si es así las atenderé y estableceré las respectivas querellas judiciales”, puntualizó.