viernes, 25 de noviembre de 2011

Cómo las transnacionales minero-energéticas evaden impuestos al país

Robledo: «Si hay una cosa abstrusa en Colombia es el sistema impositivo que está diseñado para que nadie lo entienda porque de la confusión salen las ganancias; el país puede ser literalmente saqueado si se les antoja a las empresas».

La intervención del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo en la Comisión Quinta del Senado el 22 de noviembre de 2011 ayudó a aclarar las cifras sobre dónde se quedan los impuestos al sector minero-energético en Colombia y aportó luces para entender su importancia económica para las finanzas del país. La conclusión es que a parte de que el Estado rebaja impuestos para favorecer la inversión y aporta recursos como infraestructura o seguridad para mejorar y proteger el negocio, las empresas hacen lo posible para evadir sus obligaciones fiscales. El Estado se lo pone fácil: 16 personas del Ministerio de Minas y Energía controlan la producción diaria de los 341 yacimientos de petróleo que hay en el país; y a cada uno de los 105 auditores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) le corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta (de las cuales, 46 son del sector minero-energético). Consecuencia: el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las propias empresas a su conveniencia.Los empujes a la locomotora minero-energética

Desde que Juan Manuel Santos se instaló como presidente de Colombia fijó como una de sus “locomotoras” económicas el sector minero-energético. Con ello estaba indicando que el Gobierno concedería todas las facilidades para que las empresas transnacionales, principalmente, inviertan en el país porque eso traería grandes beneficios. Robledo aseguró que por cada 68 dólares que se invierten en el país en ese sector, salen 100 con lo que Colombia se convierte en exportador neto de capital. Robledo advierte que Colombia no está siendo capaz de producir las divisas para que su aparato productivo funcione: «El desbalance de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2010 llega a 8.500 millones de dólares; el país se está literalmente desbarantando con lo que el discurso de que la inversión extranjera nos salva no es real: está saliendo más plata de la que entra».

Los esfuerzos gubernamentales en los últimos años se han dedicado a generar la suficiente confianza para la inversión extranjera. Por ello la Ley 756 de 2002 alteró el porcentaje de las regalías —impuesto a los recursos naturales extraídos— que quedó dependiendo del volumen de producción. Por ejemplo el porcentaje en el sector petrolero entre 1994 y 2002 era del 20% para todos los yacimientos, sin importar el volumen de la producción. Hoy en día los cálculos según los datos del Ministerio de Minas para todos los campos petroleros son de un promedio del 13,69% en regalías. Para Robledo, las regalías deberían aumentar por volumen de producción y por precio del producto para que cuando suban los precios del oro o el petróleo, ello también se vea reflejado en los ingresos para el Estado.

Los incentivos y el mejoramiento del marco legal

En el año 2003 el Gobierno transformó la estatal Empresa Colombiana de Petróleos en Ecopetrol S.A. y le abrió las puertas de la privatización. También creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente administrador y regulador del recurso hidrocarburífero del país con lo que, según la misma ANH, «comenzó la transformación de Colombia en un país nuevamente prospectivo y atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros». Las “Razones para invertir en Colombia” de la ANH son un resumen de las ventajas del país que muestran un panorama inmejorable: «En la actualidad Colombia presenta un régimen atractivo, estabilidad económica y política (entre las mejores de Latinoamérica), una Agencia plenamente operativa, una elevada confianza entre los inversionistas y un gran potencial geológico».

Las ventajas para las empresas de invertir en Colombia las resume un estudio de la firma Ernst & Young de 2011 sobre las transacciones en el sector de minería y metales en el mundo durante el año 2010 y el panorama para 2011 que señaló lo siguiente: «El nuevo gobierno colombiano considera que el sector de minerales y metales es una locomotora que impulsará el crecimiento económico y ha introducido medidas a favor de la inversión extranjera. Soportándose en incentivos tributarios, liberalización y en un mejoramiento del marco legal, se ha incrementado la participación extranjera en la economía, la inversión extranjera directa —particularmente en los sectores de minerales y metales— está liderando el sector económico. Una serie de reformas han tenido éxito en reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos, proteger la inversión y en incrementar la transparencia del gobierno. La estabilidad de la tenencia está garantizada con contratos mineros que se renuevan automáticamente por el tiempo de agotamiento de la mina».

Desde el 22 y hasta el 25 de noviembre tiene lugar el XIV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2011 “Petróleo, Gas y Biocombustibles: Locomotora para el progreso” en el Country Club de Bogotá que organiza hace 26 años la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET). En el evento cuya inscripción individual cuesta 928 dólares tendrá lugar el prelanzamiento de la “Ronda Colombia 2012” —la ANH ya convocó la llamada “Ronda Colombia 2010” en 2009 para ofertar 170 bloques petroleros en todo el territorio colombiano— y se hablarán, probablemente, de las necesidades de las empresas extractivas para seguir obteniendo más ventajas para su negocio.

Trabas ambientales

Por ejemplo, al presidente de ACIPET, Héctor Barrera, le molesta la demora en las licencias ambientales ya que reclama que en 2009 tardaban seis meses en ser aprobadas y en la actualidad más de un año. Barrera sostiene que si no fuera por ese obstáculo, «ya estaríamos produciendo un millón de barriles diarios», meta del Gobierno para la producción petrolera que todavía no alcanza ya que está situada en los 830.000 barriles diarios, según las empresas.

Las preocupaciones del sector empresarial son las trabas que ven en las licencias ambientales, la falta de infraestructura y la carga impositiva como ya apuntaron en el “Mining Management Summit” el 21 de noviembre en el Hotel Sheraton de Bogotá con la presencia de empresarios nacionales e internacionales. En ese evento cuya inscripción individual tiene un costo de 580 dólares, el recién ministro de Minas y Energía, el economista Mauricio Cárdenas, hizo un llamado para que las autoridades ambientales solucionen la confusión que hay en las exigencias para la actividad minera. Según información de Portafolio, diario económico organizador del evento, el funcionario señaló que no se puede confundir exploración con explotación y exigirles a las compañías acciones de mitigación como si ya estuvieran extrayendo los recursos cuando apenas están conociendo el potencial del subsuelo.

Inversión billonaria en infraestructura

El Gobierno a través del ministro Cárdenas en su documento presentado en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura anunció la inversión billonaria con la que pretende resolver las necesidades de infraestructura que el sector privado ha requerido con urgencia para el sector minero-energético. Así, oleoductos, gasoductos, puertos, centros de almacenamiento, obras de dragado para navegabilidad marítima y fluvial, subestaciones y expansión de energía, modernización de refinerías y red ferroviaria hacen parte del plan de inversiones que supera los 7.000 millones de dólares hasta el 2014. Según Cárdenas, el objetivo es que el sector disponga de las condiciones necesarias para asegurar el suministro confiable de hidrocarburos y energía eléctrica.

Sistema impositivo obstruso

El senador Jorge Enrique Robledo afirmó en el debate de la Comisión Quinta que «si hay una cosa obstrusa en Colombia es el sistema impositivo que está diseñado para que nadie lo entienda porque de la confusión salen las ganancias». El senador del PDA indica que también hay una confusión en el manejo de cifras y términos ya que hay informes que separan sectores (hidrocarburos y minería) y rubros (como regalías o impuestos) y luego los mezclan. Advierte que así los impuestos son más fáciles de evadir, que hay problemas de auditoría y de normas, que se manipulan cifras frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), que hay descuentos tributarios por la vía de la legalidad y algo que le parece muy grave: el Gobierno cree las cifras que le reportan las transnacionales —que son la base para el cobro de regalías— por una cuestión de fe pues no hay capacidad de comprobarlas.

Canon superficiario

Según un estudio del consultor, docente y economista Guillermo Rudas, los mineros deberían pagar por canon superficiario —impuesto por explorar un área que depende de su extensión en hectáreas— entre 150.000 y 450.000 millones de pesos anuales pero INGEOMINAS recibe entre cinco y catorce veces menos por este canon. Rudas señala que el ente estatal no reporta si esos ingresos están siendo redirigidos a los entes municipales o departamentales y tampoco si ha anulado los títulos que otorgarían esos ingresos.

Así, entre 2005 y 2009 se debieron pagar por canon superficiario como mínimo 293.832 millones de pesos pero INGEOMINAS reportó $99.948 millones de ingresos por este concepto: una diferencia de 193.884 millones, que es la cifra que la minería ha dejado de pagar. Es posible que esta cifra sea mayor, como lo señala Rudas, pues hay empresas que deben pagar más de un salario mínimo diario por hectárea —que es el valor con que se establece el pago—.

En la entrevista deSalud Hernández a Guillermo Rudas en La República del 18 de julio de 2011, éste afirma: «Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de 6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de 6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de 3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta».

Irregularidades descritas por la DIAN

El informe “El sector minero como motor del desarrollo” del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, del 6 de octubre de 2011 señala irregularidades de algunas empresas del sector petrolero. Literalmente:
Inflan el valor contable de los activos fijos.
Incluyen gastos como activos fijos.
Reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial.
Incrementan las provisiones aceleradamente sin responder a una racionalidad económica, para incrementar costos. Estos recursos se conservan en efectivo en el exterior.
Disfrazan de legal, importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador que incluyen como activos fijos que usan para la deducción especial.
Sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas.
Inflan los costos de los servicios contratados (transporte, servicios técnicos y asistenciales, etc.) para disminuir la base gravable.
Contratan servicios con firmas cuyos representantes legales son los mismos abogados asesores de las compañías.

Muchas de las irregularidades tienen que ver con inflar los costos y las inversiones en activos fijos; esta práctica se usa para disminuir el impuesto de renta aumentando las deducciones. Para sacar la renta líquida gravable —que es la cifra a la que se le aplica la tarifa del 33%— a los ingresos se les restan los costos y las deducciones (gastos operacionales de administración y de ventas, deducción por inversiones en activos fijos y otras). Al inflar los gastos e inventarse inversiones en activos fijos, las empresas aumentan las deducciones para, tal y como afirma el director de la DIAN, «disminuir la base gravable» con lo que reducen el valor del impuesto de renta que deben pagar.

Sobre el sector minero, el informe de la DIAN refleja una situación similar sobre las prácticas de algunas empresas. Literalmente:
Efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales.
El 100% de las ventas lo hacen a compañías vinculadas.
No hay información disponible (estados financieros, composición del negocio, etc.) de los compradores.
Presunción de profit-shifting [reubicación de ingresos en países de baja imposición fiscal] para disminuir la base gravable y ser responsables de un menor impuesto a cargo.

Problemas de auditoría

Para las cuestiones de auditoría y fiscalización los números no son tan boyantes. Por ejemplo, según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, «el número de funcionarios auditores para fiscalizar los contribuyentes de los sectores minero e hidrocarburos a nivel nacional son 105». Si vemos que los declarantes del impuesto de renta en el año 2010 de ese sector son 4.868 (2.631 personas jurídicas y 2.217 naturales), eso significa que a cada funcionario de la DIAN le corresponde vigilar las declaraciones de 46 contribuyentes. El problema viene cuando miramos que estos 105 funcionarios no sólo se encargan de vigilar y controlar estos sectores, pues deben fiscalizar todos los sectores económicos del país que implican, según el impuesto de renta para 2009, 1.397.012 contribuyentes (1.099.865 personas naturales y 297.147 jurídicas). Conclusión: a cada auditor de la DIAN le corresponde vigilar 13.304 declaraciones de renta anuales.

Por otro lado, según el Ministerio de Minas y Energía, 16 personas controlan la producción de los 341 yacimientos petroleros que hay en el país, es decir, cada funcionario supervisa cada día la producción de 22 pozos que es la base para la imposición de las regalías. La conclusión es que el monto de las regalías depende casi exclusivamente de la información que suministran las empresas.

El Ministerio de Minas señala que la reciente creación de la Agencia Nacional Minera y los recursos que la Ley de regalías destina a la fiscalización —un 2% del total— van a mejorar la fiscalización estatal. Esa cantidad destinada a la fiscalización serían unos 170.000 millones de pesos anuales para lo que el Ministerio está adelantando un proceso de selección pública para la contratación con firmas externas de algunas actividades de apoyo a la fiscalización. Para el senador Robledo, «algunas de estas actividades se van a privatizar para montar un negocio con la fiscalización y esa función le corresponde al Estado, no puede renunciar al control del recaudo. ¿Por qué tiene que ganar el capital privado en cada cosa que hace el Estado?».

Hay que proteger la bonanza petrolera

Además de todo lo anterior, el Estado intenta garantizar la seguridad del negocio. El Plan Energético y Vial consta de once batallones de 800 a 1.000 efectivos del Ejército ubicados en ciudades intermedias en las cuales tienen presencia empresas de petróleo, carbón, oro y de generación eléctrica. Con cifras de 2005, el mayor del Ejército Nacional José Obdulio Espejo Muñozsostiene que el dinamismo económico «ocurre en el sector petrolero gracias a la activación de los 11 batallones del Plan Especial Energético y Vial que prestan seguridad física a un sistema de 4.465 kilómetros de redes principales de oleoductos y 3.980 kilómetros de poliductos del país».

Según la revista Semana, en junio de 2011 «el 11% de los efectivos del Ejército y la Armada —cerca de 30.000 hombres— están dedicados hoy a cuidar pozos, oleoductos y prospecciones mineras». Pero ahora en noviembre, el nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que cerca del 30% del Ejército —unos 80.000 soldados— cuida la infraestructura petrolera motivado, entre otras cosas, por las protestas laborales en Puerto Gaitán y Barrancabermeja.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Pequeños mineros paran las obras de la hidroeléctrica Pescadero-Ituango por la falta de agua para sus familias



La Asociación de Pequeños Mineros Afectados por el Proyecto Hidroituango (ASOMITUANGO) paraliza desde hace 15 días las obras del proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango en el municipio de Briceño (Antioquia). Los mineros asentados en las playas conocidas como Icura afirman que están cansados de los atropellos cometidos una y otra vez por las firmas contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y decidieron el 6 de noviembre no permitir la continuidad en la construcción de la vía que conducirá de Medellín a Ituango a la altura del kilómetro 4,9.

ASOMITUANGO señala que durante la construcción de esta vía han visto vulnerado el derecho al agua, a un medio ambiente sano y a la seguridad de las personas que trabajan en la parte baja de las obras viales. También informan que mediante actas el consorcio Pescadero I, empresa que construye la obra, se ha comprometido en diferentes ocasiones a proteger las aguas que atraviesan la zona además de establecer las medidas necesarias para que los deslizamientos producidos no afecten a las personas que se encuentran en la parte baja. ASOMITUANGO denuncia que esto no se ha cumplido: «La obra no sólo ha contaminado, convirtiendo en lodo el agua para consumo humano, sino que ha secado quebradas; y en otras los trabajadores arrojan basuras, orinan y se bañan en las quebradas sin importar que sea esta agua la que abastece a una comunidad».

ASOMITUANGO declara que a pesar del miedo por la agudeza del conflicto armado en la zona y las amenazas de miembros de la empresa VISE, encargada de la vigilancia del proyecto, la comunidad minera está decidida a permanecer en el área hasta que EPM directamente, no sus contratistas, den solución a las problemáticas.

Mesa de Articulación por la Defensa del Territorio

El 10 de noviembre de 2011 personas, colectivos y comunidades de la zona conformaron en Ituango la Mesa de Articulación Social por la Defensa del Territorio con la finalidad de visibilizar lo que está sucediendo en la región y de abrir las posibilidades de diálogo con diferentes actores estatales y privados. Este espacio asume la vocería de las comunidades impactadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico y denuncia que las afectaciones principales en la zona son la agudización del conflicto armado; la pérdida de la vocación agropecuaria y la tierra; la transformación del paisaje natural; la pérdida de caminos y puentes que mantenían las vías de comunicación y comercialización entre las comunidades nativas, el decrecimiento de las economías locales, la pérdida de empleos rurales y urbanos; aumento de la prostitución, drogadicción y alcoholismo; aumento de las madres solteras y los embarazos no deseados; aumento de enfermedades de transmisión sexual; aumento de la violencia y discriminación contra las mujeres.

lunes, 21 de noviembre de 2011

La locomotora minera en Colombia




Joan Martínez Alier es un catalán historiador, investigador y catedrático en economía ambiental, visitó nuestro país en el marco de una gira que él programó por América Latina con el ánimo de recoger información para sus investigaciones y para visibilidad a los gobiernos locales y a las comunidades de las graves consecuencias que deja la explotación de tierra para obtener minerales.

La explotación de oro a cielo abierto con cianuro, el desmedido incremento de terrenos de las mineras de carbón, el "boom" de las compañías multinacionales que hacen presencia en Colombia gracias a las comodidades que el gobierno les ofrece, son parte de los trascendentales anuncios que se revelan en esta entrega de Contravía.

El 35% del territorio Colombiano está en la mira de la explotación, ya sea para metales, hidrocarburos o carbón; esto pone en riesgo la vida de miles de especies animales y vegetales y la generación de agua en los páramos, puesto que una empresa como EcoOro podría explotar el oro en el páramo de Santurbán en Santander afectando de manera DIRECTA el 60% de la zona "protegida"

Aunar esfuerzos ante la expansión de la palma africana


Giorgio Trucchi

En los últimos años, en América Latina se ha venido dando una expansión de los monocultivos forestales a grande escala, entre ellos el de palma africana. A medida que avanzan las plantaciones de palma, se multiplican los impactos ambientales, sociales y laborales.

En el marco de la XIV Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA, Sirel conversó con Lizzie Díaz, integrante de la Secretaría Internacional del Movimiento Mundial Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en inglés).

-¿Qué está ocurriendo en América Latina con el monocultivo de palma africana?

- El problema principal es el modelo que se está implementando. Un modelo explotador que deforesta bosques, acapara tierra, desplaza comunidades, afecta la seguridad alimentaria de los países y genera conflictos sociales y violaciones a los derechos humanos.

Además, desgasta la tierra, contamina el ambiente por el uso intensivo de agrotóxicos y genera empleo precario, tercerizado y explotado. Cuando los trabajadores tratan de sindicalizarse, la represión y las artimañas para dividirlos son inmediatas.

Al final, el beneficio sigue siendo solo para las empresas y a los trabajadores queda la explotación y la violación de sus derechos laborales y sindicales. La palma nunca va a ser sustentable.

-¿Quiénes impulsan el monocultivo de palma?

- Son grandes empresas transnacionales o élites y grupos económicos locales, que gozan del respaldo absoluto de parte de los cuerpos represivos del Estado.

Esta situación da lugar a preocupantes procesos de militarización y a reiteradas formas de violación a los derechos humanos de las poblaciones de la zona, como es el caso del Bajo Aguán en Honduras, de Puerto Wilches en Colombia o en países de África y Asia.

-También se está usando el tema del cambio climático para justificar la falsa necesidad de este tipo de plantaciones…

- No deja de ser un maquillaje verde, En vez de atacar realmente la crisis climática, disminuir las emisiones y el consumo del parque automotriz, lo que hacen es mantener el nivel de emisiones en los países del Norte.

Se utiliza como una justificación para que las industrias del Norte puedan seguir contaminando y que sea el Sur que resuelva sus problemas mediante los monocultivos. Es absurdo y se trata del mismo modelo global, y si no lo atacamos a fondo no vamos a poder solventar la crisis que es climática, ambiental, alimentaria y social.

-¿Cuál es la importancia de abordar estos temas en el marco de la Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA?

- La UITA y WRM vienen trabajando en conjunto desde hace muchos años, hasta hemos firmado un acuerdo de colaboración. Estas actividades fortalecen la lucha de cada organización, promueven y refuerzan los vínculos, así como generan nuevos contactos y sirven para estrechar lazos entre organizaciones ambientales, sociales y sindicales para que podamos enfrentar juntos a este modelo depredador.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Pequeños mineros amenazan con ir a paro nacional en diciembre

El presidente de la Confederación Nacional de Mineros, Ramiro Restrepo, dijo que si el Gobierno insiste en destruir la maquinaria de extracción artesanal, más de 250.000 mineros cesarán actividades desde el primero de diciembre.
El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, respondió que en la mayoría de los casos se trata, no de minería artesanal, sino de extracción ilegal que debe ser combatida para evitar que financie grupos al margen de la ley. 
"Cuando uno mira esas operaciones, difícilmente pueden catalogarse como minería tradicional, porque por lo general es mecanizada, con equipos que cuestan miles de millones de pesos", dijo Cárdenas.
El alto funcionario señaló que es justamente la minería ilegal la que origina serios daños ambientales en ciertas zonas del país, lo que no puede atribuirse a la actividad desarrollada de manera tradicional. 

"No podemos pensar en que vamos a cambiar nuestras políticas porque se presenten paros o movilizaciones, cuando haya minería ilegal la orden es utilizar la fuerza del Estado", advirtió Mauricio Cárdenas. 

Gran parte de los casos de extracción ilícita corresponde a empresas con la capacidad financiera de legalizar su actividad, recalcó el ministro de Minas. 

"Vamos a destruir la maquinaria que esté trabajando muy cerca de zonas terroristas, en donde la explotación, en especial de oro, está financiando grupos al margen de la ley", agregó. 

La minería tradicional es conocida como aquella que viene de muchos años atrás y paga regalías, pero por algún motivo se lleva a cabo sin título minero, mientras que la ilegal es considerada como la financiadora de organizaciones criminales. 

El Gobierno Nacional ha identificado esta clase de minería en el sur de Bolívar, Serranía de San Lucas, Bajo Cauca antioqueño, las riberas del Río Nechí y Chocó, principalmente. 

También, se ha comprobado la penetración de grupos guerrilleros en zonas como Vaupés y Guainía, en donde hay gran potencial minero, en especial de coltán.


miércoles, 16 de noviembre de 2011

Colombia es rural

Este país es distinto del que las elites se imaginan. Colombia sigue anclada en la ruralidad, y mientras no resuelva la crisis del campo no será posible la modernidad. Un informe lleno de revelaciones y propuestas sensatas, que urgen a que haya más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.
                                                                                                                                      Absalón Machado
Director Académico 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 
‘Colombia rural, razones para la esperanza’ 


Error histórico

La publicación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011‘Colombia rural, razones para la esperanza’ responde al imperativo ético de recordar en todos los tonos, tiempos y lugares que el orden social rural es fruto de una construcción colectiva –aunque con responsabilidades diferenciadas– y que, por tanto, es susceptible de ser transformado.

El Informe traza la ruta de una reforma rural transformadora que ayude a deshacer las consecuencias del error de haber creído que Colombia podía modernizarse prescindiendo del sector rural y de sus pobladores, especialmente de los más vulnerados: el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y las mujeres rurales, éstas últimas víctimas de una triple discriminación –por ser mujeres, por vivir en el campo y porque llevan las peores cargas del conflicto armado–.

De espaldas al campo

Hacia 1970, cuando apenas empezaba a producirse el final de la violencia partidista de mediados de siglo, el conflicto agrario seguía sin resolverse: la tierra estaba concentrada en pocas manos y persistía un poder político construido sobre un orden inequitativo, excluyente y poco abierto a la democracia.  

El terreno estaba abonado para la irrupción de un nuevo ciclo de violencia: un intento de reforma agraria durante la década de 1960 fue bloqueado, se desvaneció la irrupción vigorosa del movimiento campesino, se instalaron el narcotráfico y los actores armados, se debilitó la institucionalidad para el sector rural; las economías campesinas y el desarrollo rural quedaron sujetos a las leyes del mercado.

En ese interregno, fabricamos un coctel explosivo:
La insurgencia armada echó raíces, desconectada del campesinado.
La reforma agraria fue sustituida por una política de subsidios para facilitar a los medianos propietarios el acceso a un mercado imperfecto de tierras.
Se instaló y prosperó la economía ilegal de las drogas, y arrastró consigo las peores expresiones de criminalidad.
Guerrillas, paramilitares, carteles de la droga y bandas criminales de todo tipo se ensañaron contra la población civil y las comunidades rurales.
Se hizo el tránsito violento desde la lucha por la tierra hacia la lucha por el control del territorio.

El Estado también puso su cuota en este proceso de desinstitucionalización y de abandono:
Se desestimaron el Plan Nacional de Rehabilitación y los Programas de Desarrollo Rural, porque se introdujo un paradigma productivista compatible con la apertura económica y los tratados de libre comercio.
Fue notable, también, el proceso de debilitamiento institucional del sector –por lo demás diseñado para responder a una visión signada por lo agropecuario y si acaso obsesionado por lo productivo–.
La globalización cambió, pero la institucionalidad no tomó nota, y lo poco de ella que fue quedando se especializó en subsidios sectoriales para el empresariado agropecuario (en detrimento de las economías campesinas tradicionales), relegando a un segundo plano la provisión de bienes públicos, especialmente para los más excluidos y vulnerados.

Más rurales de lo que creíamos

Aunque en las últimas cuatro décadas en Colombia se consolidaron grandes centros urbanos, ¡el país es hoy más rural de lo que creíamos!

La imagen de país urbano fue reforzada por la apuesta urbanizadora como ruta hacia el desarrollo, que se adoptó desde los años 50. Aunque hoy vive más gente en los centros urbanos que hace medio siglo, la tercera parte de la población y la mayoría del territorio físico de Colombia están bajo condiciones de ruralidad: somos una sociedad predominantemente rural.

Una herramienta estadística novedosa, construida a partir de una metodología del Banco Mundial, compueba ese hallazgo: se trata delÍndice de Ruralidad (IR) que permite medir qué tan rural o urbano es cada municipio. La unidad de medida no es el tamaño de la aglomeración (el número de habitantes), sino el municipio.

Según este IR:
el 75,5 por ciento de los municipios colombianos son rurales,
en ellos vive el 31,6 por ciento de la población (no el 25 por ciento, como se dijo en el Censo de 2005)
representan el 94,4 por ciento del territorio.

El campo es más vulnerable

Otra herramienta estadística, también construida por primera vez, elÍndice de Vulnerabilidad (IV), desagregado por municipio, confirma que el mundo rural, en general, es más vulnerable que el urbano. Para construir el IV se tuvieron en cuenta seis dimensiones:

Violencia: homicidios, asesinatos políticos y masacres;
Capacidad económica (ingresos del municipio y concentración de la propiedad);
Capacidad institucional (desempeño fiscal y capacidad administrativa);
Capital humano (analfabetismo, población en edad de trabajar, población económicamente activa);
Índice de Vulnerabilidad Ambiental, construido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Colombia.
Demografía (hogares con jefatura femenina, con niños menores de cinco años y con adultos mayores de 65 años).El uso de los Índices de Ruralidad y Vulnerabiidad de este Informe es muy promisorio porque:


-Permitirá evaluar si cada municipio retrocede, se estanca o avanza en la mitigación de esas seis dimensiones de vulnerabilidad, o de otras, cuando haya información disponible;

-Ayudará a fijar prioridades en la provisión de bienes públicos;

-Contribuirá a reorientar los enfoques de los planes de desarrollo con una perspectiva más local, regional y territorial,

-Se convertirá en un nuevo referente o línea de base con datos confiables, pertinentes y desagregados para tomar decisiones sobre la reforma rural transformadora que necesita Colombia, y

-Contribuirá a un mejor diseño y evaluación de políticas diferenciadas desde el nivel nacional, pues estos índices servirán como criterios de planeación y de gestión departamental y municipal.

Las hegemonías hicieron daño

En una indagación preliminar sobre 607 municipios –que abre campos insospechados a la investigación y al debate político– el Equipo del Informe auscultó la relación entre hegemonía o alternancia electoral, los niveles de bienestar y el grado de ruralidad del municipio. 

La conclusión general es que en los municipios con más alta persistenciapolítica – entendida como el grado de control de las elecciones por parte de un movimiento o partido– hay más necesidades básicas insatisfechas, más miseria y más precariedad en los servicios.

Crisis estructural

El INDH 2011 analiza qué tan democrática ha sido la sociedad rural en el contexto del conflico armado (abandono y despojo de tierras y deplazamiento forzado), la concentración de la propiedad, los conflictos por uso y tenencia del suelo y del subsuelo y la persistencia histórica de grupos o élites políticas regionales.

Ese análisis no puede ignorar que la ruralidad se conformó en un contexto de expansión y degradación de dos fenómenos centrales en la historia reciente del país: el narcotráfico y el conflicto.

La nueva ruralidad se vio afectada por: - la penetración de criminalidad organizada; - el desplazamiento forzado y el despojo de tierras; - la lucha por el control de territorios entre actores armados y el Estado.

Por eso la reforma rural transformadora debe contribuir a deshacer unacrisis estructural permanente que resulta de varios procesos de por sí muy complejos, como sugiere la gráfica siguiente:

Tres conflictos distintos

Esa crisis estructural explica, en buena medida, la pobreza rural y la incapacidad del Estado y del mercado para superar el conflicto rural, que no es lo mismo que conflicto armado ni conflicto agrario (conflictos por la tierra), aunque los tres se relacionan y retroalimentan, como sigue: 

PRIORIDADES DE LA REFORMA RURAL

La distinción amerita una pausa y cierto detalle porque ella lleva a diferenciar problemas relacionados, pero distintos, que requieren soluciones diferentes aunque complementarias.

CONFLICTO RURAL (agrario + armado)



Conflicto rural


El Informe habla de un conflicto rural no resuelto, porque el proceso de modernización quedó trunco, no se desconcentró la tenencia de la tierra, sobrevivió el orden social jerárquico y no se democratizó el acceso al poder político. 

El conflicto rural es complejo porque al problema de la tenencia de la tierra se sumó la disputa de actores armados no estatales por el control del territorio y de todo lo que éste implica (población, recursos legales e ilegales, identidades, soberanía e instituciones).

El conflicto rural involucra el conflicto agrario y el conflicto armado interno. Pero aunque ambos tienen como escenario el mundo rural, se diferencian por sus objetivos, sus protagonistas, el papel estratégico de la tierra en uno y otro, y las prácticas a las que apelan los actores.

El conflicto agrario y el armado se relacionan a través de sus efectos: el desplazamiento de la población y el despojo de tierras. Porque la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y por ello es objeto de despojo por vías de hecho, o mediante el uso indebido de instrumentos jurídicos. Y la población es el objetivo del control y, por ello, susceptible de ser desplazada o confinada.

Conflicto agrario y conflicto armado

El conflicto agrario tiene dos expresiones:
una es la deuda social y política del Estado y la sociedad colombiana con el sector rural;
otra son los diferentes conflictos por la tierra:- entre campesinos y terratenientes, - la lucha indígena por la recuperación y reconocimiento de sus resguardos, - la de las comunidades afrocolombianas por la titulación de territorios colectivos, - el enfrentamiento más reciente entre despojadores y despojados; - los conflictos que empiezan a surgir por la presión de poderosos inversionistas que buscan tierra para proyectos de grandes dimensiones

Por su parte en el conflicto armado están involucradas las estrategias de la guerra y la dinámica del narcotráfico, que ha obrado como combustible en la expansión y degradación del conflicto.

Agenda para un cambio necesario

La reforma rural transformadora (RRT) es una apuesta política con más Estado en lo rural, procesos participativos y construcción de acuerdos con los actores sociales, económicos y políticos.

Está orientada a combatir la pobreza y superar el conflicto rural, dos problemas estructurales que requieren más equidad en el modelo de desarrollo y la inclusión de todos los habitantes del campo en los proyectos nacionales. La reforma debe contribuir a superar la crisis recurrente y afincada en un orden social rural injusto y altamente conflictivo. 

La RRT debe además aprovecharse para

-Ordenar el desarrollo territorial, hacer más eficiente el uso de los recursos y la ubicación de las poblaciones,

-Mejorar el desempeño económico de la agricultura, la ganadería y las actividades forestales;

-Atenuar los riesgos que acarrean el mal uso de los recursos naturales y el cambio climático;

-Gestionar los conflictos que induce la minería y su choque con la agricultura y el medio ambiente,

-Reducir las actividades ilegales y los conflictos por la tierra;

-Fortalecer la institucionalidad pública, reconstruir el capital social e introducir más democracia en los campos colombianos.

Y no menos importante: la reforma debe modificar la estructura de tenencia de la tierra y desactivar los factores que ayudan a mantenerla. Esa estructura es fuente de conflictos, de ineficiencia productiva, de baja competitividad, vulnera la democracia, no ha facilitado el desarrollo de una clase media rural ni la consolidación de una sólida institucionalidad.

Sin resolver primero el conflicto agrario, no hay modernización

Es indudable que una atención de calidad a estos problemas rurales críticos exige más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.

Ambos elementos deben combinarse adecuadamente en los territorios para orientar las acciones públicas y privadas.

El papel regulador e interventor del Estado se calibra en función de las virtudes y limitaciones del mercado, del Estado social de derecho y de la democracia, y de cuánto realmente puede aportar cada uno de ellos al desarrollo humano.

Para atender esos problemas, el Informe sugiere concentrar acciones en cuatro grandes ámbitos:
seguridad humana,
desarrollo institucional,
desarrollo rural,
política integral de tierras.La intervención en estos ámbitos debe concebirse como una red articulada de decisiones para transformar la situación actual.

Los esfuerzos de Colombia para avanzar en su modernización se han visto frustrados por la no resolución del problema agrario. Viejas y nuevas generaciones han cargado con esta pesada carga. Este Informe de Desarrollo Humano no deja dudas sobre un hecho básico: ¡Colombia país no se puede modernizar sin resolver el problema agrario!



martes, 15 de noviembre de 2011

Las Minas que más Matan no son las Quiebrapatas



A propósito de la locomotora de la minería y el eslogan 
“Colombia, país minero 2019”.



Si bien Marmato, La Colosa y Santurbán son los casos más sonados de megaminería socio-ecocida, la realidad es que Colombia está llena de minas asesinas, y no precisamente quiebrapatas.

Se calcula que existen 8´600.000 de hectáreas en concesión para explotación de oro, cobre, molibdeno y mármoles, principalmente, frente a 47´000.000 de Ha de Parques Nacionales; el 25% del área en concesión se encuentra dentro de resguardos indígenas y reservas de flora y fauna. Así mismo, después del gobierno criminalmente corrupto y genocida de Álvaro Uribe, el 40% del territorio continental nacional está solicitado en concesión para explotación minera.

El siguiente es parte del historial de despojo y muerte por cuenta de las transnacionales mineras en Colombia, quienes con decidido apoyo del estado en conjunto con las fuerzas militares y paramilitares, se encargan de allanar el terreno para establecer sus campamentos y minas de explotación a gran escala. Las siguientes son algunas notas testimoniales extraídas del Encuentro Acción Colectiva y Megaproyectos Mineros, realizado el 18 y 19 de Mayo de 2011 en la Universidad Javeriana, con la participación de habitantes de las comunidades afectadas, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos interesados en el tema.


Comunidad de Tabaco, municipio Hato Nuevo; Guajira. Rogelio Escate, líder social desplazado y amenazado. Palabras Clave: El Cerrejón, BHP Billiton, Anglo American, Xstrata, Pueblo de Tabaco, estado asesino, vigilancia privada, ejército, amenazas, asesinato de líderes, Río Ranchería en peligro.

-Tabaco era un pueblo de origen cimarrón muy tranquilo y próspero, donde aún existía el trueque y la gente vivía de la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza; su pecado era ser vecino de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y una de las más grandes del mundo.
-El Cerrejón es una empresa conjunta, de gestión independiente, perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, que contempla mina, ferrocarril y puerto; este conglomerado que se jacta de su supuesto compromiso social y ecológico, entró a la región desde hace 15 años de manera violenta y rápida con la activa participación del estado colombiano.
-La operación de destrucción de Tabaco empezó por arruinar e inundar con lagunas artificiales varios caminos de salida del territorio hacia otros asentamientos humanos vecinos, entre los que se encuentra el camino real que comunicaba a Tabaco con una vía regional importante hacia un cruce de caminos de importancia cultural y comercial; se llevó a cabo el traslado de los docentes de los colegios a otros lugares del país; se desmanteló el centro de salud; se cerraron las oficinas de Telecom y se retiraron las líneas telefónicas; la iglesia del poblado, que había sido construida por la gente, fue vendida por el párroco y en breve fue demolida; el ICBF, quien nunca había ido al lugar, visitó los hogares bajo la amenaza de quitarle los hijos a sus madres dadas las difíciles condiciones de vida (propiciadas por el mismo estado colombiano).
-A los que quedaron en el poblado, les compraron sus tierras con engaños a precios irrisorios y bajo amenaza; se instalaron retenes móviles por la región a cargo de empresas de vigilancia privada y el ejército; se completó el ciclo con el asesinato y la desaparición de varios líderes comunitarios.
-Poblaciones como Chancleta, Patilla, Espinal, El Descanso, Barrancas, Provincial, Oreganal y otras, podrían correr la misma suerte de Tabaco, pues se encuentran en actual amenaza por la rápida expansión de la mina, dentro de lo cual se tiene proyectado desviar 6 Km. del Río Ranchería para facilitar la explotación.


Cuenca del Río Tunjuelo; Sur de Bogotá. Jaime Herrón, arquitecto, miembro de Asamblea Sur. Palabras clave: Argos, Holcim, Cemex, Fundación San Antonio, falsos positivos, Ciudad Bolívar, Soacha, Villa Cindy, inundaciones.

-En el territorio, específicamente entre la Av. Caracas y la Boyacá y la calle 59 sur y la 70 sur, existe minería de cantera, junto a lo cual se proyecta el traslado del Cantón Sur de artillería y así favorecer con licencia de explotación minera a Cemex y Holcim con el apoyo de la Fundación San Antonio, propiedad de la arquidiócesis de Bogotá.
-En la zona aledaña y afectada habitan casi 1 millón de bogotanos, y los efectos adversos en materia social se han extendido, y llegan a recaer con especial gravedad y sospecha en la Comuna 4 de Soacha y los barrios Caracolí, Potosí y otros, de Ciudad Bolívar, donde desde hace dos años se han realizado asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de líderessociales y jóvenes humildes con pocas alternativas de vida.
-Los Barrios México y Meissen, antes legales, se han ilegalizado con el fin de permitir su destrucción para la expansión del proyecto minero transnacional en la veta de cantera más rica y codiciada de Colombia, y quizá de Sur América. Fruto de la expansión minera, se arrasa al barrio Villa Cindy, antes, hacienda de recreo de los presidentes, y por acciones judiciales conjuntas se logra indemnizar a los antiguos habitantes, muy al pesar de las transnacionales y sus intereses.
-Las transnacionales acuden a la jugarreta de la Responsabilidad Social Empresarial aportando materiales de construcción para obras de ingeniería hidráulica y de infraestructura totalmente inútiles, toda vez que este territorio ha sido uno de los más afectados por las inundaciones, no sólo ahora, sino desde hace muchos años.


Carmen del Darién, Mandé Norte, Bajo Atrato; Chocó. Argemiro Bailarín, miembro de la comunidad Embera. Palabras clave: Muriel Minning Corporation, Rio Tinto, apoyo del ejército, bombardeos, cooptación y sobornos, amenaza a estrella hidrográfica.

-En 1970 se inicia la incursión de las transnacionales mineras a la región. Desde 2008 entra la Muriel Minning Corporation con el respaldo del ejército colombiano mediante intimidación a los pobladores y retenes militares, simultáneamente, la transnacional coopta líderes comunitarios en Antioquia y Chocó, así como ofrece incentivos económicos que van de los 5 a los 50 millones de pesos a funcionarios de bajo, medio y alto perfil de estos departamentos.
-Esta transnacional, filial de Rio Tinto, inicia trabajos de exploración sin consulta previa a las comunidades indígenas, teniendo una proyección de 16.000 hectáreas para explotación a cielo abierto durante 60 años para extraer principalmente oro, cobre y Molibdeno; la empresa operaba con licencia del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Etnias.
-Al ver vulnerado su territorio la comunidad acude a las vías de hecho y como consecuencia la población es duramente reprimida por el ejército, al extremo de acudir a bombardeos; a ello se suma una fuerte campaña de descrédito de líderes sociales y criminalización de la protesta.
-Aunque en 2010 la Corte Constitucional ordenó la salida de la transnacional, ésta aun se encuentra en proceso de retiro de la región. La zona amenazada es reserva indígena, reserva ambiental y estrella hidrográfica.


Marmato; Caldas. Martín Ortiz, habitante local y líder social. Palabras Clave: Oro, Medoro Resources, minería tradicional vs. megaminería, sobornos, resistencia ciudadana.

-El municipio cuenta con siglos de tradición en minería de oro, incialmente desarrollada por los pobladores indígenas, quienes se vieron desplazados por la llegada de las minas españolas en la conquista y la colonia, tras lo cual, la actividad fue asumida por comunidades negras, quienes aun hoy día, forman parte importante de los mineros artesanales de la zona, junto a campesinos y colonos atraídos por la actividad.
-En el 2006 incursiona la transnacional Medoro Resources a comprar las minas tradicionales existentes, chantajeando y sobornando a funcionarios, entre los que se encuentran el alcalde municipal y el gobernador de Caldas.
-A ello hay que agregarle la disculpa que ha inventado el gobierno respecto al peligro que corren los pobladores por la ubicación supuestamente riesgosa del casco urbano tradicional del Marmato, quien ha ordenado la evacuación total del casco urbano, con el fin de facilitar las labores de explotación de la Medoro; actualmente, se han trasladado las oficinas de instituciones públicas a un sector aledaño donde no hay vestigios de oro, y la población ha efectuado varias actividades de resistencia a la ocupación de su territorio por parte de la empresa minera.


Caldono; Cauca. Palabras clave: Minería ilegal, resistencia pacífica, farc, Río Mondomo, La Salvajina, Anglo Gold Ashanti.

-Ha sido el primer municipio de Colombia en rechazar y expulsar a las farc mediante la acción colectiva y la resistencia pacífica.
-En la actualidad se proyecta el desvío del Río Mondomo para surtir a la represa La Salvajina y así mismo, facilitar la entrada a las zonas de explotación minera.
-La Anlgo Gold Ashanti subcontrata a grandes y medianos mineros ilegales, ya que la zona es de muy difícil acceso y control, estos mineros generalmente provienen de Antioquia y llegan con cuadrillas de trabajadores tanto locales como de Buenaventura, principalmente.
-En los campamentos mineros se instalan ventas de bebidas alcohólicas y centros de prostitución controlados por los mismos mineros ilegales con apoyo de las farc, ocasionando que los trabajadores gasten allí su dinero y prácticamente no regresen a sus casas.


La Colosa, Cajamarca; Tolima. Evelio Campos, miembro de la Asociación Ecotierra. Palabras clave: Anglo Gold Ashanti, sobornos millonarios, acción ciudadana.

-En el 2000 se da el ingreso a la zona de la transnacional Anglo Gold Ashanti, mediante la cooptación de la población y los líderes sociales, corrupción de autoridades locales por medio de chantajes, sobornos y amenazas.
-Según información infiltrada de la empresa, ésta gasta un promedio de 1.000 millones de pesos diarios en compra de tierras y sobornos, dentro de los cuales se incluye el sínico patrocinio a eventos culturales y deportivos locales, así como a obras de infraestructura y dotación de colegios.
-En la actualidad el 90% del municipio se encuentra en concesión, incluyendo dos cascos urbanos; el proyecto minero se encuentra detenido, mas no suspendido, en su fase de exploración gracias a la acción ciudadana.


Norte del Cauca. Ernesto Cunde, miembro del pueblo Nasa y consejero del CRIC. Palabras clave: Hiliski, Kosigo, Anglo Gold Ashanti, testaferros, amenazas.

-La intervención reciente de las transnacionales data desde 1991 con las empresas Hiliski, Kosigo Rissour y Anglo Gold Ashanti, esta última, con una participación mayoritaria en las exploraciones mineras de la región, quien usa a los residentes y líderes locales cooptados como testaferros para adquirir tierras.
-Actualmente, y luego de muchos esfuerzos, muertes, desplazamiento armado por parte del ejército y los paramilitares, la comunidad ha expulsado a las empresas transnacionales de la región, aunque hay muchos líderes amenazados.


Corregimiento La Toma, Suárez; Cauca. Erley Ibarra, miembro de las comunidades negras de la zona. Palabras clave: Anglo Gold Ashanti, "¡muchas mentiras!", sin consulta previa.

-La Anglo Gold Ashanti, con el fin de entrar al territorio convenciendo a la población, lleva a las audiencias testimonios pagados de los supuestos beneficios de la explotación minera en otras zonas del país.
-Inicialmente, la empresa le había dicho al Ministerio de Ambiente que en la zona no existían indígenas ni afros y por lo tanto no se requería de consulta previa a las comunidades, obviamente, faltando a la realidad; por ello, la población interpuso una acción de tutela que resultó a su favor, con el fin de realizar la consulta previa. Actualmente, aunque la licencia sigue vigente y se han realizado trabajos de exploración, la explotación está pendiente.